El próximo 4 de julio se cumple el primer año del anuncio de la pesada contingencia que arrastra el Valencia y que afecta a una gran parte de su planificación deportiva: los 23,3 millones de sanción de la Comisión Europea por la supuesta «ayuda de Estado» recibida en 2009 para que la Fundación accediese al préstamo de Bancaja, avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), con el que pudo completar la ampliación de capital que le convirtió en máxima accionista de la sociedad. Una operación irregular, precipitada ante la amenaza de que Inversiones Dalport se hiciese con el control de la entidad, pero que con el tiempo derivaría en el proceso de venta del club al no poder asumir la Fundación el pago de los intereses del préstamo a la rescatada Bankia. Las consecuencias también han sido políticas, y han recaído en el nuevo gobierno que ocupa la Generalitat Valenciana, y que no tomó parte del plan original.

En la actualidad, el Valencia está a expensas de que el Tribunal de Luxemburgo se pronuncie sobre si concede la suspensión cautelar de la sanción, después de que el Tribunal General de la Unión Europea aprobase el 11 de noviembre del año pasado la «cautelarísima», por la que el club conseguía obtener el respaldo judicial necesario para no verse apremiado para pagar, una vez vencida la fecha límite que la Comisión Europea le marcó.

El fallo de Luxemburgo se esperaba para antes de Navidad, pero no se tienen todavía noticias. De momento, el club ha tenido que apartar 23,3 millones que no puede utilizar y que ha condicionado los dos últimos mercados de fichajes, al estrechar considerablemente el margen del «fair play financiero».

El escenario futuro asumido por el Valencia se encamina a tener que afrontar el pago, ya que «nueve de cada diez solicitudes de cautelares son rechazadas en Luxemburgo», reconocen fuentes ejecutivas del club. Por ese motivo, el club trabaja desde hace meses en rebajar una cuantía que considera desproporcionada y, directamente, un acto de «usura» por parte de Competencia. El club defendía que ya había devuelto los 6 millones de euros que debía al IVF, en el momento de la compra del club por parte de Lim, y que el magnate singapurés contaba con recibir una sanción por esta contingencia, pero que a ese efecto se provisionaron 6 millones.

El Valencia ha logrado el respaldo del Consell y del Gobierno estatal para hacer frente común en el recurso. Un apoyo muy trabajado desde los despachos y que no ha sido fácil, dada la fricción técnica que se manifestó en las dos partes para abordar la sanción. Una de las claves es la inflexibilidad de la Comisión Europea en el pago. Bruselas no aceptaría como pago la garantía inmobiliaria del nuevo campo. Es más, el Gobierno valenciano se expondría a sanciones comunitarias si no exigiera de forma inmediata y completa el pago íntegro de la sanción.