Un guardia civil al teniente coronel investigado por corrupción: "Tengo ya la liquidación de sus facturas. ¿Dónde le dejo el dinero?"

La investigación por presunta corrupción del que fuera durante casi dos décadas máximo responsable de la gestión económica de la VI Zona de la Guardia Civil, el teniente coronel del Ejército Miguel Ángel E. T., desarrollada por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) del Instituto Armado, ha llevado a los agentes de esa unidad a concluir que el "éxito de la operativa delictiva" residía, principalmente, en dos ejes: "La posición jerárquica del oficial investigado y su vinculación histórica con el contratista adjudicatario" de las siete obras en las que se produjo un sobrecoste del 232 %. La primera, la posición jerárquica, es la clave principal que ha permitido mantener a lo largo del tiempo lo que el SAI ha dado en llamar "supuesta red de corrupción sistémica liderada por E. T.".

En otras palabras, ¿cómo es posible que nadie detectara los sobrecostes en un cuerpo de carácter militar, con más filtros internos que el resto de la Administración? Y más aún, ¿por qué ningún mando detectó que el interventor jefe responsable de la Unidad de Gestión Económica (UGE), de ámbito económico, había llegado a montar incluso una 'caja' con dinero en la Zona, cuando los pagos siempre los abonaba la OGE, la oficina de la Comandancia, de ámbito provincial?

Órdenes no cuestionadas

La respuesta está en el rango del oficial, un teniente coronel, -quien conoce la idiosincrasia militar sabe que las órdenes de un superior son la primera norma en la práctica- y en la confianza generada en el mando por el tiempo que Miguel Ángel E. T. llevaba ocupándose de las finanzas autonómicas del Instituto Armado. Esa obediencia debida al superior, aunque limitada lógicamente por la legalidad (las órdenes que implican una ilegalidad son las únicas que pueden no cumplirse), rige el día a día de cualquier estructura jerárquica, pero se convierte en tabla de la ley en el ámbito militar, y hace muy difícil que un subordinado se atreva a contradecir al superior. O a cuestionarlo. Como ejemplo, uno de los muchos botones que el SAI muestra en el informe final entregado al juez instructor el pasado 8 de junio.

El 20 de mayo de 2022, recoge ese informe de los investigadores, un guardia civil de la UGE y, por tanto, bajo las órdenes de E. T. -y con seis escalones de mando por encima hasta llegar al de teniente coronel- escribió un wasap al ahora investigado en el que le decía: "Tengo ya la liquidación de sus facturas. ¿Dónde le dejo el dinero?". "Subo ahora", fue la respuesta. Asuntos Internos anota, al respecto, que "debe recordarse la anomalía de que la caja pagadora, utilizada para abonar facturas de escasa cuantía y de tramitación urgente, estaba en las instalaciones de la UGE [Zona] y no en la OGE [Comandancia], donde se encuentra el cajero pagador".

El dinero en mano

El manejo de dinero en efectivo, supuestamente procedente de las mordidas obtenidas a partir de los "desmedidos sobrecostes" de las obras y trabajos -algunos "inexistentes"- que adjudicaba el propio teniente coronel -el albañil constructor, R. L., declaró a los investigadores que solía llevar los presupuestos en borrador a E. T. para que les diera el visto bueno o los modificara a conveniencia para luego firmarlos-, es algo que los agentes del SAI mencionan en numerosos momentos del informe.

De hecho, consideran que ese dinero en metálico que le daba en mano, supuestamente, el contratista investigado -Carlos G. M., el empresario que se llevó las siete obras bajo sospecha, facturadas de manera atomizada a través de sus dos sociedades, y que adjudicaba la ejecución a R. L. ya que sus firmas no tenían plantilla- fue la base para poner en marcha la segunda fase del circuito fraudulento para desviar recursos públicos a través de los fondos asignados a la Guardia Civil: la reinversión con la compra de bienes inmuebles, en concreto, tres propiedades en Siete Aguas.

El informe recoge, por ejemplo, cómo funcionaba el "retorno de comisiones". Según la investigación, "tras la transferencia de fondos públicos por parte de la OGE (previa directriz de la UGE) a las mercantiles de G. M., el mismo extraía parte del excedente y se lo entregaba al teniente coronel, eliminando así cualquier rastro en sus activos bancarios".

"500 son de él"

Los investigadores aportan otra evidencia que sustenta la afirmación, obtenida del análisis de los teléfonos de los investigados. Gracias a ello, detectaron, por ejemplo, una conversación mantenida el 9 de marzo de 2017 entre Carlos G. M. y su entonces yerno y administrador de una de esas dos mercantiles, Destino Empresarial SL, en la que el primero comentó al segundo "cómo E. T. le dijo que, del dinero transferido, '...500 son de él...'", a lo que el yerno contesta "ok".

En cuanto al destino presumido de ese cash, la adquisición de las tres propiedades en Siete Aguas, Asuntos Internos pone de relieve que "las evidencias revelan una falta de trazabilidad financiera en las compras de los inmuebles y un uso recurrente de dinero en efectivo de origen desconocido. (...). En definitiva, los documentos detallan una operativa de prevalimiento y fraude orientada a la transformación de activos personales con fondos del erario".