El sector inmobiliario está expectante ante el golpe de timón de la política de vivienda del Gobierno de coalición del PSOE y Podemos. Algunas iniciativas gustan, pero todas las que tienen que ver con la limitación del precio del alquiler o el control de las viviendas vacías causan rechazo. Los principales representantes del sector reclaman la liberalización de suelo para que baje el precio de la vivienda nueva, la agilización de los trámites burocráticos, el aumento del parque de vivienda protegida y que no se pueda cambiar su calificación con los años, y la construcción de inmuebles en solares públicos. Las principales propuestas del nuevo Gobierno son limitar el precio de los alquileres; controlar los inmuebles para poner coto a las viviendas vacías; aumentar la transparencia de las hipotecas; incrementar el parque de vivienda pública con el realojo inmediato de las personas que son desahuciadas por no pagar la hipoteca; limitar los alquileres turísticos con medidas que protejan a las comunidades de vecinos; agilizar los trámites burocráticas (aunque son de competencia municipal) y ampliar el presupuesto dedicado a políticas de vivienda.
El principal desafío del sector es el acceso a la vivienda de los jóvenes y de las familias que viven en las grandes capitales españolas como Madrid, Barcelona o València. Arturo Díaz, director ejecutivo de la división de residencial en la consultora Savills Aguirre Newman, incide en que el «sector necesita vivienda asequible para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. Son necesarias medidas encaminadas a ofertar vivienda a precios adecuados a la capacidad de gasto de la sociedad. La movilización de suelo público para la promoción con el objetivo de incrementar el parque de vivienda en régimen de alquiler y medidas que agilicen la concesión de viviendas son esenciales». El director de residencial de Savills Aguirre Newman advierte de que el problema es que la Administración no cuenta con los recursos suficientes para promover viviendas «al mismo ritmo que crece la necesidad de la población. Por tanto, es necesario un formato de colaboración público-privada en el que se puedan desarrollar con todas las garantías vivienda de calidad a precios adecuados a la capacidad de gasto».
José Antonio Gómez Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, alerta de que algunas de las propuestas anunciadas por el nuevo Gobierno podrían tender a provocar un efecto contrario al que se persigue que «es atender la necesidad de la sociedad de acceder a la vivienda en propiedad o en alquiler». «Incrementar la dotación de recursos, agilizar la tramitación de licencias o movilizar suelo público para el desarrollo de viviendas de alquiler asequible mediante la colaboración público-privada son medidas altamente positivas y favorables para el sector y la sociedad. El Gobierno ha anunciado su intención de aprobarlas, pero lo tiene que concretar a corto plazo», subraya Gómez Pintado. Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova) coincide con Gómez Pintando en que es necesario movilizar suelo. «Hay que incrementar la oferta de suelo para que baje el precio», advierte Olmedo. Los promotores valencianos han denunciado que con el actual precio de los solares (que es la materia prima de la construcción) es imposible construir viviendas asequibles porque no salen los números.
Ramón Riera, presidente de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci), insiste en que no hay «soluciones mágicas», pero algunas medidas pueden ser muy útiles para rebajar el precio de la vivienda y facilitar el acceso a las familias. «Hay zonas de España como Madrid, Barcelona o València con escasez de suelo. Es necesario que salga al mercado suelo urbano para que haya más oferta y bajen los precios. También es imprescindible agilizar los trámites burocráticos. En España se tarda de media entre 1 y 2 años en obtener la licencia de obra. En otros países de Europa se necesita un mes». El directivo considera que debe aumentar la colaboración público privada para que el mercado sea más dinámico. «Además, la calificación de una vivienda como protegida debe ser definitiva. En España hemos liquidado parte del parque público de vivienda con los cambios de calificación», lamenta. Riera asegura que en el País Vasco y Cataluña ya se están adoptando medidas para evitar que en el futuro una vivienda protegida pase a ser libre.
El director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, cree que las medidas propuestas por la coalición de Gobierno para mejorar la accesibilidad son positivas. «El problema de España es de accesibilidad. Los salarios no han subido al mismo ritmo que los precios de los pisos». Con lo que no está de acuerdo Font, como el resto de expertos consultados, es con la limitación del precio del alquiler con índices de referencia «Son medidas poco efectivas. En París han fracasado y en Berlín van por el segundo intento». Font añade: «Estamos más de acuerdo con incrementar el parque público de alquiler. Tener un gran parque público de vivienda en alquiler es efectivo, como ha demostrado Viena». El experto incide en que también sería muy positivo movilizar parte de la bolsa de vivienda de la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para incrementar el parque público de vivienda de alquiler.
Juan José Aguilera, director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Barcelona, cree que solo el hecho de que ya haya Gobierno es positivo para el sector porque se genera estabilidad. Aguilera sostiene que el Ejecutivo tiene que introducir medidas que tengan efecto a largo plazo y debe estudiar incentivos fiscales que incrementen la vivienda en alquiler. El directivo coincide con otros expertos en que el problema de fondo del precio de la vivienda en Madrid, Barcelona y València es la escasez de suelo por lo que aboga por incrementar la oferta.
Otro aspecto esencial para los analistas es la seguridad jurídica. «Hay que prestar especial atención a las inversiones foráneas (en provincias como Alicante la mitad de las viviendas la compran extranjeros). Históricamente España es un país seguro, fiable y atractivo para invertir en el sector inmobiliario. Creemos que el nuevo Gobierno continuará con la implantación de políticas que potencien esta inversión puesto que suponen una gran riqueza a nivel nacional», subraya Alfredo Millá, CEO de la empresa inmobiliaria Sonneil.
