Hemos despedido 2018 en un ambiente de fuerte volatilidad de los mercados que podría poner en riesgo la estabilidad financiera, originada por diversos asuntos que generan una gran incertidumbre, como la guerra comercial iniciada por Trump contra China, los términos finales, en su caso, del Brexit, o los efectos de la normalización de la política monetaria.
En ese contexto, el primer día del año se ha celebrado el vigésimo primer aniversario del euro, tras un Consejo Europeo, a mediados de diciembre último, en el que las medidas adoptadas para reformar la arquitectura de la moneda común han vuelto a defraudar las expectativas de quienes pensamos que es imprescindible un mayor nivel de integración real.
Cuando en Maastricht se acordó iniciar el camino hacia la unión monetaria, uno de los objetivos que se planteaban era que se alcanzara la convergencia de los países, de forma que la combinación del mercado único y la moneda única, estimulara el crecimiento económico y permitiera que los estados miembros menos acomodados se acercaran sustancialmente a los más ricos, en términos de PIB per cápita. Esta fue una de las promesas. Desde hace tiempo, cuando se discuten las reformas que necesita la eurozona, se hace muy poco énfasis en dicha promesa.
Con la entrada del euro, se intensificó la integración económica y financiera, pero la deficiente arquitectura de la moneda y la falta de voluntad política para avanzar en términos de solidaridad ha hecho que aumentaran las desigualdades y las asimetrías entre los estados miembros.
La crisis del euro dejó claro que la UEM no funciona de forma óptima, antes al contrario, la moneda única ha resultado muy vulnerable a los choques asimétricos, hasta el punto de que estuvo a punto de desaparecer. Lamentablemente ha existido una fe ciega en la capacidad de los mercados para asignar riesgos y recursos de forma eficiente, pero la realidad nos ha demostrado que eso es insuficiente, y que no será lo que proteja al euro de futuros shocks.
En 2012, cuando en plena crisis de la deuda soberana el edificio se tambaleaba, Van Rompuy, entonces presidente el Consejo Europeo, anunció muchas reformas que se consideraban necesarias para apuntalar el euro, tales como la unión bancaria -con un sistema de garantía de depósitos común- la puesta en marcha de un presupuesto de apoyo al euro, o la emisión de eurobonos, con riesgos mutualizados. Tres años más tarde, el llamado informe de los cinco presidentes (Consejo, Comisión, Eurogrupo, BCE y Parlamento Europeo), presentaba un ambicioso plan para profundizar en la UEM y reforzarla, con muchas de las medidas citadas. Pero hasta 2018 se ha avanzado muy poco. Algunas de ellas, como las emisiones comunes de deuda, han sido totalmente aparcadas, y otras, como el fondo de garantía de depósitos que ha de proteger los ahorros de los ciudadanos de cualquier país de la unión monetaria, están atascadas, sin que hayan podido ponerse en práctica.
En la reciente Cumbre del Euro, se ha dado un pequeño paso adicional en el proyecto de unión bancaria, al acordar una reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), al que se dota de un fondo de resolución para que, en caso de que una entidad bancaria se encuentre en una grave situación, se la pueda apoyar, en términos de solvencia o de liquidez, sin necesidad de tener que recurrir a fondos públicos.
Sin embargo, eso no es suficiente, porque la unión bancaria sigue sin completarse, a pesar de que todas las opciones técnicas para poner en marcha el fondo de garantía de depósitos están suficientemente estudiadas y de que el BCE considere que el saneamiento de los activos bancarios está suficientemente avanzado. Pero, en la práctica, el Eurogrupo ha aplazado hasta junio de 2019 cualquier decisión sobre dicho fondo, y en el texto final de los acuerdos del Consejo, ni tan siquiera se menciona este asunto. Es, pues, un problema estrictamente de voluntad política.
También se ha acordado dotar a la zona euro de una mínima capacidad fiscal común, a través de un presupuesto central cuya finalidad, originalmente, sería la financiación de inversiones que favoreciera la convergencia, la competitividad y la estabilización de los países en situación de crisis. Esto fue anunciado, con un cierto tono triunfalista, en junio de 2018, tras el encuentro franco alemán en el Palacio de Meseberg, lo que, inmediatamente, fue causa de preocupación y desacuerdo por parte de varios de los países del norte de la zona euro. Finalmente, en la Cumbre de diciembre, se ha acordado, sin más concreciones, crear un instrumento que favorezca la competitividad y la convergencia, excluyendo expresamente su función estabilizadora, cuya discusión ya había generado fuertes enfrentamientos en la reunión previa del Eurogrupo, al igual que sucedió con la posibilidad de crear algún tipo de seguro de desempleo común. O sea, nada que huela a solidaridad.
Sin embargo, un mecanismo de inversión permanente, financiado adecuada y centralmente, para apoyar iniciativas de mejora de la productividad ayudaría a revitalizar la demanda agregada y a suavizar los procesos de ajuste interno, evitando presión sobre los presupuestos nacionales, en un momento en el que existe un gran exceso de deuda. Esto sería particularmente importante, si tenemos en cuenta que, en lugar del objetivo de convergencia, lo que se ha generado es profundizar en las desigualdades, sin ser conscientes de que la exclusión social, dentro de los países, es lo que constituye una amenaza permanente a la estabilidad económica y social, y a la democracia, favoreciendo los populismos de cualquier naturaleza.
Parte del origen de las divergencias macroeconómicas de los países de la zona euro se encuentra en causas endógenas, y que su solución requiere reformas estructurales en los mismo, en materias como, por ejemplo, la calidad de sus administraciones públicas, de fomento de la competencia o educativas y de formación de sus trabajadores. Pero no podemos olvidar ni que las reformas estructurales a las que algunos se refieren, sistemáticamente, hacen referencia solo a flexibilizar más el mercado de trabajo, ni que los países que peor lo están pasando sufren sobre endeudamiento y, por tanto, les resulta muy difícil acometer reformas que mejoren su productividad. Por ello no debería descartarse dotar a la UEM de una capacidad fiscal central que fomentara la inversión.
La eurozona necesita estabilizadores automáticos comunes, a través de impuestos, de un seguro de desempleo y de gasto social y en salud; lo que tan buenos resultados ha dado en los países que disponen de los mismos.
El euro cumple 20 años, pero dadas las circunstancias vividas, no hay demasiados motivos de celebración. Se necesitan reformas que apuntalen el edificio.
Relanzar el proyecto europeo es una prioridad absoluta, pero teniendo claro que hay que poner como objetivos, en primero lugar, el bienestar y la sostenibilidad, y no, exclusivamente, la disciplina fiscal.
