Casi diez años después del accidente del metro del 3 de julio de 2006, los gestores de aquella tragedia en la Generalitat, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) siguen enrocados en su postura: Todo se hizo bien, el accidente era imprevisible e inevitable, no se ocultó ni se manipuló la información que ofrecieron la administración y los medios de comunicación públicos y a las víctimas se les dio el mejor trato posible. Son, en resumen, las tesis que han defendido en las Corts doce responsables de la Generalitat en 2006, una decena de directivos de FGV y cuatro ex altos cargos de RTVV durante la comisión de investigación del accidente del metro que finalizó sus comparecencias el 13 de junio.
Han sido seis meses de sesiones de la comisión, con 150 horas de testimonios de 75 comparecientes que, por primera vez, han intervenido sin consignas previas y que componen la radiografía de la investigación parlamentaria del accidente. La mayoría de estos «0 responsables» se han enfrentado por primera vez a la mirada de las víctimas del metro, presentes en todas las sesiones. Sólo algunos se atrevieron a pedirles perdón, o mostrar una «disculpa» impostada como la de Francisco Camps, «por si algo se hizo mal». Otros seis directivos de FGV midieron al milímetro sus intervenciones: Marisa Gracia, Manuel Sansano, Juan José Gimeno Barberá, Sebastián Argente y Luis Miguel Domingo Alepuz.
Sobre ellos pende una posible imputación por su responsabilidad en el accidente del metro y cualquier detalle podría haberles llevado al banquillo de los acusados. Alguno ya ha testificado en el juzgado, como Luis Miguel Domingo Alepuz, que ofreció en las Corts la tercera versión en diez años de por qué borró los datos de la caja negra del tren.
Sólo algunas pequeñas grietas se han producido en la versión oficial. El ex director general de Transportes, Vicente Dómine, admitió por primera vez que una baliza habría evitado el accidente y Gimeno Barberá que se le impidió investigar el siniestro, a pesar de dirigir la auditoria de seguridad en la circulación de FGV.
Unas rendijas que agrandaron los testimonios de los trabajadores de FGV que admitieron en sede parlamentaria realidades negadas hasta ahora en el juzgado: la existencia de un bache y un garrote en el tramo del accidente, la falta de piezas de repuesto para los trenes, la deficiente instalación de las ventanas de los trenes que aumentó el número de víctimas, las maniobras para hacer desaparecer el libro de averías, la ocultación durante cinco años de la auditoría de riesgos laborales o el «aire enrarecido» y de «sálvese quien pueda» que se vivió en FGV. También las consignas «goebbelianas» impuestas por la consultora H&M Sanchis en connivencia con los directivos de FGV con la amenaza de que «en un mes podemos estar todos en la calle o en la cárcel». La Fiscalía quiere que siete de estos trabajadores declaren en el juzgado.
Unas consignas retransmitidas a través del altavoz público de RTVV que ha diseccionado un informe de la Unió de Periodistes. Frente al argumento de la información «al peso» defendida por Pedro García, Lola Johnson o Luis Motes con la excusa de que se ofrecieron 330 noticias sobre el accidente, la Unió de Periodistes desveló que en algunos informativos la «caída de la calidad del semen en verano» ocupó un espacio preferente frente a informaciones sobre la comisión del accidente de 2006. La Unió también constató la evidencia del veto a la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) en RTVV durante siete años.
Aunque la voz de la Avm3j sí ha podido escucharse en esta nueva comisión. Cuatro víctimas intervinieron para explicar en once horas el maltrato y ninguneo al que intentó someterlos la administración. Los ofrecimientos de trabajos (la Generalitat admitió que contrató a 41 familiares de víctimas) o las gestiones opacas que la Avm3j solicita que sean públicas y fijadas en un protocolo preestablecido. La última sesión también abrió otra rendija en la versión oficial sobre donde se hallaron los cuerpos del maquinista y la interventora. Una médica del SAMU asegura que los vio en la cabina del tren, en contra de la versión policial que los ubica junto al resto de víctimas. Otra incógnita surgida de la investigación en las Corts.
