La Negra Dominga, a un paso del banquillo por la narcomasacre del Saler

Álvaro Luis Ospino Illera, el considerado uno de los principales narcos del departamento colombiano de Atlántico, en el norte del país, considerado por la justicia española presunto autor por inducción, encargo y planificación de la narcomasacre del Saler, está desde este martes, 14 de julio, un paso más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por esa matanza, ocurrida en la noche del 27 de febrero de 2024 y en la que murieron bajo una lluvia de disparos (14, en total) su archienemigo, Roberto Carlos Vega Daza, alias Beto, último varón vivo del clan Daza de Barranquilla (norte de Colombia), el guardaespaldas de este, Tarit José Salazar López y un conocido del primero, Harold Hugo Jaramillo Rodríguez, que les había hecho esa tarde de chófer por agradar a su mujer, familia lejana de Ospino, y que nunca debió llevarse las dos balas por la espalda que lo mataron.

El fiscal especial de jurado que lleva la acusación pública en este caso ha solicitado este martes al titular de la plaza 14 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València que abra juicio oral por la lluvia de pruebas en contra del principal acusado, más conocido por el alias de La Negra Dominga con que lo bautizó el crimen local (el de Barranquilla) hace años, usando, según él, el nombre de su abuela.

Contra él y contra los otros dos acusados: uno de los considerados ejecutores materiales de la masacre, Víctor Hugo H. M., y una prima de Ospino, Luz Marina M. A., que supuestamente le allanó el terreno y el plan criminal aprovechando que llevaba años viviendo en València.

Prisión permanente revisable

A los tres les pide, tal como adelantó recientemente en exclusiva Levante-EMV, la máxima pena en España por asesinato: la prisión permanente revisable. En este caso, la petición se sustenta en el tercer apartado del artículo del Código Penal que regula ese castigo, el reservado a los que cometan un asesinato en el marco y contexto de una organización o grupo criminal, como es el caso, ya que La Negra Dominga, nacido, curiosamente en otra Valencia, la que da nombre a la capital del estado venezolano de Carabobo, está considerado por las autoridades colombianas como el responsable de uno de los grupos criminales que se disputan tanto la venta callejera como las negociaciones para organizar el tránsito de grandes envíos de cocaína desde los puertos del norte del país a Europa y a Estados Unidos.

En concreto, se le achaca liderar el grupo de los Piloneros y financiar a Los Costeños, una peligrosa mafia mayoritariamente venezolana con la que se habría aliado, según las investigaciones policiales en su país, para exterminar al clan de los Vega después de que Roberto Carlos y su guardaespaldas de aquel momento iniciaran el tiroteo en el que murió su sobrino predilecto y ahijado Jonhatan el 24 de octubre de 2022, durante los fastuosos festejos para celebrar su 23 cumpleaños en una finca bautizada como Mediterrané (como el mar, paradojas de la vida, a cuya orilla sería acribillado Roberto Carlos 16 meses después en esa narcomasacre).

Y no solo eso, policialmente se considera que tiene lazos con la temida organización narcoterrorista de origen venezolano Tren de Aragua, responsable de multitud de asesinatos, extorsiones y asaltos violentos no solo en toda Latinoamérica, sino también en España y en Estados Unidos. En este caso, el de la matanza del Saler, el grupo de Homicidios de la Guardia Civil de València ha acreditado que los dos sicarios trabajaban o habían trabajado para los de Aragua.

Agentes de Criminalística y el forense proceden al levantamiento de uno de los cadáveres del triple crimen del Saler

Dos móviles para un triple crimen

Por tanto, la Fiscalía se apoya en que, además de una estudiada y buscada venganza contra Roberto Carlos por el asesinato de Jonathan, Ospino persiguió a su enemigo hasta València para eliminar al último Vega y quedarse así con su nada despreciable parte del negocio del narco. De hecho, el clan de los Vega controlaba en solitaria toda la salida de la cocaína a gran escala a través de la costa atlántica de Colombia desde hacía tres décadas, cuando el considerado fundador del Cártel del Norte, Wildron Gabriel Daza Mejía, alias Gabi Daza, el abuelo de Beto, se alió primero con Pablo Escobar cuando Medellín reinaba en solitario, y después con los hermanos Rodríguez Orejuela, cuando el Cártel de Cali arrinconó a Escobar.

Por esa razón, el acusador público ha mantenido este martes, durante la audiencia preliminar celebrada en la sede del juzgado, la petición de esa pena máxima no solo para Ospino Illera, sino también para los otros dos acusados, el sicario Víctor Hugo H. M. y la prima de La Negra, Luz Marina M. A.

Los tres han estado presentes en esa audiencia preliminar a través de sendas videollamadas conectándose desde los centros penitenciarios en los que están en prisión provisional, a la espera del juicio. La Negra, por ejemplo, ha asistido a la vistilla desde la cárcel de Albolote, en Málaga, a la que llegó hace menos de dos semanas, trasladado desde la madrileña de Estremera dentro del programa habitual de traslados de Instituciones Penitenciarias cuando se trata de un miembro destacado del crimen organizado. La finalidad es que no tejan redes en las cárceles para continuar desde allí con sus negocios, algo que se hace no solo con narcos o jefes mafiosos, sino también con terroristas, es decir, con internos FIES, acrónimo de Fichero de Internos de Especial Seguimiento, el grupo de reclusos potencialmente más problemático en cualquier prisión.

Un modélico empresario sin relación con el crimen

La audiencia preliminar que prevé la ley del jurado es, en realidad, un mero trámite que solo se celebra si no renuncian las defensas, como ha sido el caso. En realidad, para los abogados que defienden a Ospino y a los otros dos acusados ha sido una nueva oportunidad para solicitar, además en presencia de sus defendidos, el sobreseimiento de la causa, alegando que ellos no fueron los autores del triple crimen del Saler.

En concreto, el letrado de Álvaro Ospino reiteró de nuevo la inocencia de su cliente alegando lo que ya había expuesto él en la única ocasión en la que declaró ante el juez -a petición propia, además-: que es un empresario sin deudas con la justicia y que él jamás orquestó ni pagó a nadie para que eliminaran a Roberto Carlos, cuya muerte atribuye a su propia condición de narco y a las guerras que suele haber entre las bandas.

Es más, incluso ha aseverado que el intenso y meticuloso trabajo de Homicidios para hilvanar los mensajes y llamadas telefónicas que precedieron al crimen es poco menos que una trama conspirativa contra Ospino Illera, y que el teléfono investigado atribuido a su cliente en realidad no era de este.

El juicio, ¿a finales de año?

A partir de esta diligencia, el juez dictará el auto de apertura de juicio oral, donde reiterará los indicios de criminalidad que le han llevado a mantener en prisión a los tres acusados. En el complot, como ha venido informando este diario, participaron presuntamente cinco personas, pero los otros dos no serán juzgados: María Alejandra P. R., ex cuñada de Roberto Carlos que usó esa antigua relación familiar para camelarlo a la cita en su apartamento del Saler aquella tarde-noche del 27 de febrero de 2024, porque huyó a los pocos días de la narcomasacre y nunca más se ha recuperado su rastro, y Juan Diego M. H., el segundo sicario que simuló ser el novio de la anterior para justificar su presencia en ese encuentro, porque murió acribillado cinco meses y dos días después en Barranquilla, tras escapar por los pelos de la Guardia Civil a principios de marzo de 2024.

Ambos llegaron a ser interrogados como testigos en el lugar de los hechos, primero, y en la Comandancia de València, al día siguiente. Había serias sospechas de su posible participación en la narcomasacre, pero no pruebas suficientes para detenerlos y acusarlos, por lo que se les dejó ir con la advertencia de que estuviesen localizables mientras llegaban los resultados de algunas pruebas, entre ellas la de detección de residuos de disparos en su piel. Para cuando llegó el positivo, una y otro habían desaparecido del mapa. Ella sigue en busca y captura, pero para él ya no hay caso tras certificarse su muerte violenta el 1 de agosto de 2024 en su país.

Después de eso, es previsible que las defensas presenten alegaciones al auto e incluso que planteen cuestiones previas en el trámite siguiente, lo que conllevará un retraso de entre uno y dos meses para la celebración del juicio, de manera que la estimación más optimista es que se vea a finales de este año y la más realista, a principios del que viene, de 2027, cerca del tercer aniversario de la narcomasacre del Saler.