Las empresas valencianas empiezan a tomar medidas para cumplir con la nueva obligación de registrar de manera efectiva la jornada de sus trabajadores. El hecho de que el próximo 12 de mayo entre en vigor la normativa ha llevado a que numerosas firmas empiecen a interesarse por las distintas alternativas que existen en el mercado para controlar los horarios de sus empleados. Así lo aseguran a este diario distintas firmas especializadas en la comercialización e instalación de este tipo de dispositivos, que llegan a cifrar hasta en un 40 % el aumento de la demanda desde que el Consejo de Ministros dio luz verde a su decreto. «Cuando se empezó a hablar del tema a finales del año pasado, ya se notó un repunte, pero ahora ha sido casi instantáneo. Y más que subirá hasta que llegue el 12 de mayo», asegura el director comercial de la firma Iglobalcard, Eduardo Martínez, que recuerda que este tipo de controles son lo habitual en otros países europeos.
«Nos están llegando muchas solicitudes de información y peticiones de presupuestos», confirma también el gerente de la eldense Infortic, José Olcina, una tendencia que también corrobora el responsable de Informedia, José Manuel Torres. Y es que, hasta ahora, los registros de jornada sólo eran habituales en las grandes empresas -y no en todas-, por lo que una gran parte del tejido productivo deberá adaptarse a marchas forzadas a la nueva situación, si quiere evitar exponerse a una posible multa de la Inspección de Trabajo.
Un cambio que no saldrá gratis, como recalcan desde la patronal autonómica CEV, aunque lo cierto es que la horquilla de precios que existe en el mercado es de lo más variada. Así, pueden encontrarse dispositivos para fichar medianamente aceptables a partir de unos 350 euros, mientras que una instalación con varios tornos para controlar la entrada a una gran compañía puede costar de 20.000 a 30.000 euros.
Curiosamente, aunque la nueva ley es una exigencia de los sindicatos, que la creen imprescindible para acabar con el abuso de las prolongaciones de jornada, no es raro que los trabajadores ofrezcan cierta resistencia al principio, al considerarlo como un mecanismo de control por parte de la empresa. Así, se producen incluso pequeños boicots en los que los empleados «ponen mal la huella para ver si la compañía desiste y se libran de fichar», señala Olcina.
A este respecto, todas las firmas consultadas aseguran que cada vez cobran más fuerza los dispositivos que utilizan marcadores biométricos para fichar, como la citada huella dactilar o el reconocimiento facial, por su mayor seguridad. «Con la tarjeta se puede registrar cierto grado de fraude, que un compañero la pase por ti, pero la huella es intransferible», señala Eduardo Martínez, que también destaca la comodidad de no depender de ningún artículo «que se te puede romper o se te puede olvidar». Además, los instaladores aseguran que no supone ninguna invasión de la intimidad, ya que al pasar el dedo o poner la cara lo que se guarda, en realidad, es un código alfanumérico que no permite luego reconstruir las facciones o el relieve dactilar del usuario. Es decir, que no se puede decodificar a la inversa.
A pesar de ello, de momento, la mayoría de las grandes empresas de la Comunitat Valenciana donde existen dispositivos de control de acceso o de horarios optan por la tarjeta. «En nuestro caso, hemos hecho de la tarjeta un elemento de pertenencia a la empresa, la llevamos siempre colgada. Pero es cierto que también nos parece que es una opción menos intrusiva», señala el director general de Sistel, Manuel Cazorla, que recalca que, en su caso, se trata más de una medida de seguridad que de registro horario, ya que en Sistel trabajan en función de objetivos.
Demasiadas incógnitas
Desde la patronal autonómica CEV tienen claro que el control de jornada «ha llegado para quedarse», ya que, como recuerdan, existe también una sentencia del Supremo y una directiva europea en el mismo sentido. Además, lo consideran positivo para acabar con algunas malas prácticas, como el «presentismo». Sin embargo, lamentan que el Gobierno no haya acordado el texto de su decreto con los agentes sociales y la ambigüedad del documento, que exige un control efectivo de los horarios y que éste se guarde durante cuatro años, pero no establece la fórmula para hacerlo. Se deja en manos de la negociación colectiva. «Estamos consultando con bufetes de abogados y con la propia Administración porque no tenemos claro qué será válido si llega un inspector y te pide los registros», apunta el secretario general de esta organización, Miguel Ángel Javaloyes, que señala que la propia CEV está estudiando la forma de implantarlo con sus propios trabajadores.
