Se ve una luz al final del túnel, pero veremos de cuántos vatios. Creo que será una cerilla y vamos a ver cuánto tardamos en llegar allí». Quien se expresa así, entre esperanzado y pesimista, es el secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Juan Salvador Torres. Y, en efecto, el sector tiene motivos para ilusionarse porque los legisladores españoles y europeos están dando señales claras de tratar de poner coto a uno de los grandes problemas de los productores: la venta a pérdidas. Claro que el poder de las grandes superficies, la influencia de las economías más liberales y la intervención de los organismos de competencia son una amenaza lo suficientemente seria como para que los afectados no tiren las campanas al vuelo.
Los agricultores afrontan desde hace muchos años un problema muy serio que está en la base de la subsistencia de toda empresa: en muchas ocasiones les pagan por lo que producen menos de lo que cuesta «fabricar» esos artículos. Es decir, venden con pérdidas. Es lo que tiene un producto perecedero, que no se puede guardar en el almacén y es mejor colocarlo en el mercado al precio que sea. Se trata de reducir los números rojos. Una práctica generalizada de tal calibre en el Ibex 35 causaría el hundimiento de la economía española. ¿Por qué sucede esto? Torres lo tiene claro: por el «abuso continuo de las grandes superficies», que establecen márgenes «para ellos y los otros intermediarios muy buenos, del 2 % o el 3 %, y fastidian al que está por abajo, es decir, al productor». En estos momentos, la campaña citrícola está en pérdidas. La solución, según su criterio, se encuentra en que el distribuidor repercuta el coste real de los productos sobre el consumidor y no sobre los agricultores, «pero solo lo hará si le obliga la ley».
Y es ahí donde se otea un horizonte de buenas expectativas en tres frentes. En primer lugar, el pleno del Parlamento Europeo aprobó en octubre un informe de la Comisión de Agricultura sobre prácticas comerciales desleales que incluye entre las mismas la venta a pérdidas. El mismo mes, la Asamblea Nacional de Francia dio su visto bueno a una legislación sobre agricultura y alimentación que incrementa el umbral de esta práctica en un 10 %, de forma que los distribuidores deberán vender el producto como mínimo un 10 % por encima del precio al que lo hayan comprado. Por último, el ministro de Agricultura, Luis Planas, acaba de anunciar que antes de final de año se modificará la ley española de mejora de la cadena alimentaria para introducir la prohibición de la venta a pérdidas.
Torres aseguró que espera que el valenciano de origen Planas «sea valiente» y consiga ese propósito. Sus dudas proceden de que la legislación actual «era muy buena en borrador, pero salió coja de la Comisión de la Competencia», que finalmente mantuvo la venta a pérdidas al considerar que esta «era buena para el mercado». La ley contemplaba también un Observatorio de Precios y Costes que debía actuar cuando el precio medio de venta sea inferior al coste medio de producción, pero «no está funcionando».
No obstante, si el Gobierno de Pedro Sánchez cumple su palabra solo se solventaría una parte del problema, el que atañe a la demanda interna, porque, según el dirigente de AVA, la otra es la europea y afecta a las exportaciones, dada la diversidad de legislaciones sobre cadena alimentaria que hay en el seno de la UE. Y las tensiones internas en el continente son, como siempre, de gran calado. En este caso, la mayoría del Parlamento está con la comisaria de Agricultura, mientras que la minoría más conservadora apoya a la Comisión de la Competencia que quiere libertad total, una opción también defendida por países norteños como Holanda o Alemania. Ahora se trata de que el borrador aprobado por el Parlamento se negocie con la Comisión Europea y el Consejo, que representa a los Estados. Ahí está en buena parte la desconfianza de Torres, quien cree que «saldrá una directiva, pero no corregirá realmente los problemas».
A la espera de ver cómo se resuelve la cuestión en los ámbitos nacional y europeo, Torres aboga por que el sector tenga un seguro de mercado que garantice que el agricultor como máximo perderá un porcentaje del coste total, pongamos un 30 %, y que el restante 70 % esté garantizado.
