El Ayuntamiento de Riba-roja pondrá en marcha hoy una investigación para tratar de determinar los gastos ocasionados por el fallido Programa de Actuación Integrada (PAI) de la partida de Porxinos, donde el Valencia tenía previsto construir su futura ciudad deportiva junto a una urbanización con 2.700 viviendas. Una operación ideada en 2005 y que fue calificada por el entonces presidente de la entidad, Juan Soler, de «pelotazo» urbanístico. Pues bien, 10 años después el consistorio del municipio de Camp de Túria se reúne hoy en un pleno extraordinario para pedir responsabilidades a los implicados en aquel megaproyecto fracasado en los tribunales, pero que ha dejado compromisos económicos de por medio. En la hoja de ruta está ofrecer a la presidenta del club, Layhoon, su participación en esta comisión. Quieren que Peter Lim esté al día ante la posibilidad de que la aparezca un muerto en el armario, cuyo valor en el peor de los casos podría dispararse a 160 millones de euros en un plazo de cinco años, el tiempo que pactó Salvo con los actuales propietarios del suelo para no acudir a los tribunales.

El primer punto de la orden del día no es otro que el acatamiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado 17 de junio anulaba el PAI refrendando la decisión tomada por el TSJ de la Comunitat Valenciana. Una vez considerada la anulación del plan así como del proyecto de reparcelación del sector, el ayuntamiento dejará sin efecto el convenio suscrito en 2005 con el Valencia y con Litoral del Este „empresa que compró los terrenos y los revendió a la inmobiliaria Nozar„, por el que se establecieron las bases para el desarrollo del programa. Esto significa, en términos coloquiales, que cualquier tramitación un nuevo PAI necesaria negociarse desde cero. Hay firmada una penalización de 7 millones de euros por parte del Valencia, pero que sólo estaba contemplada en caso de abandonar el municipio en un escenario distinto al actual.

A partir de ahí, el ayuntamiento que ahora dirige el socialista Robert Raga iniciará una investigación para auditar todo lo relacionado con el PAI más famoso de la historia de la comarca del Camp del Túria. En este proyecto urbanístico hay muchos agentes. La operación se gestó entre Juan Soler, Paco Tarazona (exalcalde de Riba-roja) y los exconsellers de Territorio y Vivienda Rafael Blasco y Esteban González Pons.

Fue en septiembre de 2005 cuando Soler, a través de Litoral del Este SL (empresa participada al enteramente por el Valencia) comenzó a comprar terrenos de naranjos en Porxinos. El club invirtió 60 millones de euros en la compra del suelo y pagó 21 millones al ayuntamiento por el acuerdo para la tramitación del PAI. Una primera denuncia del PSOE en primera instancia no prosperó, pero sí que lo hizo la presentada por la plataforma ecologista Salvem Porxinos. Tras ser rechazada en primera instancia, el TSJ le dio la razón por varios motivos. El primero, la falta de recursos hídricos para la urbanización, según recogía un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Con la anulación del PAI, el Valencia puede reclamar los 21 millones que pagó al ayuntamiento, pero el nuevo gobierno municipal ya ha dejado claro que no devolverá ni un solo euro.

Pero el problema más grave viene por parte de los actuales propietarios de los terrenos, los tres bancos que se los quedaron en propiedad tras quebrar la inmobiliaria Nozar. Estos pueden exigir la devolución de 160 millones que pagaron por un suelo recalificado que ahora vuelve a ser rústico.