Tapada por el combate al independentismo y los mensajes retrógrados emanados de Vox y comprados por PP y Ciudadanos, la economía ha pasado casi de puntillas durante la reciente campaña electoral. Una circunstancia sorprendente si tomamos en consideración que es el factor clave en el bienestar de la ciudadanía y que el escenario internacional, de momento caracterizado por la desaceleración, tiene sobre sí suficientes nubarrones como para temer un agravamiento. Aunque el debate territorial no va a pasar a un segundo plano, es factible pensar que en la acción de gobierno que se avecina, la economía se sitúe en posiciones protagonistas.
Los electores han dado un mandato a los socialistas para que lideren los gobiernos de España y la Comunitat Valenciana, ya sea en solitario con apoyos parlamentarios, como se atisba en Madrid, o con la reedición del Pacte del Botànic, como sucederá en València. ¿Cuáles son los principales retos que afrontarán los gobiernos presididos por Pedro Sánchez y Ximo Puig en cada territorio?
Antes que nada, un par de apuntes. El director del departamento de estudios de la patronal autonómica CEV, Ricardo Miralles, descarta una recesión en el corto y medio plazo y tampoco prevé una guerra comercial en toda regla entre Estados Unidos y China. El director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Francisco Pérez, cree que una recesión solo se dará si confluyen varios de los riesgos que se avizoran en el horizonte, pero en principio solo contempla «una etapa de desaceleración». La precisión es importante por la legislatura que se va a iniciar cambiaría de forma radical si se produce una recaída global en la crisis.
Por tanto, si no se atisban emergencias, la acción de gobierno se puede orientar hacia dos de las cuestiones en que los agentes económicos coinciden en que hay que atacar desde ya. Por un lado, la desigualdad, con unas clases medias que han perdido poder adquisitivo, un mayor número de personas en situación de pobreza y una extensión de la precariedad laboral, singularmente entre los más jóvenes, que complica la capacidad de ingresos -y gasto- de muchos ciudadanos, lo que implica que tendrán enormes problemas para subir en la escala del bienestar. Por el otro, muy vinculado al anterior, la imperiosa necesidad de ganar competitividad y productividad.
Como explica Miralles, el crecimiento un 20 % más lento de la Comunitat Valenciana respecto a España en 2018 -un 2,1 % por un 2,6 %- y el nuevo deterioro del PIB per cápita se debe a que la autonomía, como el país, no avanzan lo suficiente en los factores citados. Es, en su opinión, una prioridad ineludible para los futuros gobiernos de Pedro Sánchez y Ximo Puig. Para ello, además de transmitir estabilidad, confianza y seguridad jurídica para que los agentes económicos se sientan impelidos a invertir, ambos Ejecutivos -el valenciano está limitado en sus competencias a la hora de incidir en la gran macroeconomía-deben encauzar su política económica para propiciar incrementos de competitividad y productividad que mejoren los ingresos fiscales, eleven los salarios y el poder adquisitivo de la población y aporten mayores recursos para las mejoras en las políticas sociales. «Nunca al revés», advierte. Así que nada de subidas fiscales, ni del SMI ni más cargas a las empresas.
Para Francisco Pérez, sin embargo, una de las grandes reformas pendientes para el próximo gobierno central es precisamente la fiscal, para superar los desequilibrios en las cuentas públicas. En su opinión, el déficit no nace de un mayor gasto que en otros países de nuestro entorno, sino de unos «ingresos menores por las deficiencias en el sistema fiscal», por ejemplo un tipo medio del IVA inferior a la media europea. Pérez añade la educación, cuyos «resultados no son buenos», la adaptación al cambio climático y la introducción de parámetros de productividad en el sector público, cuya «gestión es manifiestamente mejorable», como otras de las reformas que tienen que estar en la agenda de los nuevos gobiernos.
Es casi obvia la divergencia a la hora de actuar en el mercado laboral. La patronal insta a no retroceder en las reformas ya en marcha y también rechaza otra subida del Salario Mínimo Interprofesional. Desde el Ivie, Pérez apunta que el marco actual no ha logrado eliminar «la excesiva temporalidad» y, por tanto, «hay que hacer cambios también para mejorar la productividad». Los sindicatos, casi hacen enmienda a la totalidad.
El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, cuyas prioridades son «crear empleo, repartir la riqueza y hacer justicia social», coincide con su homólogo de CC OO-PV, Arturo León, en que la clave es la derogación de la reforma laboral del PP, pero «sin volver al pasado». Es decir, que se modifiquen los aspectos más «dañinos» de dicha legislación. Por ejemplo, la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial por sus efectos nocivos en los empleados de pequeñas firmas, la supresión de la ultractividad y la modificación del artículo 42 sobre subcontrataciones porque ha servido para precarizar más el empleo al permitir, como dice León, externalizar servicios intransferibles de una actividad, «como la limpieza de habitaciones en un hotel».
Pensiones
Las pensiones, cómo no, son una de las grandes preocupaciones de los agentes sociales valencianos, con la recuperación del pacto de Toledo como bandera. Los sindicatos abogan por derogar la reforma del PP de 2013 e inciden en que España gasta menos en este tipo de prestaciones que otros países de su entorno y recuerdan que el problema inmediato es la jubilación de la generación de los babyboomers, pero que, cuando esta se jubile de la vida, la presión sobre las arcas públicas no será tan alta. Desde la patronal autonómica se defiende, entre otros postulados, que no aumenten los tipos de cotización de las empresas y que las prestaciones no contributivas, como las de viudedad, se financien desde los Presupuestos del Estado.
A la hora de los deberes, todos los consultados coinciden en que, respecto a la Comunitat Valenciana, el primero de ellos -también en la agenda indispensable de La Moncloa- es resolver de una vez en estos cuatro años (lo antes posible) el problema de infrafinanciación y cancelar la deuda autonómica que la misma ha generado. Los recursos que se ganarían, además de controlar el déficit, permitirían destinar dinero para propiciar un nuevo modelo productivo mediante el impulso de políticas públicas.
Elevar la capacidad de gasto de la Agencia Valenciana de la Innovación y apoyar el sector industrial por encima de otras actividades que generan un empleo de menor calidad son dos de las iniciativas que el líder de UGT-PV pone sobre la mesa. El de CC OO-PV añade otros tres campos de batalla para el Consell: luchar contra la economía sumergida, que llega al 23 % del PIB, por la igualdad de género en salarios y puestos directivos y contra la siniestralidad laboral, que en 2018 se saldó con 62 muertos en la Comunitat Valenciana.
Eficiencia
Francisco Pérez incluye la mejora de la eficiencia en la administración valenciana, así como que el aumento del gasto público vaya acompañado de un análisis de sus resultados para conocer la eficacia real de las diversas políticas.
Los empresarios, por su parte, reiteran que una de las cuestiones clave en la agenda valenciana -también a solventar desde Madrid- es las inversiones del Estado en infraestructuras, con el corredor mediterráneo como bandera. Y desde CC OO incorporan la necesidad de una gran reforma del sector energético, que además tiene una vinculación directa con la necesidad de ganar competitividad, sobre todo en una economía tan dependiente del petróleo. Aquí, la apuesta clara es por las energías limpias. «Tenemos sol», apunta León. Pues que salga.
