La digitalización de la economía ha traído al mercado nuevos modelos de negocio que están revolucionando los sectores tradicionales. Uno de los casos más evidentes se da en el turismo, donde la industria hotelera se ve sacudida por un nuevo tipo de alojamiento, la vivienda turística, que se desarrolla entre particulares, pero con la mediación de plataformas web que tienen su negocio en la comisión por intermediar.
Es el fenómeno Airbnb, que tiene a las autoridades de todo el mundo en pleno debate fiscal y normativo mientras los habitantes de los centros urbanos se dividen entre la expectativa de negocio y el cabreo por efectos colaterales negativos como la subida de los alquileres o los conflictos de convivencia. Se presenta como una expresión típica de la economía colaborativa: el recurso que le sobra a alguien se alquila y es aprovechado otro. Para los hoteleros, sin embargo, es un nuevo modelo de negocio, la «hotelización» de la vivienda, que les hace competencia desleal al no cumplir con las normas exhaustivas por las que ellos se rigen y, en ocasiones, ni siquiera tributar. Tras esta etiqueta de 'economía colaborativa', en realidad, se esconde un negocio bastante lucrativo, que si bien en principio se desarrollaba entre particulares, hoy tiene a profesionales y grupos inversores dedicando viviendas y edificios enteros a alquiler vacacional. Grandes corporaciones tecnológicas con base en EE UU se disputan una tarta multimillonaria. Solo Airbnb factura al año diez mil millones, casi lo mismo que su gran rival Booking ingresa con la intermediación para reservas hoteleras.
El 'lobby' hotelero contradice que el fenómeno Airbnb sea simplemente la comercialización de la habitación que le sobra a una familia en un determinado momento. Según la patronal hotelera Hosbec, el 43% de la oferta de Airbnb en València ciudad ofrece disponibilidad a tiempo completo, todo el año; y el 72% de los propietarios tienen más de un alojamiento en el portal. Según los cálculos de esta asociación, hay una profesionalización detrás de lo que se presenta como intercambio entre particulares.
¿Qué están haciendo las ciudades ante este fenómeno creciente? Todas comparten la misma preocupación. Hace unas semanas, Madrid, Barcelona, París, Bruselas, Cracovia, Viena, Reikiavik y Ámsterdam se unieron para pedir a la Comisión Europea que obligue a estas plataformas a compartir con las administraciones la identidad de los propietarios que alquilan viviendas. El objetivo no es otro que aflorar la posible economía sumergida y obligarles a tributar.
El Ministerio de Hacienda acaba de aprobar un decreto en esa dirección. La gran lucha, como ocurre en la C. Valenciana, es controlar quién alquila a través de un número de registro que se incluya en la página web, una especie de matrícula del piso. Cada ciudad está afrontando el conflicto desde una posición. En Madrid, por ejemplo, se va a limitar a 90 días el tiempo que cada año pueden estar alquiladas las viviendas reconocidas como de uso turístico. Y esta semana se ha elevado el listón para tener la consideración de vivienda turístico en el centro: se les exigirá una entrada independiente como a los hoteles, lo que dejará fuera al 95% de la oferta actual. En Barcelona, el consistorio de Ada Colau ha apostado por la vía punitiva: sanción a plataformas y 'cierre' de cientos de pisos ilegales.
En la C. Valenciana, la pedagogía y búsqueda de acuerdo del principio de la legislatura han dado paso a la mano dura. La Generalitat ya ha impuesto 27 expedientes sancionadores a plataformas como Airbnb, Homeaway, Milanuncios, Niumba, Fotoalquiler, Rentalia... a razón de 30.000 euros cada uno. Además, esta semana las Corts han aprobado la nueva ley de Turismo, que da todo el poder a los municipios para decidir qué vivienda puede ser turística, limitar la actividad en barrios saturados y obligar a las plataformas a dar los datos de los propietarios. «Estábamos impotentes de ver que desde el ayuntamiento teníamos poca capacidad y competencias para regular un fenómeno que la gente nos achaca. Los arrendamientos urbanos son una competencia estatal y la ley de turismo es autonómica. Ahora hemos conseguido tomar el control», celebra Sandra Gómez, concejala de Turismo. Las líneas maestras del plan de la capital limitarán drásticamente la actividad. Se equipara el uso turístico y al uso comercial y, por tanto, solo se permitirá el alojamiento en plantas bajas o primeros pisos, algo que no cumplen cerca del 70% de las viviendas que hoy se comercializan.
Pero es el Ayuntamiento de Palma de Mallorca el que ha tomado la posición más contundente. Desde este próximo julio, los propietarios de un piso no podrán alquilarlo a turistas. La posición más restrictiva en toda España. Una pionera prohibición total. La medida, justificada en la convivencia y la protección del residente para evitar la subida de precios para el alquiler residencial, abre otro debate, el de la proporcionalidad a la hora de limitar la competencia.
«Nadie tiene derecho a vivir en un sitio»
«Evidentemente que hay intereses públicos que proteger, como el medio ambiente, y que esa protección puede exigir establecer barreras a la actividad económica, pero solo en el caso en que haya una razón imperiosa de interés general, y siempre que sea proporcionada», opina Francisco González Castilla, director del departamento de Derecho Mercantil de la UV. «Nadie tiene derecho a vivir en un determinado sitio. Decir lo contrario es demagogia. Pensar que la administración, sin construir viviendas, solo a base de prohibiciones, va a ordenar el territorio, mantener viviendas baratas para jóvenes, proteger el medio ambiente y no sé qué más, es ilusorio. La prohibición total solo tiene un ganador: los establecimientos hoteleros de la isla», añade.
No opina lo mismo el abogado Alberto Aznar, del Área de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo de la UV ( Econcult). «La vivienda, bien fundamental que tradicionalmente ha sido utilizada en España como bien de inversión, tiene ahora un nuevo uso como bien de explotación empresarial sencilla, inmediata y ultrarrentable que genera un efecto llamada a convertir en alquiler turístico lo que antes era alquiler convencional y esto, lógicamente, afecta enormemente al precio y al acceso a la vivienda».
Aznar cita los informes de los principales portales inmobiliarios (Idealista, Fotocasa, Pisos.com), que cifran las subidas entre el 9% y el 23% en un año en València: «La pregunta es, ¿cuánto han subido los salarios y empleo se ha generado en el mismo periodo? Al mismo tiempo, el 46% de las viviendas de segunda mano que se compran en Valencia son para invertir y, en barrios como el Cabanyal, los extranjeros suponen el 90% de nuevas compras de vivienda». Según el abogado: «Es indudable que hay otros factores que incrementan el precio de la vivienda y sobre los que es necesario tomar medidas, pero actualizar la regulación de las viviendas turísticas es necesario. Las propuestas de esta semana de las Corts y el ayuntamiento son positivas, razonables y adecuadas».
«Airbnb no es el problema sino los especuladores»
El fenómeno genera debate académico y también ciudadano. Desde el Cabanyal, precisamente, un propietario que prefiere mantener el anonimato lamenta la guerra contra las plataformas: «Airbnb ha representado para muchas familias de clase media una forma de llegar a final de mes y de hacer frente a los lastres de la crisis. En muchos barrios de València Airbnb ha revitalizado el comercio y la hostelería, que estaban muertos». «Que la izquierda se posicione contra Airbnb no tiene ni pies ni cabeza. Deberían ir contra los especuladores inmobiliarios -como los que están comprando de forma masiva en el Cabanyal a través de testaferros- y contra aquellos que tienen diez pisos en Airbnb y aprovechan la estructura para hacer negocio fraudulento, pero jamás contra las familias de clase media que intentan tener unos ingresos extra», concluye. Mientras la administración ata en corto la proliferación de pisos turísticos agita el debate en los barrios.
