El pasado mes de diciembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el European Green Deal (Pacto Verde Europeo), eje de la acción política y legislativa comunitaria para los próximos cinco años. Se trata de un ambicioso programa de medidas que tiene como objetivo final el hecho de que Europa alcance la neutralidad en sus emisiones de CO2 a la atmósfera en el año 2050. Sin duda aplaudimos los compromisos ante el cambio climático, cuya trascendencia y relevancia son tales que se ha acuñado el término emergencia climática para definirlo con mayor exactitud. No obstante, debemos ser cautos ante las declaraciones grandilocuentes, los brindis al sol y las medidas que se anuncian sin haber estudiado previamente todas sus implicaciones y efectos.
Contextualicemos la situación. El CO2 representa aproximadamente el 81% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, seguido por el metano (11%), el óxido nitroso (5%) y otras sustancias (3%). Según datos correspondientes al año 2017, la UE fue responsable del 9,82% del total de emisiones mundiales de CO2 a la atmósfera. A su vez, la agricultura fue responsable del 8,72% de las emisiones europeas de GEI, frente al 80% que representan las actividades de generación de energía, por ejemplo. Haciendo unos cálculos aproximados a partir de estas cifras, el impacto global de las actividades agrícolas y ganaderas de la UE fue en 2017 equivalente al 0,7% del total de GEI emitidos a la atmósfera. De momento, quédense con esa cifra.
La Comunicación del Pacto Verde Europeo indica que la producción de alimentos «sigue contaminando el aire, el agua y el suelo, contribuye a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático y consume excesivos recursos naturales y a la vez una parte importante de los alimentos se desperdicia». El pacto pretende que se reduzca el uso de productos fitosanitarios, aumente la producción biológica, fomente las prácticas sostenibles o mejore el transporte de los alimentos que produce. Vayamos por partes. ¿Cuáles son las alternativas al uso de materias activas y cuáles los efectos para nuestros cultivos si no disponemos de ellas? ¿De quién depende contar con infraestructuras y medios de transporte más eficientes? ¿Qué supondrán los cambios propuestos para la competitividad de nuestras empresas frente a productores de terceros países que no se verán regulados por estas restricciones y condicionantes?
Nosotros, los del 0,7% del total de las emisiones de GEI a la atmósfera, estamos de acuerdo en ser más verdes. Hemos sido pioneros en la adaptación a prácticas más respetuosas con el medio y somos los primeros que sufrimos los efectos de la emergencia climática. Sin embargo, parece que la Comisión más que verdes, nos quiere morados, porque no para de apretarnos, y al final conseguirá ahogarnos.
