El 22 de marzo de 1418 Alfonso el Magnánimo dio por concluida la primera reunión de Cortes que celebraba en Valencia. En ese momento se desencadenaba un procedimiento con el que comenzarían a aplicarse algunas de las medidas de gobierno adoptadas en aquella asamblea, gracias al consenso alcanzado por el monarca con los prelados, la nobleza, las ciudades y villas reales, es decir, con los tres brazos o estamentos de las Cortes Valencianas (eclesiástico, militar y real). Ese sistema parlamentario podía considerarse ya entonces antiguo, inaugurado por Jaime I en 1261, pero en aquella ocasión la novedad radicaba en el compromiso adquirido de convertir en permanente la comisión delegada por las Cortes para gestionar el donativo votado que, en calidad de subsidio voluntario, condecían los estamentos para financiar la política de la monarquía, generalmente bélica. En 1418 aquella Diputación, heredera última de unas comisiones más rudimentarias, continuó encargada de la recaudación de los impuestos para hacer frente a las contingencias de la corona, al mismo tiempo que adquiría plena independencia de las Cortes.
Su antecedente inmediato se sitúa en el enfrentamiento entre Pedro I el Cruel de Castilla y Pedro el Ceremonioso de Aragón durante la denominada Guerra de los Dos Pedros (1356-1369). Aquella primera Diputación de 1362, como las delegaciones anteriores, tuvo carácter temporal con el fin de recaudar los fondos de una guerra defensiva que asoló las comarcas centrales y meridionales del Reino. Las circunstancias fueron tan excepcionales que la ciudad de Valencia superó dos asedios consecutivos en 1363, motivo por el que la monarquía premió aquella doble lealtad con símbolos heráldicos que lo recordaran y con el privilegio honorífico de lucir la propia corona real sobre su escudo. Las sucesivas guerras en el Mediterráneo, en especial los perennes conflictos contra Génova o en Cerdeña, obligaron a mantener la embrionaria estructura financiera y fiscal a una monarquía pobre que siempre necesitaba los recursos de sus súbditos.
En 1418 las Cortes dejaron de elegir a los encargados de recabar los subsidios y, por vez primera, los diputados de los tres brazos designaron a sus inmediatos sucesores, consagrando su plena autonomía. La Diputación perdía el carácter temporal y adquiría otro permanente, convirtiéndose en un organismo imprescindible en la interlocución entre una monarquía plurinacional, que reinaba simultáneamente sobre distintos reinos integrados en la Corona de Aragón, y el propio Reino de Valencia, personificado este en su sociedad política, es decir en los tres estamentos significados con los diputados.
El nacimiento de la Diputación del General, Generalitat, tendría consecuencias inmediatas en el refuerzo de la unidad de acción de la sociedad valenciana a partir del papel desempeñado en la provisión de los recursos fiscales que el Magnánimo necesitaba para sostener sus continuas campañas mediterráneas, las cuales concluyeron con la conquista de Nápoles en 1442 y, aún más allá, con la intervención continua en el centro de Italia. La corte real napolitana y la romana de Rodrigo de Borja, papa Calixto III desde 1455, aseguraron a los valencianos una presencia en la escena internacional hasta entonces inédita.
La Generalitat nació muy potente, tanto como la catalana o la diputación aragonesa, con la estructura y las competencias ensayadas en las décadas anteriores, y con la capacidad casi ilimitada para trasladar los recursos del Reino a los proyectos de la monarquía. Con ello se creaba un espacio político y de representación continua de los intereses valencianos en su conjunto, pese a las más que notables jerarquías que caracterizaron a la sociedad medieval a través de los privilegios específicos que gozaban la Iglesia, la nobleza o las ciudades y villas reales. La vigencia del sistema permite comprobar como la entrega del donativo se condicionaba a la solución de contrafueros o greuges, es decir, a la reparación de los abusos y quebrantos que los oficiales reales hubiesen cometido por no respetar los fueros y privilegios. En no pocas ocasiones ese donativo no consistía en una cantidad monetaria entregada al rey sino que se materializaba en el acuerdo de hacer frente a la construcción de una flota en los astilleros valencianos, o de enrolar y pagar un cuerpo de ejército, de aquí. La Generalitat incluso se reservó la capacidad de designar los capitanes de la fuerza, aunque la dirección de la estrategia y de la guerra siempre fue competencia regia. Al mismo tiempo, la recaudación de impuestos directos o indirectos eximía a la Diputación a rendir cuentas al rey, que además quedaba garantizada por el explícito asentimiento real de no entrometerse. Pese a sus competencias soberanas el monarca se obligaba a no eximir a nadie del pago de los impuestos del General, cargados sobre el consumo y el comercio de importación y exportación, conocidos en tal sentido como generalitats.
Tal y como señala la profesora Mª Rosa Muñoz en Orígenes de la Generalitat Valenciana, ya en los primeros años del siglo xv, la propia monarquía le confiaba misiones que sobrepasaban la inexistente regulación positiva de la institución. Martín el Humano le pidió asesores para aconsejarles en la sucesión al trono sin heredero directo, tras la muerte de su hijo Martín el Joven; la reina María instó su intervención para pacificar las endémicas luchas de los bandos valencianos; los catalanes le informaron de la muerte del rey Martín y de la organización del sepelio; el propio duque de Gandía solicitaba su mediación para solucionar el conflicto jurisdiccional entre Ayora y Almansa; el propio Consell de la capital buscó la tutela de la Generalitat para evitar el pago de los derechos de cena, nunca contemplada en la legislación foral, contrariando a la reina María; e incluso la Generalitat coordinó la defensa de los intereses comerciales valencianos con el resto de reinos de la Corona de Aragón, fuente de sus recursos fiscales.
El inicio del proceso de degradación de las competencias de las instituciones forales cabe situarlas en el reinado de Fernando el Católico. En las Cortes de 1484 se materializó el principio de una estrategia de desmantelamiento de la tradicional unidad de acción que había presentado la Generalitat, mediante la delegación real de las funciones que le eran propias a oficiales de los brazos pero obedientes a sus mandatos. La continua intervención regia en el gobierno de la capital del Reino o la introducción de la nueva Inquisición real fueron otras medidas coetáneas y, poco después, en 1487 el Católico suspendió la elección de los diputados y de los restantes oficios de la Generalitat (administradores, jueces contadores, clavarios, asesores), designando directamente a quien consideraba oportuno para desempeñarlos. El secuestro continuó durante más de veinte años, prorrogado con la introducción de la insaculación, circunstancias padecidas en una intervenida Generalitat que la redujo a un simple órgano administrativo. El proceso estuvo en relación directa al creciente poder que Fernando el Católico atribuyó a la Junta de los estamentos en 1510. Es decir, desde el siglo xvi la Generalitat soportó un prorrogado proceso de decadencia respecto a su matriz original, a pesar de que su constatada eficiencia financiera y fiscal garantizó su mantenimiento incluso unos años después de la imposición de los Decretos de Nueva Planta de 1707. Aquella situación en ningún caso se correspondía con el papel desempeñado durante su primera existencia, cuando un rey casi siempre ausente como Alfonso el Magnánimo necesitaba del pleno concurso de sus reinos para llevar a cabo sus múltiples proyectos en el horizonte del Mediterráneo.
