La vergüenza es como todo. Vives con ella un tiempo y acaba convirtiéndose en parte del mobiliario. Si ya lo escribía Salman Rushdie en su libro Shame, ¿por qué vamos a ser distintos nosotros? Eso es lo que deben pensar los casi 400 morosos valencianos que deben a la Agencia Tributaria unos 1.160 millones de euros al cierre de 2018, entre 385 sociedades mercantiles y particulares, tal y como publicaba José Luis García anteayer en estas páginas. La cantidad que tienen pendiente de abonar se ha recortado un 13 % respecto al año anterior. Si se amplía el foco a toda España la cifra de morosos crece hasta 4.028 personas físicas y jurídicas, que adeudan a Hacienda 14.100 millones, un 7,8% menos.
La Agencia Tributaria publica estos listados desde que en 2015 así lo decidiera el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro con el fin de elevar la recaudación fiscal. Se suponía que los incluidos, presionados por verse en los papeles, pagarían lo adeudado a una Agencia Tributaria que intentaba contrarrestar también el efecto de la amnistía fiscal que el mismo Montoro había ordenado tres años antes. La cifra de deuda con Hacienda ha caído en torno a un 10% desde que se publica la lista.
La reducción es difícilmente atribuible al efecto de la vergüenza, al triunfo de la publicidad como método disuasorio para cumplir con el fisco que tanto quería Montoro. Los expertos conocedores de la lista de Hacienda prefieren hablar del efecto recuperación, entendido como esa mejora de la economía que ha permitido a algunos deudores sanear sus finanzas y devolver a la Agencia Tributaria parte de lo reclamado.
En cualquier caso, la recuperación no debe generar unas expectativas de cobro muy altas para el futuro, entre otros motivos porque la mayoría de los deudores (todos por encima del millón de euros) son empresas en procesos concursales, zombies que ni de broma resucitarán. No lo digo yo. Lo dicen los técnicos de Gestha, que estiman que 6.700 millones de los 14.100 van a ser de difícil cobro por los citados concursos.
Además, buena parte de estas empresas pertenecen a prohombres del ladrillo, arruinados y expulsados por la crisis de la faz de la tierra. Sus empresas deben a Hacienda, entre otros pasivos, el IVA de las daciones en pago que, al quebrar, hicieron a favor de la banca para saldar deudas. Los promotores no pagaron el IVA vinculado a esas transmisiones de inmuebles y nunca lo harán.
Aun con todo, las listas deben seguir publicándose. Sirva o no de algo la vergüenza, acabe o no convirtiéndose en el mueble que decía Rushdie, al menos leer los nombres reconfortará a los que cada verano tenemos que cumplir con nuestras obligaciones tributarias.
