Los promotores valencianos advierten de que el nuevo plan nacional de la vivienda cierra las puertas a los inmuebles de alquiler social a pesar de que son una prioridad para la Administración. El problema es que, a diferencia de otros planes, el Gobierno no ha establecido convenios con la banca para que financien a 25 años la construcción de los edificios. Cuando los promotores acuden a las entidades financieras a pedir financiación para este tipo de pisos reciben una negativa rotunda porque los bancos «se sienten más cómodos» con las promociones tradicionales en las que tras la entrega de viviendas el préstamo (y por tanto el riesgo) se divide entre los treinta o cuarenta propietarios de los inmuebles.
Una de las empresas de referencia de viviendas de alquiler social en València es Crein, que cuenta con una cartera de más de cuatrocientos inmuebles. La promotora se especializó hace quince años en la construcción de edificios de VPO para alquiler frente al modelo especulativo de otras empresas que han desaparecido durante la crisis. Juan José Galiano, presidente de Crein, explicó que hasta ahora los planes de vivienda iban acompañados de convenios con los bancos para facilitar la financiación a los promotores, pero en esta ocasión el Gobierno no lo ha hecho porque los tipos de interés están muy bajos. La clave es que hasta ahora para que este tipo de operaciones fueran rentables «los promotores necesitaban un tipo de interés más bajo que el de mercado. Los márgenes son muy ajustados y el promotor no podía asumir unos intereses muy altos y por eso el Ministerio llegaba a acuerdos con la banca. Ahora, como los intereses son bajos para todos, el Gobierno no ha firmado el convenio y los bancos no están dispuestos a financiar la promoción a 25 años», apuntó Galiano.
Vicente Llácer, fundador del Grupo Ática, confirma el problema. «Los bancos no quieren asumir un riesgo a 25 años. Estos planes funcionan por los convenios del Ministerio con los bancos», incidió. Al final, los perjudicados son los beneficiaros finales del plan porque no se construyen los edificios. Las bases del plan 2018-2021 especifican que los destinatarios son los «sectores de población con escasos recursos». Los inquilinos perciben con carácter general una subvención del 40 % de la renta mensual. Los promotores reciben una ayuda máxima de 350 euros por metro cuadrado con un tope de 36.750 euros por vivienda con la obligación de que «vayan a ser destinadas a arrendamiento por un plazo mínimo de 25 años».
