Hasta hace poco nadie se hubiera atrevido a defender un futuro más allá del 31 de diciembre de 2019 que no pasara por una AP-7 gratuita. Ni peaje blando, ni duro, con Euroviñeta o sin ella, peaje -sin más- era término tabú. Ya habíamos pagado bastante para transitar de sur a norte por esta región, tan pronto para ir a la playa o para transportar nuestros productos a Europa, como para aceptar una factura más. Llegado el momento decisivo, los hay desmemo-riados que ahora quieren regalarnos «baños de realidad». Son empresarios que parecen haberse topado con la verdad revelada y que desde hace meses aventuran con insistencia poco menos que el apocalipsis: los hoteleros de Benidorm advierten que la vía se saturará de camiones que ahuyentarán a los turistas y las concesionarias y contratistas, que el coste de su mantenimiento no podrá ser soportado por el Estado. El Gobierno, por su parte, insiste en que no habrá una cuarta renovación en la concesión a Abertis pero, eso sí, insta a reflexionar a corto plazo sobre la fórmula en la que se tendrá que repercutir por su uso.
Era sencillo: la construcción está amortizada desde hace casi dos décadas y tras cubrir la deuda con uno de los peajes más caros del país, ese eje vertebral entre Tarragona y Alicante debía ser gratis. Las promesas están para cumplirlas y liberar esta autopista es una cuestión de Justicia, de la que se escribe con mayúscula. El miedo es gratuito e irracional y habrá que estudiar soluciones individuales para cada conflicto. Que no metan la AP-7 en el saco del conjunto de problemas infraestructurales del país ahora porque antes, durante décadas y mientras los demás disfrutaban en otras vías de gratuidad pagada con impuestos de todos, nadie se acordó de nosotros. Con la parte de la AP-7 que explota Aumar no se podrá ni resolver el agujero de 5.000 millones de las radiales de Madrid, ni los otros casi 2.000 millones que precisamente Abertis le reclama a Fomento porque sus previsiones de tráfico en algunos tramos de la AP-7 de Cataluña no se cumplieron tras la crisis.
Porque lo mismo ocurrió -aunque en esta ocasión sin ésas polémicas cláusulas de compensación- en el tramo que nos concierne. Efectivamente, en 2006 la autopista entre Alicante y València -la que motiva las advertencias de los hoteleros- registró una Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos de 29.207, con 2.445 camiones y nadie advirtió entonces sobre una posible saturación. Tras llegar la crisis económica, el tráfico también se desplomó y cayó hasta un IMD en 2017 de 19.020, de los que 1.175 fueron vehículos pesados. De lo que se deduce que, sin necesidad de mejora o ampliación alguna, la AP-7 en este tramo tiene como mínimo un margen para incrementar su tráfico del 35% pero -en el caso de los transportes pesados- este porcentaje sería del 108%!!.Más que saturada, la AP-7 está infrautilizada. Las carreteras paralelas a la autopista (N-332 en el sur y N-340, A-7, CV-10 y CV-13, en el norte) sí están al límite. Dada la estacionalidad que sufre el tráfico en esta zona (con grandes aumentos en verano) y la importancia del acceso costero que tienen la AP-7 y la N -332, más que restringir, es evidente que convendría redistribuir los flujos y aprovechar las dos vías al máximo.
