Ninguno de los cuatro acusados - ni los dos jóvenes juzgados ahora por un jurado popular ni los mellizos menores de edad - parecen saber cómo se produjo la brutal muerte de Dani Menjíbar, el joven de 31 años golpeado y acuchillado en las proximidades del centro comercial Las Américas de Torrent en julio de 2020, pese a que los testigos los sitúan en la escena del crimen y hay ADN de uno de los menores en una de las navajas intervenidas por la policía.

Los dos jóvenes, de 20 y 21 años, acusados como coautores del homicidio del extronista del programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’, asesinato según sostiene la acusación particular, se han limitado a negar categóricamente su participación en la pelea en la que murió la víctima. Ambos alegan que no golpearon en ningún momento al joven, que no portaban navaja alguna y que desconocían que sus amigos llevaran encima armas blancas. 

Asimismo, los acusados niegan que conocieran a Dani Menjíbar, que nunca lo habían visto por Torrent e incluso niegan haber cruzado palabra alguna con él esa noche. Así, ninguno ha aclarado los motivos de la discusión que propició el brutal ataque y que éstos, según la versión que mantienen las acusaciones, salieran corriendo tras la víctima como “una manada a la caza de su presa”.

Los menores se acogen a su derecho a no declarar

Por su parte, los otros dos acusados, menores de edad cuando se produjeron los hechos y que están todavía siendo juzgados de forma paralela por un Juzgado de Menores, se han acogido a su derecho a no declarar, garantía que tienen pese a ser citados como testigos al estar como acusados de este mismo crimen en la causa que se juzga en Menores.

Al comienzo de la sesión del juicio las defensas de los acusados han solicitado que éstos declaren al finalizar la prueba testifical, aunque la magistrada lo ha desestimado argumentando que en el ordenamiento jurídico español el orden establecido es al comienzo del juicio, que a diferencia del sistema anglosajón los acusados tienen la posibilidad de mentir, y que en caso de que haya algo que se haya dicho que afecte a su defensa tienen el derecho al uso de la última palabra al finalizar el juicio. Además la magistrada ha explicado que al tratarse de dos acusados el hecho de declarar al final de las sesiones podría ir en detrimento del derecho de defensa de uno de ellos si el otro lo incrimina, al no tener posibilidad material su letrado de interrogar a los testigos en ese sentido.

La magistrada ha desestimado la petición de las defensas para que los acusados declaren al final de la práctica de la prueba

Respecto a lo ocurrido en la madrugada del 11 de julio de 2020, los dos acusados coinciden en que quedaron junto con otros tres amigos para salir de fiesta. Previamente estuvieron tomándose unos cubatas en el bajo de los dos hermanos menores de edad. Después se marcharon a la zona de Las Américas de Torrent, y estuvieron en dos locales.

Es ahí cuando las versiones de ambos difieren y mientras uno ha sido capaz de dar un razonamiento lógico de dónde estaba y cómo tuvo conocimiento de que se estaba produciendo una pelea, en la que sus amigos estaban implicados, el otro se ha mostrado incapaz de aclarar los pasos que dio esa noche, al tener importantes lagunas de memoria que éste atribuye al consumo de alcohol y drogas. "Íbamos muy ebrios, y me había tomado muchos porros", ha alegado sin concretar el número de copas que bebió.

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los dos jóvenes una pena de quince años de prisión por el delito de homicidio con la circunstancia agravante de abuso de superioridad, como ya adelantó Levante-EMV. Mientras que la acusación particular pide penas que ascienden a los treinta años de cárcel, concretamente 25 años por el delito de asesinato, al apreciar «alevosía por desvalimiento o traicionera de forma inicial o sobrevenida», así como ensañamiento, y cinco por el robo con violencia con uso de instrumento peligroso del reloj de la víctima. Los dos menores, cuyo juicio todavía está pendiente de los informes de conclusiones, se enfrentan a siete años de internamiento en régimen cerrado