de manifestaciones y protestas agrarias que ha recorrido durante las últimas semanas diferentes rincones de la geografía nacional ha provocado una reacción del Gobierno: la publicación del Real Decreto-ley 5/2020, en el que se modifican diferentes leyes en vigor, principalmente la 12/2013, de medidas para el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Algunas de las medidas del Real Decreto-ley responden a las demandas del sector, como por ejemplo la prohibición de facto de la venta a pérdidas o la actuación ante las promociones de carácter engañoso que suponen devaluación del valor de los productos agrarios y ganaderos. El endurecimiento de las sanciones, tipificando como infracción grave que no se suscriba por escrito el contrato entre comprador y vendedor, o el hecho de dar publicidad a las sanciones firmes graves o muy graves son cuestiones positivas.
Sin embargo, una de las medidas estrella de esta modificación de la Ley 12/2013 nos ofrece mayores dudas, no por su finalidad y objetivo, sino por su concreción y repercusiones. Se trata de la inclusión en los contratos de los costes de producción, y de la prohibición de establecer un precio de venta inferior a dichos costes. A bote pronto, me surgen algunas dudas: ¿a qué costes de producción nos referimos? ¿Al particular de cada explotación, a un valor promedio establecido? ¿Cómo repercutirá ese reflejo de costes en aquellos agricultores menos competitivos, es decir, con mayores costes de producción? ¿Cuál será la reacción de los grandes compradores ante el diferencial de costes de producción existente entre nuestras producciones y las de terceros países (por factores agrarios, sociales, laborales o culturales)? La prohibición de establecer un precio inferior a los costes de producción no impide que el precio de venta establecido sea superior en únicamente 1 céntimo a estos costes. Entenderán que ese no es un margen justo, ni digno, ni razonable, ni suficiente.
No me malinterpreten. Es evidente que, para garantizar el futuro de las explotaciones, es necesario que los productores obtengan por aquello que producen más de lo que les ha costado producirlo. Es necesario, pero no es suficiente. Los problemas del sector no se resolverán únicamente en el ámbito nacional. Siendo una actividad económica con una clara vocación exportadora, el compromiso de defender nuestros intereses y necesidades pasa por la voluntad de legislar y adoptar decisiones en las instituciones comunitarias. Incluso aunque esas medidas sean incómodas para algunos de nuestros socios comerciales. Es necesario un viraje en las prioridades comunitarias, como venimos reclamando desde hace años. Basta ya de ser moneda de cambio, un problema que pasa de mano en mano sin solución o un tema incómodo para nuestros dirigentes.
