Cuando los estados ya han privatizado propiedades y empresas públicas, los compradores ya han sacado todo el beneficio posible, dejando a los estados sin bienes, y a penas quedan por privatizar algunos servicios públicos, a las multinacionales sólo les queda impedir cualquier marco regulatorio que no sea el del mercado. Junto al Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) decenas de estados, entre ellos la Comisión Europea en nombre la UE, están negociando el Acuerdo en Comercio de Servicios (TiSA) que servirá para restar aún más poder normativo a los estados, y desarmarlos en lo que respecta a su capacidad reguladora. Es relevante esta información porque este acuerdo se está negociando mientras se constituyen los nuevos gobiernos municipales y autonómicos a los que este tratado afecta directamente.
Los partidos políticos deberían incluir un acuerdo para enviar urgentemente escritos a las instituiones de la UE para paralizar esta negociación. De ser ratificado este texto, incluso los gobiernos locales y regionales elegidos el pasado domingo, se verán sometidos a los intereses de las multinacionales a las que deberán avisar con antelación de aquellas normas que pretendan aprobar. El TiSA otorga a estas empresas la capacidad de denunciar a los gobiernos que no cumplan con este procedimiento de información previa y «sin retrasos innecesarios», con la excusa de la «transparencia». El acuerdo además prevé que los gobiernos estarán obligados a facilitar la documentación por escrito, obligará a informar y justificar ante las empresas los cambios normativos que apliquen, a crear estos cauces de comunicación, y a responder a sus requerimientos influyendo así sobre su capacidad legislativa. Más grave e ideológico es que el acuerdo obliga a los gobiernos a asegurar su «imparcialidad» a la hora de conceder licencias para prestar servicios a las empresas extranjeras, dejando de lado otras razones sociales, medioambientales o culturales, imponiendo un marco regulatorio débil o como dice el texto del TiSA «no más estrictas de lo necesario» término el de la «necesidad» que además de ser jurídicamente indeterminado, queda a la interpretación de las empresas interesadas.
No es baladí que todo el texto este repleto de frases y términos ambiguos de difícil interpretación jurídica que permite a la las empresas acudir a conveniencia a los tribunales paralizando la aprobación de normas que les afecten y sometiendo a los gobiernos a un trámite previo de demostración de su voluntad y pudiendo obtener el apoyo de los tribunales de justicia o los tribunales de arbitraje previamente a la aprobación de normas que no les intereses, estableciéndose así un procedimiento prelegislativo. Cualquier trámite que las empresas consideren que es poco transparente u objetivo, como por ejemplo un informe en el que se deslice alguna reflexión de carácter político, puede servir para que se condene a los gobiernos a paralizar normas o a aprobarlas con otro sentido.
Además el TiSA deja la puerta abierta a que estados y empresas diriman sus diferencias, en plano de igualdad, a través de tribunales de arbitraje similares a los que utilizan las empresas cuando pueden agarrarse a un mecanismo de blindaje ISDS, es decir, el sistema de protección al inversor para garantizar el beneficio de estos, una cláusula de protección que es la parte más polémica del TTIP que, junto al TTP y el TiSA, atienden a una óptica neoliberal y a la exigencia desregulatoria de las multinacionales.
