Trata de seres humanos en València: una mujer se enfrenta a ocho años de cárcel por explotar a su amiga

Se aprovechó de su relación directa y personal para prostituirla en España y lucrarse de ella. Una mujer, F. C. E., será juzgada la próxima semana en la Audiencia de València acusada de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con un delito de prostitución coactiva, y un delito contra los derechos de los trabajadores. Se enfrenta a un total de ocho años de cárcel.

La historia arranca cuando la acusada, sabiendo que su amiga estaba pasando penurias económicas y falta de recursos en Colombia, le ofreció la posibilidad de venirse a España, donde podría encontrar lo que en su país no podía. La víctima, confiada por la relación que tenían, aceptó la oferta, por lo que su amiga organizó e incluso le financió el viaje a España.

Una vez adquiridos los billetes, se los hizo llegar a través de un tercero, quien además le entregó 1.000 euros en efectivo para que pudiera sufragar cualquier gasto que necesitara para llegar a territorio español. Este dinero, tenía a su vez la condición de dar apariencia de solvencia económica para poder entrar en España eludiendo los cauces legales y, además, con ello, evitar que la mujer pudiera ser detectada como una posible víctima de trata de seres humanos o incluso de inmigración ilegal.

Así las cosas, la mujer tomó un vuelo desde Colombia hasta España, aterrizando en el aeropuerto de Manises el 12 de diciembre de 2021. Tras ser recogida, fue trasladada al domicilio de su amiga, en Alzira, y devolviéndole los 1.000 euros prestados. Ahí comenzó su calvario.

La “amiga” que le había ofrecido venirse a València en busca de un futuro mejor se convirtió en su peor pesadilla. Se aprovechó de que no tenía permiso de residencia ni de trabajo, así como tampoco ingresos y mucho menos arraigo familiar en España, para beneficiarse de ella. Ese día, la víctima, no lo olvidará nunca cuando su hasta ahora amiga le comunicaba que había contraído una deuda con ella de 3.000 euros y que debía pagársela ejerciendo la prostitución.

Disponible para los puteros las 24 horas

Para ello la sometió a un permanente control y a unas condiciones abusivas, siempre para lucrarse a costa de ella. Su “amiga” le dijo que tendría que estar disponible para los puteros “las veinticuatro horas del día”, teniendo una hora libre. Debía recibir a los puteros en ropa interior y satisfacer las prácticas que le pidieran.

Lógicamente, tal y como recoge la Fiscalía, esas “condiciones” no se documentaron de ninguna manera y la perjudicada “no tuvo posibilidad alguna de negociación de las mismas, sin que tuviera derecho a descanso suficiente, ni vacaciones, ni permiso alguno”, de ahí que también le impute, a la acusada, un delito contra los derechos de los trabajadores más allá de la gravedad del de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Tal era el férreo control que tenía sobre la víctima que incluso llegó a determinar la cantidad exacta que debía cobrar a los puteros, así como el porcentaje que ella se llevaba. La mujer estaba forzada a entregarle la mitad de los ingresos que conseguía vendiendo su cuerpo, obligada, a los puteros. Además, con la otra mitad de los ingresos debía satisfacer la deuda que tenía pendiente, por lo que, para el Ministerio Fiscal, “la perjudicada no recibió ninguna compensación económica” hasta que la supuesta deuda estuvo saldada.

Y para más inri, los gastos de aseo y alimentación diarias se los tenía que pagar la propia víctima, quien, carente de cualquier ingreso, subsistía de las propias recibidas por parte de algunos puteros.

En la calle y sin nada

Una vez su “amiga” se había ya aprovechado de ella, económica y emocionalmente, dio por saldada la deuda en enero de 2022 y la expulsó del domicilio de Alzira, donde la obligaba a prostituirse. La chica, tras encontrarse en la calle, sin permiso de residencia o trabajo y en una situación precaria, se vio abocada a ejercer la prostitución en Benidorm.

Fue en esta localidad turística alicantina donde la mujer denunció los hechos a los pocos meses de salir del piso alcireño y de intentar sobrevivir en España. El juez, tras recibir el testimonio y las pruebas, autorizó la entrada y registro de la vivienda donde fue obligada a prostituirse, hallando los agentes del Grupo I de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional, un taco de recibos, una cartera con documentación de diferentes personas, libretas con anotaciones de cantidades de dinero, tiempo y personas, una báscula, billetes de avión, preservativos y cámaras de seguridad.

Se fuga tras salir de prisión

Por estos hechos, el juez ordenaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la detenida a la espera de juicio. En marzo de 2023, un juzgado de Alzira decretaba su puesta en libertad provisional con cargos. Tres meses después, ese mismo juzgado emitía una orden de búsqueda, detención y entrada en prisión de la proxeneta tras haber huido de España.

No fue hasta febrero de 2024 cuando las autoridades colombianas informaban a la Policía Nacional que habían detenido a la mujer sobre la que pesaba una orden internacional de detención y extradición a España. Tras pisar suelo español en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid, fue entregada a las autoridades españolas y un juzgado de Madrid ordenó su ingreso en prisión y puesta a disposición del juzgado de Alzira que instruye la causa.

Ahora, F. C. E., la mujer que engañó y prostituyó a su “amiga” será juzgada la próxima semana en la Audiencia de València como autora de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con un delito de prostitución coactiva, y un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros favoreciendo la inmigración ilegal. Por ello se le piden siete años de prisión y una orden de alejamiento de la víctima de hasta 30 metros por un período de 9 años, así como la libertad vigilada por el mismo período. Por el delito contra los derechos de los trabajadores, la Fiscalía solicita un año de cárcel.

Además, deberá indemnizar a la víctima con 3.000 euros por las cantidades desembolsadas por la mujer en concepto de pago de la deuda, así como 10.000 euros por el menoscabo psicológico causado a raíz de los hechos.