­El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha realizado en los últimos días algunas maniobras para evitar que su esposa, la hermana del Rey, pueda sentarse en el banquillo de los acusados, como ha decidido el juez Castro, que confirmará su imputación, en calidad de cooperadora, por el delito fiscal y el blaqueo de dinero. Maniobras que se centran, precisamente, en minimizar el delito tributario, saldando las deudas que le exige Hacienda.

La estrategia de defensa del marido de la Infanta ha sufrido un brusco cambio de rumbo con respecto a este delito fiscal. Urdangarin ya declaró en su momento ante el juez Castro sobre el asunto y defendió su inocencia. Justificó que facturara sus trabajos profesionales, para una serie de empresas privadas, a través de la empresa Aizoon, contradiciendo a la Agencia Tributaria que mantiene que este dinero se debió tributar como sueldo personal y no como ingreso empresarial.

El duque, una vez que todos sus intentos para convencer a Hacienda de que su tesis era una equivocación, han fracasado, está ahora dispuesto a asumir su culpa. Confesión que pasaría, lógicamente, por ingresar el dinero que le exige la agencia tributaria. Pero, además, pretende que se le retire el delito fiscal. Si se aceptara lo que pide, tampoco se podría acusar de este delito a su mujer, que evitaría enfrentarse a un juicio. Sin embargo, la fiscalía Anticorrupción ya le ha comunicado que no se va a aceptar esta propuesta. El fiscal, con independencia de que pague o no los impuestos que en su momento no abonó, mantendrá esta acusación, lo que no supone que cuando llegue el día del juicio, pueda valorar alguna atenuante, como podría ser la de reparación del daño. No hay ningún precedente, sobre todo cuando la instrucción del caso está por concluir, de que se retire la acusación de un delito fiscal porque el imputado toma la decisión de pagar los impuestos que le reclaman.

En las últimas semanas Urdangarin ha reaccionado ante el fin de la instrucción del caso Nóos y lo ha hecho presentando escritos donde defiende otra interpretación tributaria. Mantiene que, si es cierto que debió facturar estas asesorías a través de ingresos profesionales, las empresas que le contrataban estaban obligadas a retener unas determinadas cantidades y no lo hicieron. Aportó un cálculo según el cual, restando estas retenciones, la cuota defraudada no alcanzaría la categoría de delito y sólo se podría hablar de irregularidad tributaria. Al no cometer delito fiscal Urdangarin, tampoco lo habría cometido su mujer y al mismo tiempo desaparecería el delito de blanqueo de dinero de la Infanta.

El juez Castro quiere tener todos los argumentos bien atados y para demostrar que la defensa de Urdangarin se equivoca, solicitó un nuevo informe a la Agencia Tributaria de Cataluña para que valorara la interpretación que ha realizado la defensa. Sin embargo, Hacienda reitera que la autoría individual del delito fiscal hay que limitarla al marido de la Infanta y no a los empresarios que le contrataron.

El duque de Palma está intentando a la desesperada encontrar cualquier solución que evite que su mujer se siente en el banquillo, aunque ello suponga reconocer delitos que en principio no quería asumir, dado que su estrategia se basaba en negar cualquier irregularidad. Al parecer, el cuñado del Rey se ha interesado en los últimos días en conocer la cuenta bancaria del juzgado, posiblemente para ingresar el dinero que le reclamaban. Sin embargo, hasta ayer no lo había ingresado, aunque puede hacerlo en cualquier momento, incluso horas antes de que se celebre el juicio.

También ha intentado reabrir la vía de la negociación con la fiscalía Anticorrupción, que había quedado congelada. Pero el fiscal no está dispuesto a suscribir ningún pacto si antes el duque no devuelve el dinero público que obtuvo y hasta ahora no lo ha hecho.

Es complicado que Urdangarin pueda salvar a estas alturas a su mujer. El juez Castro, como adelantó tiene decidido que la infanta Cristina se siente en el banquillo, no por su intervención en el instituto Nóos, sino por su relación con la empresa Aizoon.

El magistrado comunicará este auto de transformación en procedimiento abreviado, por el que pone fin a una larga instrucción que ha durado más de tres años. Castro detallará los nombres de los imputados que, a su juicio, deben sentarse en el banquillo de los acusados y fijará los delitos que han podido cometer. Aproximadamente la mitad de las 32 personas que han declarado como imputados, serán definitivamente exculpados. Es decir, no se sentarán en el banquillo. La Infanta no logró convencer al juez. Para defender su inocencia, a la mayoría de preguntas contestó con negativas o diciendo que no lo recordaba, pero no dio ninguna explicación a las irregularidades que le atribuían relacionadas con la sociedad Aizoon.