La Unión de Consumidores de España (UCE) ha reclamado al Gobierno la supresión del canon digital tras lamentar que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) conocida este jueves exima a las empresas de pagar ese canon pero no a las personas físicas.

El TUE ha avalado hoy el canon digital que se aplica a equipos de reproducción destinados a particulares para uso privado pero ha declarado ilegal aplicarlo indiscriminadamente a empresas y profesionales que claramente adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para finalidades ajenas a la copia privada.

La asociación de consumidores puso en valor el hecho de que el TUE reconozca en el texto de la resolución que es "prácticamente imposible controlar" o hacer estadísticas "del número exacto de copias privadas". En su opinión, esto "podría eximir de su pago a las empresas, pero seguiría aplicándose a los consumidores", por lo que ha reclamado al Ejecutivo que suprima el canon.

"El mismo argumento utilizado para resolver este litigio entre empresas y sociedades protectoras de los derechos de autor debería ser aplicado a los usuarios. De este modo se presume, a priori, que cualquier ciudadano es un delincuente, que va a utilizar los soportes de reproducción de forma ilegal y obtener un beneficio por ello", ha argumentado la UCE tras recalcar que esta decisión judicial "frustra" las expectativas de los usuarios.

En caso de que el Ejecutivo no elimine el canon, ha recordado la UCE, serán los consumidores los que "sufragarán" y "soportarán" el pago de una tasa declarada ahora "ilegal y abusiva". "Es imposible determinar quién utiliza los soportes vírgenes para hacer copias piratas o guardar archivos personales. Es precisamente este principio de indiscriminación el que desde la UCE reclamamos que se aplique al consumidor medio", ha subrayado.

Por último y a la espera de la decisión que finalmente adopte el Ministerio de Cultura, la UCE ha recalcado que se reserva el derecho de emprender acciones legales ante los tribunales para que, en función de los resultados del texto de la sentencia, se declare en España "ilegal la aplicación de dicho canon".