El juez deja fuera de la investigación al notario detenido por participar en el expolio inmobiliario de una anciana con alzhéimer

El notario de València detenido en febrero pasado por la Policía Nacional por su presunta implicación en una trama en la que una anciana de 80 años y con alzhéimer avanzado fue despojada de sus propiedades inmobiliarias y casi expulsada de su domicilio acaba de ser exonerado por el juez que instruye la causa, el titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València. El magistrado ha tomado la decisión de archivar para él la causa de manera provisional cuando la instrucción aún está a medias y faltan pruebas importantes, como, por ejemplo, el dictamen forense encargado por el propio juzgado y obviando la sucesión de evidencias detalladas en el atestado policial por los agentes de Policía Judicial de la comisaría de Russafa durante su investigación.

Tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, agentes de la Policía Nacional detuvieron en València al notario, a dos abogados y a otras dos personas más presuntamente implicadas en esa trama que habría tenido por objeto despojar a una mujer de 80 años y con alzhéimer de las tres propiedades que tenía a su nombre, una nave industrial, un bajo comercial y una vivienda, los dos últimos en el cotizadísimo barrio de Russafa, para revenderlos luego a un precio muy superior y lograr así un importante beneficio económico.

La presunta estafa, que los arrestados niegan, se habría producido entre 2022 y 2023, pero no salió a la luz hasta que los ahora investigados revirtieron el usufructo vitalicio de la mujer, que le permitía seguir viviendo en el piso que había sido, era y es su domicilio desde hacía décadas hasta su muerte, e iniciaron las gestiones para echarla de casa, ansiosos por revender un piso que ahora triplicaba, como mínimo, el precio al que se lo habían comprado. Fue entonces cuando los sobrinos descubrieron lo sucedido y denunciaron.

Desde el inicio, el juez del caso, titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, fijó medidas cautelares para cuatro de los cinco detenidos: los dos abogados, el supuesto testaferro y una de las cuidadoras. Les retiró el pasaporte y les prohibió salir de España. Sin embargo, al notario no le impuso ninguna medida, aunque el fiscal pedía para él lo mismo que para los demás, lo que ya anticipaba lo que acaba de suceder: el sobreseimiento provisional solo para el notario.

Los cinco, que han negado haber estafado a la mujer, fueron puestos a disposición del juez, instructor del caso desde hace semanas, en la tarde del 4 de febrero, acusados de los delitos de estafa agravada y falsedad documental, entre otros.

"No es notorio para un profano"

El auto por el que deja al margen al fedatario es una sucesión de excusaciones. A pesar de contar con la declaración del médico de la mujer, que confirmó que el alzhéimer en su caso estaba ya en grado 4, y de que ni siquiera ha recibido el informe pericial que el propio magistrado ha solicitado a los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de València. el juez asegura en su auto que "es conocido que la enfermedad de Alzheimer no es notoria para un profano al no ser constante, solo la puede diagnosticar un especialista médico, por lo que en tal sentido el dato inculpatorio de intervenir en una escritura notarial, autorizándola, donde puede estar viciado, anulado o con influencias externas, el consentimiento de la vendedora, es algo difícil de comprobar y de conocer".

Antes de eso, asevera que el notario solo hizo lo que se le exige a un notario, preguntarle a la mujer, y que no disponía de herramientas ni conocimientos para detectar la enfermedad, algo que choca con lo declarado por otros testigos, entre ellos las cuidadoras de la anciana, quien precisaba ayuda para casi todas las tareas del día a día, incluyendo la comida. Así, el magistrado se queda con que, en su declaración en el juzgado, el notario dijo "que guardó las debidas comprobaciones para descubrir la libre capacidad de la señora B. al expresarse dicha persona coherente y sin óbice alguno". Dicho de otro modo, el juez otorga más credibilidad a las afirmaciones del fedatario, que intervino en todas las ventas, que al resto de testimonios.

La indagación en el vecindario

En cuanto a cómo estuvieron a punto de echarla de casa, ejecutando la cláusula por la que perdía el usufructo vitalicio de su vivienda habitual si dejaba de vivir en la casa, el juez se da por satisfecho para dejar fuera de la investigación al notario basándose solo en su respuesta en el juzgado. Así, el instructor dice: "Al vender el usufructo de su único bien que le quedaba [la vivienda habitual], se aseguró el notario de ser ello consentido por la vendedora, estudió si se cumplían los requisitos y condiciones para extinguir el usufructo pactado, al no habitar el lugar objeto de venta, su piso c/ Matías Perelló, según informaciones que recibió el notario". Y remata: "Si bien el Sr. O. pudo actuar con mayor aseguramiento o comprobación, ello no es exigible en este caso, tanto en la vía civil o penal, ya que está exento de toda intencionalidad penal en este caso concrete [sic], tanto criminal o ilícita en su actuar profesional, antes relatado brevemente".

La Policía recogió en su atestado que, para probar que la mujer ya no vivía en ese piso, lo cual no era cierto, el notario acudió a la finca a finales de julio y se limitó a preguntar a dos vecinos, pero no a los otros seis. Después, dio fe y el comprador, uno de los investigados en la causa -en realidad, el que figura como comprador en todas las operaciones- fue a casa de la mujer a expulsarla.

Medio millón de beneficio

Los hechos comenzaron a gestarse en 2022, al parecer con la ayuda de la cuidadora de la mujer, gracias a la proximidad a la víctima y al conocimiento de que no tenía hijos, pero sí tres importantes propiedades. A partir de ese momento, habrían ideado convencerla, aprovechando las consecuencias de la enfermedad, que mermaban su capacidad cognitiva, para que les vendiese la nave, el bajo y hasta la vivienda, un amplio piso en una de las arterias principales del barrio de Russafa, a un precio muy inferior al de mercado.

El negocio ya les habría reportado a los detenidos, hasta ahora y a falta de la reventa del piso, cerca de medio millón de euros. Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los presuntos implicados en el fraude habrían desplegado toda una estrategia de acercamiento a la mujer, a la que fueron convenciendo poco a poco, aprovechándose supuestamente de su enfermedad, de que lo mejor que podía hacer era vender su patrimonio. Para ello, se ganaron su voluntad indicándole a quién debía venderlo y garantizándole que le conseguirían el mejor precio.

Según la investigación policial, habrían sido los dos abogados ahora detenidos los encargados de ultimar los detalles de las sucesivas ventas, la primera de las cuales se firmó en 2022 y la última, en diciembre de 2023. Todas las compraventas se habrían cerrado en la notaría del ahora exonerado, a quien se acusaba inicialmente de haber participado en la estafa a la mujer, ya que los precios por los que vendió eran anormalmente bajos y el estado mental de la vendedora no era el de una persona en pleno uso de sus facultades. Ahí es donde cobran importancia los citados argumentos del juez para dejar al margen solo al fedatario, un hombre muy conocido en las esferas jurídicas valencianas.

Multiplicaron el precio por ocho en 5 meses

La primera propiedad que adquirieron tras lograr que la mujer firmase en la notaría fue la nave industrial, que le compraron, a nombre de un testaferro -siempre el mismo-, por 115.000 euros. Sin embargo, su valor de mercado era más del doble, 280.000 euros en el momento de la transacción, por lo que hay una pérdida de 165.000 euros para su propietaria de la que esta no habría sido plenamente consciente precisamente por la influencia de la enfermedad.

A continuación, la convencieron para poner en venta el bajo comercial, ubicado en un barrio con una elevada tensión de precios como es el de Russafa. Consiguieron que la mujer accediese a vender a cambio de 40.000 euros, una cifra irrisoria en esa zona de la ciudad de València. Como muestra, un botón: a los cinco meses de esa firma, y habiendo utilizado al mismo testaferro, vendieron a un tercero el local por nada menos que 320.000 euros, es decir, multiplicaron por ocho el precio de compra. Total, un beneficio de 280.000 euros en menos de medio año.

Pero no les pareció suficiente. Lo siguiente fue la vivienda familiar de la mujer, la última propiedad que le quedaba. Se trata de un piso de grandes dimensiones en una finca sita en una de las principales calles de Russafa. Consiguieron que accediera a firmar la venta por un importe que haría las delicias de cualquier inversor: 190.000 euros. La compraventa llevaba una condición: que la mujer pudiese seguir viviendo en ese piso hasta su muerte, es decir, la propiedad pasaba a ser de los ahora detenidos, pero la octogenaria tenía el usufructo de por vida.

Invalidar el usufructo

Cuando lo firmaron -en la misma notaría, por supuesto-, dada la avanzada edad de la mujer y la creciente afectación por el alzhéimer, debían tener la convicción de que su fallecimiento era solo cuestión de tiempo. De poco tiempo. Pero se equivocaron. Y se impacientaron. De hecho, el mismo juzgado incluso investiga un posible envenenamiento de la mujer, al detectarse en su organismo la presencia de dos sustancias tóxicas con alta capacidad letal que solo pueden aparecer por ingestión.

Así, ante el pico de precios actual, sobre el que algunos expertos ya están vaticinando que el frenazo está próximo, se les dispararon las ansias por revender cuanto antes. Trataron de invalidar el usufructo e iniciaron los trámites para desahuciarla, el plan saltó por los aires. Dos sobrinos de la mujer se enteraron y denunciaron en la comisaría de Russafa. Eso fue hace meses. Ahora, tras una intensa investigación llevada a cabo por agentes de esa comisaría, han sido detenidos el notario, los dos abogados, el testaferro y la cuidadora.