El Valencia CF SAD reclama 19,5 millones de euros en concepto de «responsabilidad patrimonial» a la Generalitat Valenciana por la anulación del PAI de Porxinos debido a una sentencia del Tribunal Supremo, que se hizo pública el pasado 17 de junio de 2015. La sociedad perteneciente al magnate singapurense Peter Lim ha presentado una reclamación en la que solicita a la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori la cantidad de 19,461.892,10 euros, como indemnización por los perjuicios derivados de la declaración de nulidad del plan urbanístico de Porxinos, por el alto tribunal español.
El director general Luis Cervera y el consejero delegado Kim Huart Koh del Valencia CF SAD han presentado un requerimiento en nombre de la mercantil Litoral del Este „la empresa del club de Mestalla que iba a urbanizar esta pastilla de terrenos de 1,2 millones de metros cuadrados„ para obtener un resarcimiento económico por la frustada operación inmobiliaria que preveía construir la ciudad deportiva de la entidad blanquinegra y un complejo residencial con miles de viviendas y un campo de golf en esta localidad.
Hace apenas un mes, el Valencia CF también exigió con idéntico razonamiento jurídico otra indemnización de 25 millones de euros al Ayuntamiento de Riba-roja a cuenta de los perjuicios que le ha supuesto la anulación del Plan Porxinos por parte del TSJ y del Supremo. Cabe recordar que la macrourbanización se aprobó en primera instancia por la corporación local, que presidía el popular Francisco Tarazona; pero en segunda instancia, requirió y obtuvo el visto bueno, en aspectos como la declaración medioambiental o el abastecimiento de los recursos hídricos de la zona, de la Generalitat. Tanto el expresidente Francisco Camps como el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, fueron los grandes valedores políticos de esta operación inmobiliaria que fue calificada por el entonces presidente del Valencia, Juan Bautista Soler, en un desliz verbal como «un pelotazo urbanístico». En el expediente abierto por la administración autonómica para determinar si el Valencia CF tiene razón al reclamar estos casi 19,5 millones de euros, la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha pedido al Aytuntamiento de Riba-roja un informe que incluya una valoración de la cuantificación de los daños efectuada por el reclamante. Es decir, si esa cifra es procedente según la documentación, que obra en la localidad valenciana. Además, segun fuentes de toda solvencia, la conselleria se interesa por el grado de participación de la administración local en la tramitación de este plan objeto del conflicto.
Estas reclamaciones del Valencia CF apuntan a una nueva estrategia para lograr que el nuevo Porxinos, que fue presentado por el club en marzo, sea aprobado por la administración autonómica. En estos momentos, la nueva versión del plan urbanístico para la ciudad deportiva y el complejo residencial que lleva aparejado „2.200 viviendas y el campo de golf„ está en estudio para su declaración de impacto ambiental. Eso sí, con un gobierno formado por PSPV y Compromís, que desde el principio nunca vio con buenos ojos este proyecto.
