con las elecciones -generales, autonómicas, europeas y municipales- a la vuelta de la esquina, el campo vuelve a situarse en el centro de atención de nuestros políticos y a concitar su interés como posible caladero de votos. Proliferan estos días en los medios de comunicación calculadas imágenes de los líderes de los partidos encaramados a un tractor o acariciando una vaca. Tampoco faltan las promesas en materia agraria ni la reivindicación del papel estratégico que tiene este sector como motor económico y herramienta para combatir el problema de la España vacía, o vaciada, como les ha dado por decir últimamente.
De pronto, y como suele ocurrir con motivo de las citas electorales, la agricultura cobra una inusitada y repentina importancia en las agendas políticas que, por desgracia y a la vista de los múltiples precedentes, no se ve reflejada después, cuando llega la hora de la verdad, en la acción de gobierno.
Resulta una evidencia, y así lo destacan los más reconocidos expertos, que contar con un sector agrario fuerte es garantía de estabilidad, progreso y crecimiento para cualquier territorio, para cualquier país. En estas últimas semanas, y por la causa ya apuntada, hemos escuchado hablar más de agricultura que durante los últimos cuatro años y lo que de verdad cuenta no es lo que se diga ahora, sino lo que se haga después. Los profesionales del campo, sus habitantes, no se alimentan de buenas palabras. Lo que precisan es el establecimiento de unas condiciones mínimas que les permitan transitar la senda de la rentabilidad.
Y, sin embargo, los años pasan y no es ya que todo siga igual, sino que la situación se va degradando a ojos vista. La dureza de la crisis que ha caracterizado esta campaña citrícola, los precios ruinosos que son moneda habitual en tantos cultivos y el consiguiente abandono de tierras constituyen ejemplos palpables de esa decadencia. Mientras tanto, la sensación es que la legislatura concluye, en el ámbito autonómico y en el capítulo agrario, prácticamente en blanco. Las medidas de auténtico calado, como la ley de estructuras agrarias, se han aprobado a última hora y sin esa concreción presupuestaria que se antoja imprescindible. En cuanto a Madrid, lleva décadas limitándose a aplicar de manera mimética las directrices que emanan de Bruselas.
En el sector agrario, y muy especialmente en el valenciano, lo que hace falta es un compromiso claro e inequívoco que se concrete en hechos, en planes ambiciosos tanto en sus objetivos como en sus presupuestos. Los abusos provocados por la asimetrías del mercado, el déficit hídrico o en investigación son, entre otros, asuntos a abordar dentro de un contexto de emergencia que no admite demoras. Con todo, y escarmentados como estamos, la incontinencia verbal en torno al campo que aqueja a ciertos políticos nos lleva a preguntarnos si será flor de un día. No gustaría pensar que no.
