Riba-roja de Túria no pagará los 25 millones de euros que exige el Valencia por la anulación del PAI, decretada en sentencia por el Tribunal Supremo en junio del pasado año. Así lo ha anunciado hoy el consistorio, que considera que se ha cumplido "escrupulosamente" el convenio firmado entre ambas partes en el año 2005 y que se están ejecutando todos los acuerdos plenarios que se firmaron en su día. El nuevo plan está a la espera de que la Conselleria de Medio Ambiente se pronuncie sobre la viabilidad ambiental y técnica.
El gobierno local estima que los 25 millones que aportó Litoral del Este -empresa creada por el Valencia para llevar a cabo la operación- para aprobar el convenio "se aportaron voluntariamente por la empresa a su riesgo y ventura, se vinculan únicamente a la tramitación del PAI de Porxinos y se abonaron cuando se aprobó definitivamente por parte de la Generalitat".
Además, en el convenio oficial rubricado no consta una cláusula que disponga el reintegro de las cantidades cobradas en caso de que los tribunales anulen el plan urbanístico.
El actual equipo de gobierno de Riba-roja de Túria estima que en todo caso "deberá ser la Justicia la que se pronuncie sobre la obligación o no de que el ayuntamiento devuelvan los 25 millones aportados para llevar a cabo esta operación urbanística.
Desde Riba-roja se recuerda que esta cantidad se debía destinar para realizar diversas actuaciones de interés público en el municipio y que en principio, "la intención inicial es la de no atender esta petición" del Valencia.
Sin embargo, el actual gobierno considera que existen "serias dudas" sobre el destino de los 25 millones de euros que el Valencia aportó para diversas obras y proyectos de utilidad pública.
El ayuntamiento asegura que "ni se construyó un nuevo centro de salud en el casco urbano para ofrecer atención ante el crecimiento poblacional de los últimos años ni tampoco se ha llevado soterrado el metro al centro del casco urbano como se prometió", cuestiones que creen que debería responder el anterior equipo de gobierno del Partido Popular.
En el comunicado se asegura que únicamente se llevó a cabo la rehabilitación del molino junto al río Túria y las mejoras en la piscina mientras las otras dos actuaciones no aparecen.
Riba-roja recuerda que el agente urbanizador "renunciaba a la indemnización por la anulación del PAI si se tramitaba un nuevo programa y por ello el criterio del ayuntamiento pasa por no atender la petición del Valencia de que el pleno municipal reconozca el derecho de resarcimiento de la empresa" y subsidiariamente solicita los referidos 25 millones por responsabilidad contractual.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha afirmado que estas peticiones "son la consecuencia de una operación en la que participaron un conseller como Rafael Blasco encarcelado por corrupción, un ex presidente del Valencia que reconoció que la operación fue un pelotazo que reportó 100 millones de euros de beneficio a costa de los vecinos de Riba-roja y el ex alcalde Francisco Tarazona y todos sus concejales que con sus votos autorizaron la operación que se ha convertido en un quebradero de cabeza desde entonces".
En todo caso, el equipo de gobierno sostiene que si finalmente el Ayuntamiento de Riba-roja debe pagar los 25 millones "los deberían aportar los concejales del Partido Popular que dieron luz verde a este pelotazo a pesar de las advertencias repetidas por los partidos que en aquel momento éramos oposición".
En ese sentido, desde el consistorio se recuerda que en aquel entonces, desde la oposición, se solicitó "insistentemente que el dinero entregado por la empresa no se gastase hasta que la justicia se pronunciara al respecto y ahora de aquella partida que dio el Valencia no queda nada".
