El ayuntamiento de Riba-roja aprobó ayer por mayoría la paralización, por dos años, del actual Plan de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos, donde está prevista la ubicación de la futura ciudad Deportiva del Valencia CF y la construcción de 2.700 viviendas. De esta forma, el consistorio y el club de Mestalla consiguen aparcar uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza ha dado en los últimos años, después de su anulación por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ahora estudia el Tribunal Supremo. Una anulación que se prevé que sea confirmada por el máximo órgano jurídico a nivel nacional, pero que no ha hecho rendirse al alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona. Mantiene la esperanza de que el Supremo acepte los recursos y que las máquinas entren antes de un año en Porxinos. Para curarse en salud, de momento, ha apoyado al Valencia en la decisión de paralizarlo temporalmente, por las responsabilidades económicas que hay de por medio.

A falta de que se pronuncie el Supremo, órgano al que fue recurrida aquella sentencia por parte del Valencia, la Generalitat y el ayuntamiento de Riba-roja, la paralización temporal del plan supone una tregua para el consistorio y, especialmente, para el club de Mestalla. Su presidente, Amadeo Salvo, consiguió llegar a un acuerdo con los acreedores (los tres bancos que se han quedado el terreno tras el cierre de Nozar, la empresa que compró el suelo), a los que debería devolver 160 millones de euros en caso de que el terreno no fuese finalmente recalificado. El Valencia opera en este proyecto con el nombre de Litoral del Este, constituido en su día como el agente urbanizador del PAI.

No sólo el PP, partido que gobierna con mayoría absoluta en la localidad de Camp de Túria, votó a favor de congelar el actual plan. También lo hizo el PSPV. Su portavoz, Robert Raga, justificó esta decisión en estar «a favor del Valencia y de los ciudadanos de Riba-Roja, pero no del pelotazo urbanístico». El grupo socialista ha tirado por el camino de en medio y plantea al Valencia y al municipio un nuevo PAI «más sostenible» para el futuro, sin urbanización, pero que satisfaga a los tres acreedores citados. Compromís y Esquerra Unida votaron en contra. Ambas corporaciones, junto a la plataforma Salven Porxinos, rechazan cualquier intervención urbanística en la partida más famosa de Riba-roja. El pleno sirvió también para aprobar la devolución del dinero a aquellos propietarios del pueblo que pagaron por la «cuota cero» y a levantar el embargo al res

Mientras, Tarazona sigue recogiendo información para demostrar al Supremo que existe agua suficiente en la zona, en contra del informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, determinante en la sentencia del TSJ.