El acuerdo entre Mónaco y Valencia para transferir al jugador tunecino Aymen Abdennour por 21,8 millones de euros fue divulgado hoy por el portal "Football Leaks", que revela las cláusulas del contrato.

La web, cuyos impulsores se mantienen en el anonimato -apenas se sabe que son portugueses y que utilizan servidores rusos-, publicó un documento fechado el 28 de agosto de 2015 con la firma de todos los implicados.

En este contrato, que incluye desde números de cuenta hasta datos personales de las partes, se especifican los plazos de los pagos: de 6,8 millones el primero y de 5 millones los siguientes, que se prolongarán hasta el 31 de diciembre de 2016.

Además, ambos clubes acordaron que el Valencia pagará 6,8 millones de euros al Mónaco si el jugador es transferido a otro equipo por un valor superior a 26,8 millones.

"Football Leaks" ha divulgado documentación durante las últimas semanas referente a más de una docena de operaciones realizadas por equipos y jugadores de la Liga Española.

De hecho, recientemente filtró también papeles sobre la operación que llevó al portugués André Gomes al club che.

Concretamente, publicó un contrato de cesión firmado en verano de 2014 -en el que se refleja que el Valencia no debía pagar nada a los lisboetas pero se hacía cargo del 100 % del salario del futbolista- y el acuerdo alcanzado un año más tarde para cerrar su fichaje por 15 millones de euros.

Además, divulgó igualmente una adenda pactada por Valencia y Benfica apenas unos días más tarde en la que acordaban retrasar dos meses la fecha en la que el conjunto español debía hacer efectivos los pagos, que pasaron así de julio de 2015 a septiembre del mismo año.

Los lisboetas informaron de la operación de André Gomes ya en enero de 2014, aunque entonces el comprador era la sociedad "Meriton Capital Limited", controlada el millonario de Singapur Peter Lim, hoy dueño del Valencia.

Los impulsores del portal "Football Leaks" dicen que su objetivo es favorecer la transparencia en el mundo del fútbol, frente a quienes les acusan de haber accedido a los papeles a través de ataques informáticos e incluso de intentar chantajear a los afectados.