Las defensas de los 14 narcos valencianos condenados a 147,5 años de cárcel irán hasta al Tribunal Constitucional

La Audiencia de Valencia ha condenado a 147 años y medio de cárcel a los 14 los principales narcos de la ciudad de València, que habían sido absueltos en enero pasado por el mismo tribunal, en el caso conocido como la trama de Sky por los miles y miles de mensajes incriminatorios que se intercambiaron por esa antigua red encriptada antes de que un equipo policial europeo reventase el algoritmo en febrero de 2021 y dejase al descubierto sus secretos. La sentencia, adelantada en exclusiva por Levante-EMV, ha sido dada a conocer este martes, 30 de junio, y es consecuencia de la dictada en abril por el TSJCV. Las defensas ya han anunciado que recurrirán ante el TSJCV y pedirán amparo al Tribunal Constitucional.

Las principales condenas, de 16 años y 13 años y medio de cárcel, respectivamente, son para el principal cabecilla de la organización que importó 1.650 kilos de cocaína en dos contenedores el año de la pandemia, 2020, a través del puerto de València, Fernando M. S. y Onofre G. R., el dueño del gimnasio de Quart que siempre ha estado en todas las quinielas y nunca hasta ahora había sido condenado por narcotráfico.

Además, la sección tercera de la Audiencia de València condena a diez años y medio de cárcel al siguiente escalón de la trama, es decir, a seis de los 14 enjuiciados, entre ellos los considerados jefes del Cártel del Puerto, Iván T. R. y Borja M. R., desmantelado con la Operación Spider.

Así mismo, han sido condenados con diez años y tres meses otros cuatro integrantes del grupo con labores menos importantes y a siete años de prisión los dos camioneros que ya habían sido investigados antes de la interceptación de los mensajes de Sky, después de que se dejaran en uno de los contenedores 117 kilos de cocaína porque ya no daban abasto para sacarlos del recinto portuario valenciano.

Casi 785 millones de euros de multa

Además, el fallo del tribunal les impone una multa global de 784.600.192 euros, que derivan del valor de mercado de esos 1.650 kilos que importaron desde Colombia y que vendieron desde una nave a la que llevaron toda la droga -menos la que se dejaron en el contenedor-, tal como se les lee en esas conversaciones de Sky, donde incluso mencionaban cuánto iban a cobrar a cada comprador o qué beneficio se llevaba cada uno de ellos.

El que mayor multa se lleva vuelve a ser Fernando M. S., el único que actualmente está en prisión, ya que cumple la condena de 17 años de cárcel que se le impuso en la Operación Gorrión. En su caso, son 60 millones de euros.

Cinco menos, 55 millones, deberá pagar Onofre G. R., mientras que los restantes doce acusados, incluidos Iván T. R. y Borja M. R., han sido condenados a pagar cada uno de ellos 52.800.000 euros en concepto de multa por ese cargamento de cocaína.

Cascada de recursos: también ante el Constitucional

La nueva sentencia, por tanto, es consecuencia de la resolución del TSJCV, emitida en abril pasado, que anulaba la absolución de la Audiencia y obligaba al mismo tribunal a emitir un nuevo fallo, pero esta vez teniendo en cuenta la prueba fundamental, esos miles de mensajes de Sky. El alto tribunal valenciano recogía las tesis íntegras expuestas por la Fiscalía antidroga en su recurso del fallo favorable a los sospechosos.

Ese fallo de abril ordenando la nueva sentencia, pero sin necesidad de repetir el juicio, supuso un jarro de agua fría para los presuntos narcotraficantes, que durante años habían estado bajo la lupa policial como los principales gestores de la importación y distribución de toneladas de cocaína a través del Puerto de Valencia.

En todo caso, la actual sentencia condenatoria -el magistrado ponente repite en varias ocasiones que actúan "por orden" del alto tribunal valenciano, una manera de reiterar su postura anterior-, devuelve parcialmente el caso a la casilla de salida, de manera que las defensas de los condenados, entre los que se encuentran varios de los mejores abogados penalistas de la ciudad, pueden volver a recurrir primero ante el TSJCV -que por simple lógica jurídica no les dará la razón- y a continuación, ante el Tribunal Supremo (TS), su último cartucho por la vía penal.

Eso sí, en paralelo, tratarán de ganar por la vía de la vulneración de los derechos fundamentales. Ese camino ya lo iniciaron presentando un incidente de nulidad ante el TSJCV, que, como era de prever, lo rechazó. En realidad, los letrados ya lo suponían, pero era el primer paso necesario para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El primero en anunciarlo ha sido el penalista Andrés Zapata, abogado de Onofre R. G., quien tiene previsto presentarlo "de manera inmediata".

Esa segunda vía no paraliza la penal, por lo que, aunque de momento podrán seguir en libertad, si las condenas acaban siendo confirmadas por el TS -probablemente en un plazo de año o año y medio-, todos los condenados -salvo el cabecilla, Fernando M. S., que ya está en la cárcel- deberán ingresar en prisión para cumplir estas penas.

Una sentencia basada en el "narcodiario"

Tal como pidió el fiscal y recogía el TSJCV, el tribunal sentenciador ha emitido el nuevo fallo teniendo en cuenta la principal prueba de cargo contra los acusados, esos miles y miles de mensajes, calificados por el fiscal antidroga como "auténtico narcodiario", que intercambiaron sin tapujos ni cortapisas, con fotos y audios a tumba abierta incluidos, ya que hablaban con la tranquilidad de estar usando lo que creían la tecnología de encriptación más segura y menos vulnerable del mundo, Sky ECC.

Y así fue hasta que un equipo mixto de policías franceses, belgas y holandeses reventaron esa encriptación en febrero de 2021 y dejaron al descubierto más de 900 millones de mensajes escritos y hablados sobre todo por narcotraficantes de primer nivel, terroristas, criminales de mafias internacionales y, en menor medida, ejecutivos de multinacionales y algún líder político.

Ese equipo policial tripartito, bajo supervisión judicial de una corte parisina, empaquetó los mensajes por países y los fue enviando, también por delegación judicial, a cada juzgado que lo requería, en forma de enlace de descarga. En este caso, el EDOA de la Guardia Civil de Valencia, que ya conocía el asunto por esos 117 kilos hallados en 2020, analizó las identidades reales que se escondían detrás de cada alias o nick -el camuflaje en Sky incluía eliminar todo rastro de la identidad real de los clientes-.

Intervienen en el Puerto de Valencia la mayor cantidad de cocaína en España en los últimos cuatro años

Nombres, cumpleaños, selfies...

No fue difícil, explicó el jefe de la investigación en el juicio y recoge ahora la sentencia, que dedica a los mensajes casi la mitad de sus 59 folios, dar con los nombres de los presuntos implicados, y no solo porque fueran viejos conocidos de los investigadores: además de hablar con total desparpajo, por ejemplo, de cuánta cocaína iba para cada cliente y a cuánto se la iban a cobrar o cómo se iban a distribuir las ganancias, también se felicitaban los cumpleaños, aludían abiertamente a sus familiares -hijos, mujeres...-, o incluso, uno de los cabecillas, Onofre G. R., se hizo fotos con pilas de dinero o retrató paquetes de cocaína de ese mismo cargamento -tenían el mismo logo y en las mismas fechas que los 117 kilos abandonados en el contenedor- en lo que resultó ser el garaje de su chalé, mientras que el otro, Fernando M. S., negoció un carné de conducir croata falso y el día que fue detenido llevaba, precisamente, un carné de conducir croata falsificado. Y otro más hizo foto a una denuncia por exceso de velocidad con la matrícula bien visible y la colgó, junto con un comentario jocoso en ese jugoso chat de grupo.

Y así, un larguísimo etcétera que hacían más difícil no identificarlos que lo contrario: la foto del Porsche aparcado delante de la casa de sus padres, un selfie manejando una de las grúas del puerto, imágenes de 'ladrillos' de coca en la cabina del camión, las fiestas en Ibiza, las escapadas a Menorca o a Dénia, los nombres de sus parejas e, incluso, de sus ex... Un no parar.

Un terremoto judicial y jurídico

La sentencia del TSJCV de abril supuso no solo un espaldarazo al trabajo del equipo antidroga EDOA de la Guardia Civil y al de la Fiscalía antidroga de Valencia, sino que fue un balón de oxígeno para todos los procesos penales tanto en España como en el resto de Europa contra presuntos criminales capturados y enjuiciados con los mensajes de Sky recuperados en 2021 como única prueba de cargo.

De hecho, cuando la sección tercera de la Audiencia Provincial de València hizo pública, el 23 de enero, su decisión de absolver a los 14 acusados de haber introducido esos 1.650 kilos de cocaína, provocó un terremoto jurídico y judicial no solo en València o en España, sino también en todos y cada uno de los países europeos que han encarcelado a cientos de narcos con la misma prueba a la que aquí no se le había dado credibilidad.

La crisis desencadenada, con los altos tribunales y las fiscalías de los principales estados europeos llamando a las puertas de sus colegas españoles para pedir explicaciones y todos los teléfonos echando humo, desembocó en una reunión al más alto nivel convocada por la fiscal de Sala Rosa Ana Morán, jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, celebrada en Madrid el 27 de enero, cuatro días después de conocerse la sentencia absolutoria.

La prueba nunca fue declarada nula

De esa cumbre madrileña salió la validación del recurso planteado por el fiscal delegado antidroga de València, que acudió a la reunión con la estrategia ya trazada. Simple, pero certera. Del análisis de la sentencia absolutoria se extraían varias conclusiones, la principal, que a lo largo de la primera treintena de folios la terna de jueces rechazaba todos y cada uno de los ataques desde distintos flancos intentados por las defensas.

La Audiencia negaba, así, que se hubiese alterado la cadena de custodia de la prueba -la trazabilidad, por entendernos-, que hubiese habido problemas con los plazos de instrucción -el mismo tribunal ya había negado que lo hubiera mucho antes del juicio-, que no fuese fiable la prueba -afirmaba el tribunal que la propia declaración de los agentes antidroga de la Guardia Civil garantizaba tanto la fiabilidad como la no manipulación; incluso asumía que no se produjo esa manipulación del contenido de los mensajes y dio por bueno el método por el que se incorporó a la causa la única prueba contra los acusados, esos mensajes de Sky, a través de una Orden Europea de Investigación (OEI).

De hecho, recordaba el acusador público ante el TSJCV, "la propia sentencia recurrida da por válida la emisión y ejecución de la OEI; reconoce la legalidad de la investigación desarrollada por la autoridad judicial francesa y su canalización a través de los mecanismos de cooperación judicial europea; descarta expresamente la existencia de vulneración de derechos fundamentales en la obtención de la prueba; y afirma, en diversos pasajes, que no existe indicio alguno de manipulación de los mensajes, ni quiebra de la cadena de custodia, ni discrepancias relevantes entre la evidencia original y las copias de trabajo".

Sin embargo, y pese a rechazar todos esos argumentos de las defensas, la Audiencia determinaba en los dos últimos folios de la sentencia absolutoria que debía exonerar a los supuestos responsables de haber traído los 1.650 kilos de cocaína a València porque los archivos que contenían esos mensajes carecían de firma digital y de hash -un código alfanumérico que genera la creación de cualquier archivo y que solo permanece inalterable si nadie lo toca-. "La sentencia afirma", le afeaba el fiscal, "que no hay nulidad ni indicios de manipulación, pero después prescinde de toda valoración material del contenido, transformando déficits técnicos en una regla automática de insuficiencia, lo que desemboca en una absolución puramente formal. [...] La ausencia de determinadas garantías técnicas no convierte automáticamente la prueba digital en inválida", concluía.