Marina d'Or declaró en 2014 en concurso de acreedores a su filial inmobiliaria (Comervi), que arrastraba una deuda de 164 millones de euros, de los que 105 correspondían a entidades financieras y 64 a las administraciones públicas. Era un último coletazo del estallido de la burbuja inmobiliaria. La empresa castellonense viró entonces de estrategia y reforzó su perfil más turístico. Y esta redifinición le ha dado resultados. Así, en 2018 Comervi llegó a un acuerdo con sus acreedores y dio por finiquitado el concurso. Esta circunstancia le ha permitido salir de la lista de morosos de la Agencia Tributaria.
La mercantil formaba parte de la relación de deudores con Hacienda en 2017, con una cantidad de 33,9 millones de euros. El plan de pago contempla una devolución en 10 años de los créditos ordinarios y un abono fraccionado en el caso de los privilegiados, categoría en la que se encuentra el dinero que debe a Hacienda.
Comervi remató su reestructuración con la absorción de Promociones PAI de Golf, que acarreó una ampliación de capital en la misma hasta los 66 millones. El proyecto del golf, que comprendía la construcción de 35.000 viviendas, fue paralizado por la Justicia en 2013 -la anulación fue ratificada en 2016- y supuso un punto de inflexión en Marina d'Or. La resolución, además, coincidía en pleno ojo del huracán de la crisis del ladrillo. En los últimos años, la empresa ha potenciado sus propuestas turísticas, especialmente en su macrocomplejo de Marina d'Or Ciudad de Vacaciones, que fue inaugurado en 2003 y que combina hoteles, turismo de salud, parques temáticos y 18.000 apartamentos. Además, ha diversificado su negocio con la adquisición de restaurantes en València.
Su oferta de turismo explica en buena parte la recuperación de Marina d'Or. El espacio de Orpesa se ha convertido en uno de los principales polos de España del turismo familiar. También ha atraído a visitantes internacionales gracias a una intensa campaña de promoción. De hecho, en la feria de turismo de Madrid (Fitur) una agencia de China subrayaba que de la Comunitat Valenciana se conocía Marina d'Or y que había contratado viajes al recinto de la provincia de Castelló.
La empresa ha combinado sus dotaciones turísticas con actividades complementarias. De esta forma, junto a cinco hoteles con 6.000 plazas y a su balneario de agua marina más grande de Europa, hay que añadir la red de ocho parques temáticos y una zona deportiva. Todo ello acompañado por un centenar de restaurantes y la organización de eventos tematizados a lo largo del año.
El grupo ha trabajado, al respecto, en conseguir una oferta desestacionalizada. Cabe tener en cuenta que en verano la ocupación se sitúa en torno al 90 %, mientras fuera de la época estival programa estancias ligadas a la oferta de ocio.
Desde la empresa subrayan que el «complejo ofrece una amplia oferta de ocio gratuita para sus clientes, con actividades para todas las edades y de sol a sol, con desfiles de artistas y de carrozas, más espectáculos temáticos en los diferentes escenarios a cuenta de artistas de primer nivel». Asimismo, resalta la consecución de diferentes galardones de índole turística, entre otros, cabe mencionar la designación del Hotel Gran Duque como mejor hotel familiar de España en 2019; el Compromiso a la Calidad Turística de 2018; el sello Qualitur, el certificado de Excelencia Tripadvisor; el Shenzen Top European Brand; el Sello de Turismo Familiar de la Asociación de Familias Numerosas de España, el Compromiso a la Ciudad Turística de 2017, o la distinción del Mejor Destino con Niños de 2015.
La empresa promueve la realización de eventos deportivos, un hecho que ha propiciado la promoción de la misma en los países escandinavos, y ha protagonizado campañas en los mercados de Asia y Europa del este.
En 2018, se lanzó a la adquisición de 47 locales de restauración en la capital del Túria, estando algunos de los mismos en lugares emblemáticos de la ciudad como la plaza de Cánovas o la plaza de la Reina. En este tiempo ha vendido a su vez el 25 % de dichas instalaciones, conservando en la actualidad una treintena, según fuentes de la mercantil. «En València, la situación se ha normalizado y los locales funcionan con fluidez», afirman. Al mismo tiempo, el grupo dispone de otros dos hoteles en Vila-real.
En los últimos tiempos,Marina d'Or ha despertado el interés de grupos de inversión extranjeros para su entrada en el accionariado. Sama Global Investment anunció en febrero que había contactado con la sociedad castellonense para invertir en el espacio de Orpesa. Las conversaciones finalmente no llegaron a buen puerto pero pusieron de manifiesto la proyección internacional de Marina d'Or. Anteriormente, también sonó un fondo de inversión chino. Sama Global Investment anunció en febrero que planea invertir 400 millones de euros en España en una primera fase, en sectores como el inmobiliario, la industria, el deporte, el ocio, el turismo, la innovación y la tecnología, según fuentes próximas al grupo catarí.
Pleito con el Consell por Marina d'Or Golf.
Actualmente, Marina d'Or tiene pendiente un pleito con la Generalitat Valenciana, en el que reclaman una indemnización de 600 millones de euros como consecuencia de la anulación por parte de la Justicia del PAI del Golf, que se proyectó en los años de crecimiento económico en los términos municipales de Orpesa y Cabanes. La empresa responsabiliza a la Administración autonómica y sostiene que la sentencia contraria se debió a una normativa urbanística que impulsó el anterior el Gobierno autonómico del Partido Popular.
El primer golpe judicial al PAI de Marina d'Or Golf se propinó en 2013, cuando los ayuntamientos de Cabanes y Orpesa habían aprobado los PAI de manera provisional. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana invalidó los planes parciales por un defecto de forma en la tramitación. El Supremo ratificó en 2016 la decisión del TSJ en cuanto al PAI de Cabanes, que abarca la mayor parte de los terrenos, al sostener que se valoró el impacto ambiental en función de la ley autonómica de 2004, «cuando el criterio del Supremo es que se tenía que haber aplicado en el momento de la tramitación la ley estatal de Evaluación Ambiental de 2006».
La Generalitat Valenciana rechazó primero la reclamación patrimonial solicitada por la sociedad. Se acogió a un informe del Consell Jurídic Consultiu, que adujo que cuando se notificó la sentencia del TSJ Marina d'Or todavía no había iniciado su función de agente urbanizador. Es por ello que a continuación la empresa presentó una demanda ante el TSJ en la que solicita los citados 600 millones.
