Cae una trama criminal de ‘sextorsión’ que estafó a más de 500 usuarios de páginas de sexo pagado desde València

La Policía Nacional ha detenido a 40 personas de dos entramados criminales, uno de ellos dedicado a la ‘sextorsión’ y otro a la trata de personas con fines de explotación sexual, radicadas en València y Fuerteventura. Los ciberestafadores recaudaron más de 500.000 euros, con anuncios falsos en diferentes páginas webs de contactos sexuales, que las 500 víctimas estimadas de la trama pagaron por miedo a las amenazas de agresión física que les enviaban a través de supuestos sicarios.

Se han realizado un total de nueve registros. Entre la provincia valenciana y el municipio canario se incautó: tres plantaciones de marihuana indoor, once gallos de peleas, dos armas de fuego y 3.600 euros. Tras el arresto, tres mujeres fueron liberadas de la red de trata y las autoridades judiciales decretaron el ingreso en prisión de siete de ellos. Más de 500 personas han sufrido las consecuencias de la estafa sexual sometidas por miedo y vergüenza a represalias.

La estafa del sicario

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón, se inició en mayo del año 2025 a través de una denuncia de un vecino que tras solicitar servicios sexuales a través de internet recibió una llamada de una persona que se hacía pasar por encargado del club de las mujeres anunciadas. Durante la misma, el supuesto jefe le reprochó haberles hecho perder el tiempo y le exigió el abono inmediato de un importe aproximado de 5.000 euros, por las molestias y la deuda generada a través de un discurso coercitivo y amenazante. 

Su sede en València

Avanzadas las pesquisas, comprobaron que había 80 denuncias con un patrón similar por todo el territorio nacional. Tras varias averiguaciones, se pudo ubicar el núcleo operativo de la organización en la zona de València, desde donde gestionaban la captación, comunicación intimidatoria y canalización de los abundantes beneficios obtenidos. 

El modus operandi de esta organización consistía en publicar masivamente anuncios falsos de mujeres en páginas webs de citas y una vez que contactaban con los teléfonos asociados, iniciaban la estafa. Les hacían creer a los perjudicados que habían contraído una deuda con el prostíbulo o con las personas encargadas de la seguridad por no acudir a la cita o haber faltado el respeto a las empleadas. 

Jugaban con el componente de la vergüenza y el temor a que el círculo cercano de las clientes supieran que consumían servicios sexuales, siendo una herramienta de la red para presionarles a que abonaran grandes cantidades de dinero.

Conexiones con Fuerteventura

Este entramado estaba vinculado con una pareja asentada en Fuerteventura que explotaba sexualmente a mujeres captadas mediante falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales y portales de contactos. 

Las víctimas eran trasladadas desde la península y otras islas, siendo sometidas a condiciones abusivas, control permanente, restricción de movimientos y dependencia total de los explotadores. Los investigadores pudieron acreditar la existencia de un sistema de explotación estructurado, con rotación constante de mujeres en situación administrativa irregular y beneficios económicos elevados.

Los investigadores descubrieron que tenían un acuerdo que consistía en suministrar información de sus clientes para su posterior extorsión. Así pudieron constatar que el grupo asentado en la isla canaria facilitaba a la otra red datos de los usuarios de los servicios sexuales a cambio de 50 euros por cada uno de ellos. 

Métodos de blanqueo

En la cúspide de la organización se situaban los principales responsables que dirigían, administraban y distribuían el dinero, publicaban y renovaban los anuncios y ejecutaban las amenazas y comunicaciones extorsivas. En el siguiente nivel actuaban los captadores de las mulas, encargados de reclutarlas, dirigirlas y gestionar las comisiones que se debían enviar a las mulas por cada apertura de cuenta o línea.

Finalmente, en la base de la red, se encontraban las mulas que aportaban su documentación para la apertura de líneas telefónicas a su nombre y de cuentas bancarias, recibiendo estas los pagos de las víctimas. La organización tenía un alto nivel de desarrollo y capacidad operativa, obteniendo importantes beneficios económicos por estos hechos que blanqueaban en otras actividades criminales como el tráfico de drogas y las peleas ilegales de gallos. 

Los principales miembros adoptaban medidas de autoprotección para dificultar su identidad y localización en entornos de difícil acceso, utilizando intermediarios, rotación de líneas y múltiples cuentas de pago.

El piso-prostíbulo

Durante la fase de explotación en València se realizaron ocho registros domiciliarios donde se localizaron e intervinieron tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de peleas, dos armas cortas de fuego y 1.700 euros en efectivo. Finalmente, se detuvieron 38 personas, decretando la autoridad judicial que cinco ingresaran en prisión provisional. Los delitos que se les imputa a los presuntos autores son extorsión, organización criminal, blanqueo de capitales, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y maltrato animal. 

Por otro lado, se llevó a cabo un registro en un piso-prostíbulo, donde se intervinieron cuatro terminales telefónicos utilizados para la publicidad y la comunicación con clientes, 1.600 euros y documentación acreditativa de los hechos. Fueron detenidas dos personas, ingresando ambas en prisión provisional por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución y favorecimiento de la inmigración irregular. Además, tres víctimas de trata de seres humanos fueron liberadas.