El poder al desnudo. Así, al menos habría de quedar el Ejecutivo que preside Ximo Puig cuando se apruebe el reglamento que desarrolla la ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. La norma, que está ya en fase de elaboración, supone una auténtica vuelta de tuerca a las exigencias de transparencia que ya recogía la ley que dejó aprobada el anterior Consell. El quid de la cuestión es que el reglamento, a cuyo borrador ha tenido acceso Levante-EMV, baja al detalle de qué información debe ser pública, al tiempo que detalla con precisión los pasos que puede dar cualquier ciudadano para ejercer su derecho a la información pública. En definitiva es un manual de instrucciones sobre cómo poner al descubierto la cocina del poder.
La norma, elaborada por la Conselleria de Transparencia, desarrolla en 78 páginas los apartados de la ley. Muchos tienen miga y pueden poner en más de un aprieto al Ejecutivo y sus altos cargos. Así, por ejemplo, con la norma en la mano, se acabaron la reuniones secretas o discretas en los despachos. El artículo 33 regula la agenda institucional de los altos cargos y consellers. Se entiende que debe incluir «todos aquellos actos o reuniones que tienen relevancia pública», entendiendo por tales las que conforman la agenda de trabajo. Hasta aquí ningún problema. Es lo que viene haciendo la Generalitat. Pero el departamento que dirige Alcaraz va más allá, ya que considera que entre los actos que deberán publicarse están «los acontecimientos y reuniones de carácter político e institucional; con agentes externos a la organización y las reuniones internas de especial relevancia para la toma de decisiones». También, especifica, los encuentros con la prensa.
Según la literalidad de este apartado, por poner un ejemplo, las reuniones secretas del expresidente Francisco Camps con los magnates de la Copa América o la Fórmula 1 deberían haberse aireado. Evidentemente, Transparencia exceptúa de la regla los casos en que exista riego para la seguridad o afecte al secreto profesional o la privacidad de las personas. En ningún caso, añade, se publicarán detalles personales de citas con particulares sin su consentimiento excepto que estas personas por su cargo o condición tengan proyección pública.
La exigencia de transparencia se extiende también a lo que el reglamento califica como planificación estratégica y evaluación. Así, los planes anuales en los que conselleries y empresas públicas basen su actividad y donde aparezcan objetivos concretos no podrán ser opacos. El objetivo es que pueda hacerse un seguimiento mediante la publicación periódica de indicadores. Casos concretos son los informes de evaluación de las políticas públicas y de calidad de los servicios públicos y los planes de Inspección General.
Pero hay otro tipo de información más fácil de detectar que deberá salir a la luz. Es el caso de los acuerdos del Consell, que se publicarán en un término máximo de 15 días desde la adopción del acuerdo. No se trata de una mera relación de asuntos aprobados, como se hace ahora, sino del detalle de lo aprobado. Además, según se especifica en la norma, la exposición pública de las leyes o decretos en fase de exposición no sólo afecta a los propios textos normativos. Transparencia entiende que todas las memorias e informes que constituyen el expediente son de acceso público. Y especifica que también tienen esta consideración los informes de la Abogacía.
El reglamento incluye el régimen sancionador por incumplimiento de la ley en el que tendrá en cuenta la reincidencia. En el peor de los casos un alto cargo puede cesar y quedar inhabilitado. Las entidades incumplidoras se enfrentan a multas de hasta 400.000 euros.
