Tres activistas climáticos, juzgados en Madrid por una protesta pacífica de 2019

La justicia madrileña dejó ayer visto para sentencia el juicio contra el filósofo y poeta Jorge Riechmann, la psicóloga Marina M. Martínez y el ingeniero Francisco del Pozo por una acción climática no violenta realizada en 2019. El caso se ha convertido en un símbolo del creciente choque entre la urgencia climática, la desobediencia civil y la respuesta penal al activismo ecologista.

Madrid acogió ayer una vista oral con fuerte carga simbólica: la del juicio contra tres activistas climáticos acusados de un delito de “resistencia grave a la autoridad” por su participación en el bloqueo del puente de Raimundo Fernández Villaverde, el 7 de octubre de 2019. Los encausados son Jorge Riechmann, matemático, poeta, investigador y profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid; la psicóloga Marina M. Martínez; y Francisco del Pozo, ingeniero industrial y coordinador de la campaña de Energía y Clima de Greenpeace.

La sesión, celebrada en los juzgados de lo penal de la calle Julián Camarillo, quedó vista para sentencia. La acusación se centra en una protesta de desobediencia civil no violenta que interrumpió durante varias horas el tráfico en una arteria madrileña para llamar la atención sobre la emergencia climática. Según el relato de apoyo de los colectivos presentes, la llamada “resistencia grave” consistió, en la práctica, en intentar evitar lesiones mientras la policía deshacía la cadena humana con la que se mantenía el corte de la vía.

A la entrada de los juzgados, los tres activistas recibieron el respaldo de compañeros, académicos y representantes de organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción y Rebelión Científica. La escena exterior prolongó el clima de solidaridad que ya se había vivido la víspera, el 25 de mayo, en un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Del Círculo de Bellas Artes al juzgado

Un encuentro celebrado el lunes había funcionado como antesala emocional y política del juicio. Durante casi dos horas, el Círculo de Bellas Artes reunió a activistas, científicos, escritores y defensores del medio ambiente en torno a una idea central: que proteger la vida y advertir del deterioro ecológico no puede convertirse en motivo de persecución penal.

Una de las intervenciones más recordadas fue la de Joaquín Araújo, presentado por Paula Pita como agricultor ecológico, naturalista, escritor y “reforestador de conciencias”. Araújo evocó a Garcilaso de la Vega con la expresión “por el tronco hacia la altura” y defendió que “lo importante es defender la vida”, además de recordar que “el propósito del activismo ecológico es que se respete el derecho de todos los seres vivientes”.

También estuvo presente Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, que participó en la protesta de 2019. Su mensaje vinculó directamente el procedimiento judicial con el intento de silenciar las advertencias ecologistas: “el intento de amordazarnos solo demuestra que les incomoda la verdad”.

Un juicio que va más allá de tres personas

Lo ocurrido ayer en Madrid trasciende el caso concreto. La vista oral se inscribe en un contexto más amplio de creciente tensión entre los movimientos climáticos y las instituciones estatales, en un momento en que los indicadores científicos apuntan a un agravamiento del desorden climático global.

En los últimos años, el discurso de la emergencia climática ha dejado de ser una advertencia abstracta para convertirse en constatación empírica. Récords de temperatura, eventos extremos más frecuentes, mortalidad asociada al calor, desplazamientos forzados y deterioro acelerado de ecosistemas forman ya parte del paisaje informativo habitual. La propia Organización Meteorológica Mundial ha documentado en su informe sobre el estado del clima global de 2025 que muchos de los peores escenarios previstos se están materializando con rapidez.

Ese marco es precisamente el que invocan los sectores científicos y ecologistas que apoyan a los encausados: sostienen que la desobediencia civil climática surge de la desproporción entre la magnitud de la amenaza y la lentitud de las respuestas políticas. Desde esta perspectiva, el problema no sería tanto la protesta como la inacción prolongada frente a una crisis cada vez más severa.

La rebelión científica, en el banquillo

El caso conecta además con otro fenómeno emergente: la implicación directa de investigadores y divulgadores en acciones de protesta. Riechmann no solo compareció ayer por la acción de 2019. También se enfrenta, junto a otras catorce personas, a otro procedimiento penal por la protesta del 6 de abril de 2022 ante el Congreso de los Diputados, cuando varios activistas de Rebelión Científica tiñeron con un líquido biodegradable la fachada del edificio en una intervención conocida como la del “zumo de remolacha”.

Aquel 6 de abril marcó un punto de inflexión. Coincidiendo con la publicación de la tercera parte del informe del IPCC de Naciones Unidas, científicos de más de 25 países protagonizaron acciones de desobediencia civil, huelgas y ocupaciones universitarias para denunciar la desconexión entre el conocimiento científico disponible y la respuesta política real. En España, aquella movilización reunió a investigadores veteranos como José Esquinas (FAO) Fernando Valladares (CSIC) y Fernando Prieto (Observatorio de Sostenibilidad), junto a una generación más joven de científicos comprometidos con la comunicación pública de la crisis climática.

Durante el acto de apoyo del lunes, esa memoria estuvo muy presente. Araújo resumió el espíritu de ese movimiento con una frase que resonó entre los asistentes: “Informados por el conocimiento positivo, somos parte de una rebelión científica, buscamos la paz doblemente desarmados”.

Más causas abiertas

La situación judicial de los activistas muestra que no se trata de un episodio aislado. Francisco del Pozo encara además una petición de hasta cinco años de prisión por la acción de Greenpeace del 26 de octubre de 2021, cuando el barco Esperanza bloqueó la regasificadora de gas natural licuado del puerto de Sagunto, en Valencia, en protesta contra la expansión de los combustibles fósiles.

Por su parte, la causa del “zumo de remolacha” sigue proyectando incertidumbre sobre varios de sus participantes. Aunque las peticiones fiscales se sitúan por debajo de los dos años en algunos casos, la evolución judicial sigue siendo observada con preocupación por quienes ven en estos procedimientos una forma de endurecimiento penal frente al activismo climático.

Ciencia, emoción y espacio público

La dimensión cultural del conflicto también queda subrayada en nuevos actos paralelos al juicio. El próximo 20 de junio se representará en la Fundación Pablo VI de Madrid la obra Zumo de remolacha, centrada en las dudas, los miedos y la decisión de un científico que abandona la neutralidad del laboratorio para intervenir públicamente. En palabras de Fernando Valladares, uno de sus impulsores, aquella acción fue “simbólica, pacífica, pero también desesperada”. Su reflexión resume una tensión creciente dentro de la comunidad investigadora: “¿De qué sirve conocer la verdad si no somos capaces de comunicarla?”.

En esa misma línea se celebrará en los próximos días en el Ateneo de Madrid el encuentro Ciencia acosada, con la participación de Jorge Riechmann, Fernando Valladares e Isabel Moreno, junto a testimonios internacionales. El objetivo de fondo será analizar cómo recuperar la autoridad de la ciencia en un contexto de desinformación, hostigamiento ideológico y polarización.

Lo que se dirime

La jornada de ayer en el juzgado dejó una impresión clara entre quienes siguieron el juicio y los actos de apoyo: en el banquillo no solo se sentaron tres personas, sino también una forma de entender el papel de la ciencia, del ecologismo y de la protesta en tiempos de crisis climática.

La cuestión de fondo es política, cultural y moral: hasta qué punto una democracia está dispuesta a escuchar a quienes alertan del deterioro de las condiciones que hacen posible la vida, incluso cuando lo hacen rompiendo la normalidad del espacio público. De esa tensión entre ley, urgencia y legitimidad social dependerá buena parte de la conversación sobre el activismo climático en los próximos años.

En el Círculo de Bellas Artes, una idea se repitió varias veces y acabó condensando el sentido de la convocatoria: “Defender la Tierra no es delito”. Horas después, en los juzgados, esa idea seguía flotando en el ambiente, mientras la causa quedaba pendiente de sentencia.