Hace dos meses, el presidente Pedro Sánchez pronunció el discurso de clausura del evento South Summit en Madrid, que reúne a cientos de emprendedores, startups y numerosos agentes con interés en este ámbito. Sus palabras se dedicaron a reforzar el mensaje de que el Gobierno iba a promover las medidas necesarias para que España se convierta en una «nación emprendedora».

Hace sólo unos días, el Gobierno ha abierto el trámite de consulta pública que inicia el procedimiento legislativo de la futura Ley de Fomento del Ecosistema de Startups.

El término de «nación emprendedora» que utilizó Sánchez en su discurso remite inevitablemente al de Startup Nation, bajo el que se conoce el fenómeno desarrollado en Israel, un país de menos de nueve millones de habitantes que desde la década de los noventa entendió la conveniencia de potenciar el emprendimiento, y que supo establecer las medidas para llevarlo a cabo hasta convertirse en una referencia mundial con iniciativas como el Programa Yozma, que favoreció la inversión de venture capital en las startups del país, no sólo creando una red de incubadoras interconectadas, sino destinando partidas presupuestarias significativas para la coinversión en proyectos nacidos allí, además de numerosas medidas complementarias. Y lo que es más importante: consiguiendo que la inversión destinada a ese fin resultara rentable.

Si, por tomar otro ejemplo, la referencia mental de nuestro gobierno es Silicon Valley, en USA, no dispondría aquí de suficiente espacio para citar todas las diferencias que hacen más accesible el emprendimiento allí, desde las facilidades para constituir una empresa sin tener que pasar por decenas de trámites, pasando por una fiscalidad orientada a promover la retención del talento.

Sin duda, hay que ser positivos y recibir con buen ánimo los pasos que se están dando para que finalmente exista un reconocimiento legislativo a las startups. No lo tienen tan difícil, el contexto es claramente mejorable y lo que se necesita es una voluntad sincera y decidida. Es una apuesta cuyo retorno puede incidir estructuralmente en la economía del país, y que ha de empezar desde la formación a las nuevas generaciones.

Pero más allá de los cambios de fondo, o a futuro, existen numerosas cuestiones concretas que se pueden abordar con carácter inmediato y que pueden recogerse en la futura Ley para evidenciar una verdadera intención de mejora del entorno emprendedor. Podemos citar, por ejemplo: la reducción de los trámites burocráticos necesarios para la constitución y puesta en marcha de nuevas sociedades; el cambio en la fiscalidad de las stock options, instrumento utilizado por las startups para conseguir captar y retener el mejor talento que sufre un gravamen tributario completamente disuasorio; la mejora de las deducciones fiscales por inversión en empresas de nueva creación, que actualmente tiene un alcance muy limitado y contempla requisitos que impiden su aplicación a los vehículos de coinversión; o una atención mayor al entorno regulatorio para que sepa adaptarse a las nuevas iniciativas, con instrumentos como un sandbox para el sector fintech que cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento.

En fin, habrá que confiar en que el anuncio del Gobierno se convierta de verdad en una norma que promueva el ecosistema emprendedor atendiendo a sus necesidades prácticas. Estaremos atentos.