Los padres que sustrajeron a la bebé del hospital de Gandia condenados por desobediencia

A las siete y veinticinco de la mañana del nueve de julio saltaban las alarmas en el hospital Francesc de Borja de Gandia: había desaparecido del centro sanitario una bebé de siete días. Su padre la introdujo en el interior de una bolsa de deporte y se la llevó. Fue una historia sorprendente que, contrarreloj, tuvo un final feliz cuando la Policía Nacional encontró a la bebé sana y salva catorce horas después de ocurrir dicha sustracción.

Hubo cuatro detenidos en este caso que conmocionó a la opinión pública por lo insólito del hecho: el padre, de nacionalidad argelina y 34 años de edad; la madre, española y de 40 años; así como ambas hijas de ella, de 20 y 17 años respectivamente.

Los padres, tras permanecer varios días detenidos, fueron puestos a disposición judicial acusados de sustracción de menores y lesiones, esto último debido a los positivos que dio la bebé. La hermana mayor, también detenida, pasaba a disposición judicial junto con los padres y, en el caso de la hermana pequeña, a la Fiscalía de Menores. Ahora, Levante-EMV ha podido saber de fuentes consultadas que los padres han sido condenados y las hijas exoneradas.

Síndrome de abstinencia neonatal

El dilema radicaba en si la bebé estaba tutelada por la Generalitat Valenciana o no, pues existía una orden de retención de la menor en el hospital que se comunicó, al parecer, de forma verbal a los dos progenitores. Una retención hospitalaria debido a una situación de desamparo que podría sufrir la niña, dado que los laboratorios habían advertido que la bebé había dado positivo en restos de cocaína y cannabis en su frágil cuerpo. Un hecho que podría guardar relación con las sustancias que la madre pudo ingerir durante el embarazo y que habrían pasado directamente a la bebé a través de la placenta.

Así las cosas, el consumo de este tipo de sustancias por la madre podría haber dado lugar a malformaciones congénitas, problemas de crecimiento o incluso falta de oxígeno al feto. Y además, se estaba a la espera de más pruebas con la finalidad de ver si había adquirido el Síndrome de Abstinencia Neonatal (SAN). Se da al cortar el cordón umbilical tras el parto, cuando la bebé deja de recibir la sustancia de golpe. Ante los síntomas que presentaba la niña, los médicos solicitaron los análisis que reflejaron dicho positivo.

Ante la situación de perder la custodia de la niña, el padre optó por acudir al Hospital de Gandia y llevársela. Todo ello con la connivencia de la madre, pues cuando fue interrogada por el equipo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en la Comisaría de Gandia no estuvo muy colaborativa y sí reacia a contestar preguntas o decir dónde estaba la bebé o quién se la pudo llevar. De hecho, no denunció al marido por la sustracción de la menor.

Una de las hijas al final colaboró

La colaboración de la hija mayor fue determinante. Al principio dio largas a los agentes de la Policía Nacional diciéndoles que sus padres estarían en Las 500 o las 1000 viviendas, la primera en referencia a una zona de Gandia y la segunda a una de Alicante, teniendo en cuenta que parte de la familia tiene relación con Orihuela.

Finalmente, la hija entró en razón y explicó que la bebé la había dejado a cargo de su hermana pequeña, que la estaba paseando por la zona de Rosa dels Vents, entre el Grau y la playa de Gandia.

Esta colaboración fue determinante, primero para localizar sana y salva a la niña y, por otra, para tener en cuenta en el proceso judicial que, finalmente, acabó sobreseído en cuanto a la figura de la hija mayor.

En cuanto a la hija menor, tampoco sigue adelante la causa judicial, pues se limitó a seguir lo que le decía su hermana mayor. La paseó después de que su padre le comprara leche y les entregara a las dos la bebé. Desconocían que la intención era evitar que fuera derivada a los Servicios Sociales y que su hermana fuera tutelada por la Generalitat Valenciana.

Los padres condenados

Según ha podido saber este periódico, tanto el padre como la madre han sido condenados por un delito de desobediencia a una multa de siete meses a razón de seis euros diarios y, tras reconocer los hechos, vieron reducida la pena en un tercio.

Aquí se ha tenido en cuenta el atenuante de que la menor fue devuelta de forma voluntaria dentro de las 24 horas siguientes a la sustracción y sin causarle ningún daño. De lo contrario, hubiese conllevado prisión para los dos.

El delito de desobediencia a la autoridad, según el artículo 556 del Código Penal, se castiga con penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 18 meses.

Aunque en este caso la desobediencia la cometieron ante una autoridad sanitaria al negarse a cumplir la restricción o mandato emitido por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, responsable de aplicar las medidas de prevención, detección y amparo de los menores. Aunque en ese momento no había resolución administrativa, sí se les comunicó a los padres la retención hospitalaria de la bebé tras los resultados de las pruebas.