El pasado miércoles la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana superó el obligatorio trámite parlamentario, siendo aprobada por unanimidad de los presentes en la votación celebrada en Les Corts. Era una noticia esperada por el sector, pero no por ello deja de ser celebrada.
Si hacemos un diagnóstico del sector agrario valenciano, entre los problemas que nos aquejan convendremos en señalar cuestiones como el creciente abandono de la actividad, el elevado minifundismo y la dispersión parcelaria, la falta de relevo generacional y la necesidad de una mayor concentración de la oferta. La Ley de Estructuras Agrarias pretende ser un elemento fundamental para impulsar un proceso de cambio en la agricultura valenciana que conduzca a superarlos.
Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana ha trabajado intensamente con la Administración autonómica para dotar a la Ley de elementos necesarios para el mantenimiento de la actividad agraria y, con ello, de nuestra capacidad productiva. En este sentido, destacan las Iniciativas de Gestión en Común (IGC), que podrán acogerse a las medidas de reestructuración previstas y obtendrán además beneficios fiscales.
Puesta en negro sobre blanco, la Ley de Estructuras Agrarias es un elemento necesario, una buena noticia de las que últimamente no abundan en la actualidad del sector. Sin embargo, toda su potencialidad se puede ir al traste si su aplicación se frena por la falta del desarrollo normativo posterior o por no estar dotada de los recursos económicos necesarios. Contamos con un elemento para pensar que eso no sucederá: la unanimidad de todos los grupos a la hora de votarla. Nos aferramos a ello y exigiremos que ese consenso se convierta en un aval para su aplicación efectiva, con independencia del signo político de la Generalitat resultante de la celebración de las próximas elecciones autonómicas.
Elecciones
Aprovecho este tema para hacer una última reflexión, necesaria en pleno contexto preelectoral y aplicable al ámbito autonómico y nacional. La agricultura debe ser un tema prioritario para todas las formaciones concurrentes a los comicios, debe ser entendida como una cuestión de Estado. Tras las elecciones, se debe generar un marco de debate que incluya a todos los partidos y a las entidades representativas del sector para trabajar conjuntamente en el diseño y desarrollo de una política agraria perdurable en el tiempo, con capacidad de adaptación a los cambios que se produzcan en el sector, que no se vea sometida a vaivenes institucionales de ningún tipo, que ponga a los productores en el centro de sus políticas y que nos ayude a que los agricultores recuperen el peso en la cadena que nunca deberían haber perdido.
