El próximo 28 de abril estamos llamados a votar en elecciones; es buena época para ofrecer rebajas de impuestos. Algunos prometen una «auténtica revolución tributaria», mediante la supresión de algunas figuras impositivas y la reducción de otras. El mensaje que lo «justifica» es que el dinero está mejor en manos de los ciudadanos, para que hagan con él lo que quieran, que en las arcas de las administraciones, que, así, «ejercerán el mejor control posible sobre nosotros, al decidir por nuestra cuenta en qué gastarlo».
Con alguna excepción puntual, tales promesas electorales son ofrecidas por los partidos políticos de derechas; aquellos que ahora pretenden atribuirse la exclusividad del patriotismo y la defensa de la Constitución.
Sin embargo, resulta que hay pocas cosas más patrióticas y constitucionales que pagar impuestos. El artículo 31.1 de nuestra carta magna establece que «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad ?»
Por tanto, parece evidente no solo que debemos pagar impuestos, sino que debemos hacerlo de forma que quienes más renta y más riqueza detenten, paguen más que proporcionalmente, y que los que dicen -porque créanme que lo dicen- que el mejor impuesto es el que no existe, es que realmente no acatan la Constitución que dicen defender. Es posible que haya algún tipo de «constitucionalistas» formado por quienes prefieren ofrecerle a la patria su sangre antes que su dinero.
Sociedad próspera
Seamos serios, por favor. Simplemente no es posible que tengamos una sociedad próspera, en la que puedan predominar las clases medias, sin un nivel impositivo que pueda ofrecer, de forma decente, igualdad de oportunidades a los ciudadanos: salud para todos, una educación que favorezca la movilidad social, una red de protección a través de servicios y prestaciones sociales digna, para que nadie se quede en el camino, una defensa nacional eficaz, o una fuerte regulación pública en materia medioambiental, para que ningún egoísmo particular deteriore el planeta en el que vivimos hasta liquidarlo.
La única forma de sostener a un gobierno democrático, legítimo y de éxito es mediante la existencia de un sistema fiscal sólido, que obtenga los recursos financieros suficientes para mantener unos servicios públicos de calidad y estimular un crecimiento con equidad; es, además, la única defensa, a largo plazo para salvaguardar los derechos democráticos y la lucha contra los populismos autoritarios.
Pensemos, por ejemplo, en EE UU, donde no hace demasiado su presidente, Donald Trump, y el partido que lo sostiene, el Republicano, provocaron lo que ellos han calificado como la mayor rebaja fiscal de la historia; algo que parece que algunos quieren reproducir aquí. Lo cierto es que han bajado impuestos a las grandes empresas y a las personas muy ricas, incrementando todavía más la desigualdad y el déficit presupuestario. Es verdad que EE UU es el «campeón» mundial de las grandes fortunas, como también compite con éxito en las más amplias capas de pobreza, para ser también el campeón mundial de la desigualdad, con un penoso sistema de salud, que sitúa su esperanza de vida por debajo de la de algunos países en vías de desarrollo, y desde luego lejos, por ejemplo, de la española.
Esa realidad ha provocado un aluvión de propuestas de algunos legisladores demócratas demandando incrementar los tipos marginales en el impuesto sobre la renta y establecer impuestos sobre la riqueza, lo que, a su vez está estimulando el debate de los economistas sobre su sistema impositivo.
Desde el punto de vista de la teoría económica, un sistema tributario con tipos impositivos progresivos está basado en el concepto de la utilidad marginal decreciente de la renta; en pocas palabras, un euro adicional tiene más valor para una persona que obtiene poca renta, digamos 500 euros mensuales, que para otra con unos ingresos mucho más elevados, digamos 10.000 euros mensuales. Por ello, combinar un aumento de los impuestos para quienes ganan 10.000 y una reducción para quienes ganan 500, incrementa el consumo, y por tanto la demanda agregada, lo que puede beneficiar el crecimiento.
Algunas investigaciones, que tienen en cuenta lo anteriormente señalado, pero también los posibles efectos desincentivadores que sobre la productividad podrían ocasionar los aumentos impositivos, han intentado calcular, una tasa impositiva marginal óptima, situándola entre el 70 y el 80 por ciento. Ni que decir tiene que estos resultados pueden ser discutibles, porque sus autores tienen que realizar supuestos sobre las llamadas funciones de bienestar social, tales como cuáles son los niveles de desigualdad o igualdad que una sociedad prefiere.
Es evidente que esto último -el nivel de igualdad o desigualdad„forma parte, en último término, de preferencias que, finalmente, se traducen en opciones políticas. Pero, desde el punto de vista macroeconómico, hasta un organismo tan poco sospechoso de progresismo como el Fondo Monetario Internacional ha mostrado en sus investigaciones que la desigualdad muy alta puede representar un serio peligro para la sostenibilidad del crecimiento, al convertirse en un lastre para la demanda agregada. Otros relevantes economistas han argumentado que la desigualdad, además, pone en peligro la estabilidad financiera, al presionar a los hogares de rentas bajas a endeudarse en exceso para mantener su nivel de consumo.
En el pasado, se enseñaba a los estudiantes de Economía que había que elegir entre eficiencia y equidad. La idea clave en el debate sobre la tributación en los últimos años es que pueden existir complementariedades importantes entre eficiencia y equidad, y que, por tanto, una economía que funcione bien, no solamente ha de recompensar el esfuerzo de una manera justa -que, por supuesto, ha de hacerlo„sino que, además, debe garantizar que se realizan las aportaciones necesarias para garantizar una contribución adecuada al bien común. Las rebajas impositivas tienen un efecto perverso colateral: tienden a reducir el ahorro interno de la economía (ahorro público más ahorro privado), lo que genera un mayor desequilibrio negativo en la balanza por cuenta corriente, aumentando el endeudamiento exterior, una de nuestras debilidades macroeconómicas.
Presión fiscal
No nos dejemos engañar. En España, como media, se pagan relativamente pocos impuestos ya que la presión fiscal es notablemente inferior a la media de los países de nuestro entorno. Si se recaudara lo mismo que, como promedio, hacen los países de la Unión Económica y Monetaria, no existiría déficit fiscal, ni habríamos acumulado el enorme nivel de endeudamiento que tenemos. Es cierto, no obstante, que la única solución posible no es incrementar los impuestos de forma indiscriminada, ya que el actual reparto de la carga fiscal no es justo, porque existe un alto nivel de fraude, y porque nuestro sistema impositivo es profundamente ineficiente. Pero ese es otro debate muy interesante.
En esta «temporada de ofertas» hay que preguntar a quienes pretenden bajar los impuestos, qué servicios van a suprimir y cuáles verán deteriorada su calidad, porque no hay otra solución viable. Lamentablemente no nos dirán la verdad.
