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Subvenciones públicas: un descontrol inaceptable

Conviene siempre ser prudente en el dispendio, no gastando más de lo que se ingresa. Y evitar todo egreso que no sea estrictamente necesario. Esta es la base del ahorro y la inversión, que son los cimientos de una economía saneada. Es la táctica de la hormiga, que trabaja en verano para que el invierno no le pille por sorpresa.

Por desgracia, parece que no estamos gobernados por hormigas, sino por cigarras. Así se desprende del último estudio de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), cuyo objeto es velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este organismo denuncia el descontrol y la opacidad en el uso de 14.000 millones de euros entregados en subvenciones por las diferentes administraciones públicas.

Denuncian que en el espíritu de nuestros burócratas tan sólo está gastar todo lo presupuestado, incurriendo en una gran falta de transparencia. No hay trazabilidad alguna sobre la cantidad total de dinero abonado. Y advierten de graves deficiencias en los procedimientos de control y reintegro, así como en el régimen sancionador.

Sorprende que esta noticia no haya supuesto un gran revuelo en nuestra anestesiada sociedad. Influenciados por determinados medios de comunicación, incendiamos las redes sociales por temas menores, salimos a la calle si desciende nuestro equipo de fútbol. Pero no reaccionamos ante asuntos tan graves, cuando la opinión pública debería ser hoy un clamor, exigiendo cuentas a los políticos sobre el destino del dinero que tanto cuesta ganar. Como dijo Margaret Thatcher, el dinero público no existe, existe el dinero del contribuyente.

Cualquiera que conozca el sector privado, es consciente del esfuerzo que supone producir lo suficiente para que el sector público pueda recaudar 14.000 millones en impuestos. Pero aún hay más. Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 ascendieron a 472.663 millones. Por lo tanto, nuestro «pequeño» desfase en subvenciones supone un 3% del total. De esos presupuestos, el Estado dedicará 91.976 millones a la amortización de deuda por vencimiento, dato aterrador, por cierto. Con el dinero que tiramos en subvenciones sin justificar se cubriría el 15%. Nos sobraría dinero para cubrir las pensiones por incapacidad permanente (13.187 millones) si lo dedicáramos a tal fin. O podríamos pagar durante un año la suma de pensiones no contributivas, bajas de maternidad/paternidad, prestaciones familiares, dependencia y otros que asciende a 10.740 millones.

En resumen, es inmoral esquilmar al sector privado con una voraz e inusitada presión fiscal. Pero es peor aún que ese dinero sea dilapidado impunemente por los burócratas y políticos de turno.

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