Altos cargos, personal de confianza y altos funcionarios de la Generalitat y de las empresas públicas preparan ya las maletas en la que será la madre de todas las mudanzas. Unos se irán a la calle, y otros permanecerán en la Administración, aunque con un estatus inferior. Se quedarán fuera del círculo de influencia en el que se han movido a lo largo de los últimos veinte años en los que el pasaporte para el ascenso sólo lo otorgaba la afinidad al poder.
Un auténtico terremoto interno está por llegar en la administración valenciana, una empresa con más de 200.000 empleados que experimentará cambios similares a los que se da en una gran empresa cuando cambia el accionariado. Y como en el sector privado, los primeros en caer serán los que están más arriba. El presidente de la Generalitat en funciones, Alberto Fabra, desalojará el Palau en unas semanas (el tiempo en que la izquierda se ponga de acuerdo para investir al nuevo presidente o presidenta) y con él los consellers y su ejército de altos cargos y asesores distribuidos por las conselleries y el sector público. Con nómina en la Generalitat y con datos del presupuesto de 2015 hay 182; 90 altos cargos y 92 eventuales. A este personal de confianza se debe sumar el que se refugia en el denominado sector público, entidades autónomas, empresas de la Generalitat y fundaciones. La cifra exacta de personal de confianza (ya sean directivos o eventuales) es una incógnita, ya que la relación de puestos de trabajo de las distintas empresas nunca se ha publicado pese a la obligación legal de hacerlo.
Ahora bien, estimaciones sindicales, junto con los datos de personal recogidos en los informes de la Sindicatura de Comptes permite dar una cifra aproximada de unas 200 personas más. Cabe apuntar que el Consell se vio obligado a recortar su mastodóntico sector público y a bajar la persiana de decenas de entidades y fundaciones. Se fueron a la calle más de 3.000 personas, aunque se desconoce si, además de la tropa, cayeron generales.
Sin embargo, junto a las cerca de 400 personas que tienen los días contados, el cambio de color político en la administración traerá consigo otros movimientos menos visibles y más paulatinos, pero que pueden suponer una auténtica revolución en las entrañas de la función pública valenciana. Sólo en el ámbito de la administración existen unas 800 plazas diseñadas para ser ocupadas a dedo por funcionarios. Se trata de puestos claves en los que se dirimen cuestiones como autorización de gastos, contratación, control de expedientes y estrategia jurídica. Estas plazas están ocupadas por funcionarios promocionados gracias a la libre designación. El abanico es amplio. En la cúpula funcionarial hay letrados, interventores, subdirectores generales, etc.
Red de personal de confianza
La administración popular quiso ampliar las plazas «a dedo» a los jefes de servicio, un lugar al que en su momento se accedía por concurso. En realidad, la red de personal de confianza, razonable en cuerpos como la Intervención o los letrados, se ha extendido de tal manera, que en ocasiones ha rozado el absurdo. Desde un chófer, a un director de parque natural o un director de centro de salud. Todos están en su puesto de forma digital.
La gestión de este personal será otro de los caballos de Troya a los que se enfrenta el próximo Consell. Y no es un asunto menor. En una administración que lleva años sin convocar concursos de traslados y que tiene bloqueada la promoción interna, el efecto dominó puede ser enorme. Por lógica, muchos funcionarios «a dedo» promocionados volverán a sus puestos de confianza cuando cambien los responsables de las direcciones generales donde están adscritos La movilidad afectará especialmente a las jefaturas de servicio y subdirecciones generales.
Tal como informó Levante-EMV, desde hace más de un año el Consell se ha puesto las pilas para intensificar los procesos para cubrir estos puestos mediante la libre designación. Todas las conselleries han tratado de blindar estos puestos claves. En realidad, la ley deja claro que el funcionario «a dedo» puede ser cesado con carácter discrecional. Eso sí, regresará a sus respectivos puestos de origen (si tienen reserva de plaza) mejor posicionados que otros para una futura promoción interna y con sueldos reforzados ya que habrán consolidado el grueso de su complemento específico.
La particular emigración de estos funcionarios desde la cúpula a otros lugares, implicará desplazar a los que provisionalmente estaban en sus puestos. La última ficha del efecto dominó son los interinos. Fuentes sindicales consultadas admiten que serán las primeras víctimas del tsunami, si bien no es descartable una ley de adaptación similar a la que el PP aprobó cuando llegó a la Generalitat en 1995 que supuso la funcionarización de cientos de laborales.
A este pacto de no agresión siguió un plan de estabilidad para reducir la interinidad con un resultado más que dudoso. Hoy más de 4.500 empleados siguen siendo interinos, algunos con muchos años de servicio. Los sindicatos estiman que entre comisiones de servicio, adscripciones provisionales dos de cada tres empleados públicos no están en su sitio. El caos está servido.
