Once años le ha costado a Feria Valencia regresar a los beneficios. Ahí es nada. Cualquier otra empresa con ese historial de números rojos hace tiempo que estaría en el cementerio de las mercantiles, si tal existiera. Claro que la institución ferial no es una firma convencional. De hecho, si no fuera porque la Generalitat, prácticamente desde que se pusieron en marcha las obras de ampliación a inicios de este siglo, ha ido abonando su multimillonaria deuda es bien seguro que ya estaría muerta. Libre de la losa de ese endeudamiento y tras una traumática reducción de costes que ha implicado decenas y decenas de despidos, Feria Valencia ha remontado el vuelo bajo el impulso de la recuperación económica. La institución suele ser fiel reflejo de los sectores que exponen en ella. La otrora imponente feria del mueble acabó reducida a un saloncito dentro de Cevisama, pero la reactivación de esta actividad industrial lo ha llevado a crecer y el certamen del hábitat ha vuelto a independizarse y prevé para la edición de septiembre alcanzar buenas cuotas de expositores y visitantes.
Son buenas noticias. Per se y porque es muy conveniente que la entidad tenga una situación boyante a la espera de esa reforma que lleva demorándose desde los tiempos del Consell del popular Alberto Fabra. La legislatura del Botànic I ha hecho, aparentemente, avances, pero aún no se ha concretado lo sustancial. Hay una divergencia de fondo entre los socios de gobierno, con Compromís defendiendo que la Feria siga bajo el control público con aportaciones al negocio desde el capital privado y con los socialistas abogando por una minoría pública que aleje a la entidad del perímetro de la Generalitat y una mayoría de capital privado. No es nada que no se sepa.
El problema principal es que para definir ese diseño sobre el que hay discrepancias previamente se tiene que consumar el factor en el que ya hay acuerdo, tanto que ha sido aprobado por el Consell y las Corts. No es otro que el proceso de asunción de la deuda ferial por parte de la administración autonómica. Y aquí la frontera puede llegar a ser infranqueable, porque lo tienen que aceptar los bonistas que suscribieron una emisión de 227,5 millones para financiar en parte las obras y la firma que aseguró la operación. Esta última exige que la Generalitat dote los 80 millones contemplados en el acuerdo de financiación para garantizar la devolución de la emisión que deberían estar provisionados en estas fechas, pero el Consell anda corto de liquidez.Hacienda espera convencer a los inversores con el hecho de que su dinero -con elevadas remuneraciones en estos tiempos de tipos al cero por ciento- está más seguro bajo la tutela futura de la Generalitat que bajo la actual de Feria Valencia e incluso amenaza con que, de no aceptarse la operación, todo podría irse al traste. En septiembre podría haber una resolución definitiva. Pero cuidado, que no las tengan todas consigo. Los contratos firmados son los contratos firmados y, si no hace la millonaria dotación, no es descartable que la Generalitat se encuentre con un no por respuesta. Esperemos que sea un sí.
