Durante la última década, Javier Gómez-Ferrer ha tenido que bucear en las cloacas del poder y se ha enfrentado, como Abogado del Estado, a la corrupción generalizada que caracterizó los 20 años de gobiernos del PP valenciano. En nombre del Estado, ha ejercido la acusación de casos tan mediáticos como Terra Mítica, Emarsa, la parte inicial de Gürtel o el que acabó en condena para el empresario Vicente Cotino y el expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas. A pesar de esta etapa «complicada» (alguno añadiría que apasionante, pese al hedor), asegura que la carrera en su oficio es «muy limitada» si el que ejerce no está en Madrid. Así que, por «buscar nuevos aires» y porque «ya lo había hecho todo» en su oficio, se ha pedido una excedencia y ha acepado la oferta de BDO, una firma internacional de servicios de consultoría, auditoría y abogados, para liderar el área legal en la oficina de València.
Gómez-Ferrer nació en dicha ciudad el día de Navidad de 1981 en una familia (paterna y materna) vinculada a la medicina y el Derecho, entre quienes figuran un bisabuelo médico -Ramón Gómez-Ferrer- con estatua en la Glorieta de València y un tío magistrado del Tribunal Constitucional. Por esta segunda disciplina se decantó tras su formación inicial en el Colegio El Vedat -concertado, del Opus, solo para chicos-. Estudió Derecho en la Universitat de València con la idea de opositar. Y lo logró con notable éxito. De hecho, en 2006, con solo 24 años, siendo el más joven de su promoción -y el más joven de España en lograrlo durante unos cuantos años- se convirtió en abogado del Estado. No tardó, claro está, en lograr ocupación. En enero de 2007 ya ejercía su profesión en València. Durante los primeros cuatro años, también le correspondió llevar los asuntos de Teruel. Desde 2011 y hasta el pasado lunes, cuando se incorporó a BDO, ejerció en exclusiva en València, donde ha coordinado la parte penal y ha llevado también asuntos contencioso-administrativos y tributarios. Además, en los tres últimos años ha ejercido como secretario del consejo de administración de VPI (València Plataforma Logística Intermodal), una firma filial del Puerto de la ciudad.
Aunque no descarta volver a su primer oficio e incluso retirarse en el mismo al cabo de los años, todos sus sentidos están puestos ahora en BDO, una consultora que hace unos años adquirió el despacho local Vallés Abogados y «que está creciendo mucho en València». Abrirse al campo mercantil, lidiar con labores comerciales y dirigir equipos son tres de los motivos, confiesa, que le han impulsado a dejar la zona de confort. Parece que va con su carácter a la vista de las aficiones de este abogado también tentado por la docencia: da clases de Derecho administrativo en la Universidad Católica y antes las impartió de Derecho de la UE en la de València. Con gusto por el dibujo y la pintura, acostumbra a llevar a sus viajes acuarelas y cuadernos que rellena con precisión y buena mano, como puede verse en la imagen. También es melómano, aunque no ha estudiado música. Forma parte de un grupo -Imperio de la ley, se llama, ¡cómo no!- junto a otros abogados del Estado de toda España. Toca el bajo «con la memoria» y da conciertos benéficos. Casado con una farmacéutica valenciana, el año pasado adoptaron a un niño en la República Dominicana, donde estuvieron cuatro meses. Y, claro, ahora, donde esté el hijo que se quiten los pinceles y las cuerdas.
