El caso Nóos, la investigación por el presunto desvío de fondos públicos a la entidad de la que fue presidente Iñaki Urdangarin entre 2003 y 2006, enfila su recta final después de años de indagaciones reflejadas en un sumario que supera ya los 52.600 folios y los 52 tomos.

Esta pieza separada número 25 del caso Palma Arena fue abierta por el juez de Instrucción José Castro el 20 de julio de 2010 para investigar las supuestas actividades irregulares de la entidad que le ha dado nombre a la causa, el Instituto Nóos.

¿Cómo operaba el instituto Nóos?

Diego Torres, profesor en la escuela de negocios de ESADE, creó en 1999 el instituto Nóos, una asociación enfocada a "realizar investigaciones sobre el papel de la inteligencia de mercado en la competitividad de las empresas" que, sin embargo apenas tuvo actividad. Algunos años después, conoce a Iñaki Urdangarin, alumno suyo en ESADE, con quien traba una estrecha relación personal que en 2003 deriva también en profesional. Profesor y alumno deciden refundar la asociación creada por Torres bajo el nombre de ´Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo´. Era esta una entidad que, sin ánimo de lucro, estaba enfocada a impulsar proyectos donde el deporte fuera motor de crecimiento económico y mejora de las relaciones sociales.

Junto a Urdangarin, presidente de Nóos, y Torres, vicepresidente, la Junta Directiva del instituto estaba formada por el tesorero, Carlos García Revenga, secretario de las infantas; y la esposa del duque de Palma, doña Cristina de Borbón y Grecia, que ocupaba el cargo de vocal.

A pesar de que la institución se presentaba como una organización sin ánimo de lucro, un informe de la Fiscalía estableció que el Duque de Palma y su socio, Diego Torres, percibieron entre 2004 y 2007 cerca de seis millones de euros procedentes, presuntamente, de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana.

La mecánica descrita por la Fiscalía y mediante la cual Urdangarin y Torres se beneficiaban de fondos públicos era sencilla. El instituto Nóos conseguía contratos (siempre sin concurso previo) a los que fijaba precios "totalmente desproporcionados". Un ejemplo de esta actividad se dio en dos convenios firmados en 2005 y 2006 con el Govern balear para organizar dos foros deportivos por importe de 1.200.000 euros y 1.085.000 euros, respectivamente, y en los que el desvío de fondos públicos alcanzó, según la Fiscalía, los 753.942,04 euros en el primer caso y los 624.340,97 euros en el segundo.

El escándalo

La explosión en 2009 del caso Palma Arena pone bajo la lupa de José Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, toda la gestión de Jaume Matas al frente del Ejecutivo Autonómico desde el 2003 al 2007. Hilo a hilo, Castro escudriña cada factura, cada contrato otorgado bajo el mandato de Matas, descubriendo multitud de irregularidades que le llevan a abrir numerosas piezas separadas dentro del mismo caso.

En 2010, Castro abre una pieza separada dentro del ´Palma Arena´ por los pagos efectuados por el Gobierno de Baleares al Instituto Nóos a los foros realizados en años anteriores. La investigación está bajo secreto de sumario, pero esto no impide que en los medios de comunicación se comience a poner en tela de juicio los negocios del duque de Palma que ya entonces había trasladado su residencia a Washington por deseo expreso de su suegro, Don Juan Carlos.

Pero el escándalo no estalla hasta noviembre de 2011, cuando el juez ordena el registro de las oficinas de Nóos en Barcelona y la Policía Judicial encuentra evidencias de nuevos contratos en la sede de la Generalitat Valenciana. El 29 de diciembre de 2011, se levanta el secreto de sumario y el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, imputa y cita a Iñaki Urdangarin. Su exsocio ya había sido imputado con anterioridad.

Torres es citado en primer lugar. El 11 de febrero de 2012, el exsocio del Duque de Palma baja la ya famosa rampa de los juzgados palmesanos, pero una vez ante el juez decide guardar silencio. Dos semanas después, el 25 de febrero, le llegaba el turno a Iñaki Urdangarin. En su declaración, reivindicó su inocencia y la total transparencia de sus negocios. Pero sobre todo, desvinculó a la Infanta Cristina de la gestión del Instituto, descargando toda la responsabilidad en Diego Torres. La guerra entre ambos había estallado.

La respuesta del exsocio de Urdangarin no se hizo esperar centrando su estrategia en demostrar su inocencia y la de su esposa, Ana Tejeiro, también miembro de la junta directiva del Instituto. Para ello, Torres entregó de manera dosificada decenas de correos que han llevado, primero a la imputación del secretario de las infantas, Carlos García Revenga y, después a la de Cristina de Borbón.