El 5 de octubre de 2015, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, comparece en Madrid. Expone los problemas valencianos, pero sólo tiene resonancia su reflexión sobre Cataluña. El resto de asuntos quedan aparcados. Veinte días antes, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana llega a Madrid. El Congreso tiene que decidir si admite a trámite la reforma para adecuar la inversión a la población. La imagen es más potente que mil palabras. Ante una Cámara vacía, los enviados de las Corts exponen el problema valenciano. La repercusión fuera del ámbito autonómico es nula. Para la historia queda la imagen del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un bar.
«Siempre ha sido así, con ministros o sin ellos, con un gobierno u otro», señala tajante Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y miembro de la fundación Conexus, la organización privada que durante esta legislatura ha buscado puntos de encuentro entre Valencia y Madrid. «Cuando planteas que la Comunitat Valenciana está 12 puntos por debajo de la media en renta per cápita, en Madrid no se lo creen, hay un desconocimiento clamoroso sobre esa cuestión», apunta.
«El poder valenciano es invisible», subraya el sociólogo Vicent Flor. «La mayoría de políticos valencianos han estado sometidos a los partidos estatales; cuando han estado en la oposición han pedido una financiación justa y cuando llegan al poder, callan; tanto el PP como el PSPV, con algún matiz, pero en esencia, igual».
A la cola y siempre por debajo de la media española en la mayoría de indicadores: sanidad, educación, paro, fracaso escolar o pobreza y en un país también en el furgón trasero de Europa, nada impulsa un poder político autóctono fuerte. Lo admite hasta el Gobierno de Rajoy. Hace algo más de un mes, el número dos del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, aseguraba ante empresarios en Alicante que el actual sistema de reparto del dinero da a los valencianos menor capacidad política que al resto de territorios.
Política subsidiaria
Siempre ha sido así. El ensayista de Sueca Joan Fuster lo escribió a mediados del siglo pasado: «Un país sin política». Algunas décadas antes el diputado Blasco Ibáñez ya exigía inversiones.
Si hubo política valenciana siempre fue subsidiaria de los dos grandes partidos españoles. La situación es estructural. Ni hubo poder valenciano en el franquismo, ni en la Restauración. La dificultad propia para crear una burguesía y un empresariado fuerte es clave. Sin poder económico no existe influencia política. Por eso hay coincidencia en que es la pujanza financiera la que impulsa el poder político que sí tienen, por ejemplo, vascos y catalanes, que desarrollaron una pulsión social que desembocó en nacionalismo y una opción política propia, que nunca ha existido en este territorio. Sin poder económico nadie cuenta en Madrid.
Como sucursal de los dos grandes partidos españoles, la influencia política de los valencianos en los Gobiernos de España ha tenido dos épocas doradas y cierto peso a la hora de condicionar la política: Joan Lerma con Felipe González y un PSPV como segunda federación tras la andaluza, y Francisco Camps en 2008 cuando apuntaló el liderazgo de Mariano Rajoy. Pero resultó fugaz. En casi 40 años y unos 200 ministros nombrados por UCD, socialistas y populares, los valencianos apenas alcanzan la quincena. El PSOE nombró diez, la cifra cayó a tres con el PP de Aznar y a uno con Rajoy, el actual titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, con residencia en Xàbia.
Uno de aquellos ministros, el expresidente del Consell Joan Lerma rechaza que exista invisibilidad de los problemas valencianos en Madrid y tampoco que ésta sea causa de la escasa presencia en el Gobierno. En su opinión lo que existe es un reparto poco equitativo del dinero. «Los ministros no van a barrer para casa sino a gobernar para todos», señala el exjefe del Consell.
Lerma considera que sí hay un problema de infrafinanciación, porque el Estado no ha puesto más dinero al sistema y no es posible cambiar la proporción que recibe cada autonomía. Añade otro problema, el de la inversión territorializada, sobre la que «siempre» ha existido un déficit en relación al 10% del peso poblacional. «Sólo se acercó Zapatero y lo que ha ocurrido es que el Gobierno ha decidido invertir en otros lugares; aquí pareció durante muchos años que sobraba el dinero y no se ha invertido más, pero con el paso de los años sí se nota más la falta dotación en infraestructuras y capital público», sugiere el expresidente.
Otro que ha pasado grandes temporadas en Madrid es José María Chiquillo, del PP, quien asegura que los valencianos se han olvidado de hacer lobby. «Pese a los muchos intentos nunca hemos conseguido hacerlo y deberíamos actuar y ejercer de valencianos». El actual candidato a diputado cree que es por el carácter valenciano: «Somos muy creativos, muy abiertos al mundo, pero muy individualistas. Hay que hacer piña todos, empresarios, sindicatos y políticos, y creo que Conexus puede ser un buen punto de arranque para la próxima legislatura», reflexiona.
La dependencia del ladrillo
El sociólogo Flor sostiene que el poder económico valenciano se ha visto muy limitado en Madrid porque durante lustros ha dependido esencialmente de la construcción por lo que reclama un nuevo modelo económico: «El ladrillo hizo más dócil al poder empresarial». La alternativa es clara: «Plantar cara y valencianizar el discurso».
Pero algo ha empezado a cambiar para que el empresariado vea «importante» que Compromís disponga de un grupo propio, como apunta Salvador Navarro, porque «espabilará» a PP y PSOE, asegura.
En Madrid admiten que el estereotipo, Levante feliz o la playa madrileña, resulta muy difícil de cambiar. Una portavoz de la agencia Political Intelligence, una firma que ejerce de lobby en la capital, admite que en Madrid son incapaces de empatizar y pensar que Galicia o Valencia tienen problemas propios. «Aquí se miran mucho el ombligo, pero no vemos fijación contra una u otra autonomía, tal vez con Cataluña».
