25 de julio del año 2000. Alicia de Miguel —entonces portavoz del Consell— presenta la «solución»del gobierno autonómico liderado por Eduardo Zaplana para paliar la falta de dotaciones educacionales en la C. Valenciana: la fundación de la firma pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S. A. (Ciegsa). Con un capital inicial de 500 millones de pesetas —3 millones de euros actuales— la empresa se constituye para acelerar la puesta en marcha de más de 25o centros ya situados en el mapa de la nueva Ley Orgánica General del Sistema Educativo (Logse) y que debían estar en funcionamiento en un plazo máximo de tres años. La Generalitat calcula una inversión superior a 600 millones de euros. Es la primera cantidad que se asocia a una firma pública que actualmente está en proceso de liquidación y cuyos sobrecostes se cifran en cerca de 1.130 millones de euros.
Y es que prácticamente desde el inicio de sus doce años de vida—desde 2012 está inactiva— Ciegsa se ha encontrado en la picota. Y los «turbios» episodios que se han sucedido entorno a su funcionamiento no han ayudado a que su imagen mejorara. El 28 de abril de 2005 se declaró un incendio en un almacén donde se guardaba gran parte de su documentación, ubicado en el Polígono Industrial El Bovalar de Alaquàs. En mayo de ese mismo año su sede fue asaltada, encontrándose varios despachos forzados y revueltos. Sucesos propios de la crónica negra que salpicaron la reputación de la firma pública.
Los sindicatos educativos han sido uno de los agentes sociales que más dardos han lanzado contra su gestión: «Al principio estuvimos de acuerdo con su creación, ya que sí que había una necesidad clara de construcción de nuevos centros. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que no había control sobre las obras y las cosas ya empezaban a pintar muy mal. El incendio de 2005 ya disparó la polémica». Quién habla es Miguel Ángel Vera, secretario general de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras en la C. Valenciana. Y sus tesis son fundamentadas por otros compañeros. Marc Candela, portavoz del STE-PV, comentó ayer que «Ciegsa es, quizás, el mayor agujero económico que ha sufrido la educación en la C. Valenciana. Como mínimo ya teníamos sospechas de que algo ocurría en 2005. Hablamos de mucho dinero público desviado por culpa de la corrupción».
Gestión muy opaca
Francisco Javier González Zurita (FETE-UGT) también se mostró crítico: «Siempre que se intentaban aclarar sus cuentas el Consell se mostraba muy opaco. Ahora ya sabemos porqué actuaba así y es que los números que están saliendo son todo un escándalo».
Y la pregunta es clara: ¿Quiénes tutelaron su funcionamiento? Varios son los nombres que se pueden vincular a la historia de esta firma pública. El primero es Javier García-Lliberós Fernaud, gerente desde su creación hasta que decidió abandonar en 2006. Exmarido de Alicia de Miguel, eran cónyuges cuando Zaplana lo escogió para el cargo, fue marginado en Ciegsa con la llegada de Francisco Camps al poder. Trabajadores y técnicos de su confianza fueron despedidos y él optó por hacer las maletas.
Máximo Caturla fue el elegido para sustituirle. Nombrado consejero delegado el 22 de diciembre de 2004, causó baja el 27 de julio de 2007. El informe de Intervención revela que bajo su mandado —en los años 2004 y 2005— es cuando los porcentajes de dinero desviado fueron mayores, superando cotas del 40 %. En julio de 2007 lo sustituyó José Luis López Guardiola, que abandonó en julio de 2012. Con la crisis, las cantidades «en entredicho» bajaron. El último responsable fue Santiago Martí, nombrado por María José Catalá. La exconsellera de Cultura ya ha declarado que bajo su mandato «no se adjudicaron obras».
