Desde que el pasado 15 de abril, cuando fuera investido presidente del Valencia CF, Anil Murthy ha tardado cinco meses en reunirse con el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, a pesar de tener encima de la mesa asuntos capitales para ambos: cómo y cuándo acabar el nuevo estadio de Mestalla, un fantasmagórico solar a medio construir varado en la Avenida de las Cortes valencianas, 10 años después de iniciarse el proyecto y ocho años después de pararse las obras por falta de financiación tras haberse gastado más de 150 millones de euros; y cómo y cuándo derribar el viejo Mestalla, sobre el que pesa una orden de demolición del Tribunal Supremo desde 2006, después de declarar ilegales unas obras acometidas por el club. La entidad sigue, 11 años después, sin poder vender las parcelas recalificadas del viejo Mestalla en 2006 por el Ayuntamiento entonces presidido por Rita Barberá.
Visita protocolaria
Murthy le regaló ayer una camiseta con el nombre del alcalde y este correspondió con el presente de un libro sobre la ciudad. Lo que llaman una visita protocolaria, sin más avances en los espinosos asuntos que les incumben. Sin embargo, el director general del VCF, Mateu Alemany, avanzó el pasado jueves que el club presentará un proyecto sobre el nuevo estadio en la junta de accionistas de noviembre. Desde el Ayuntamiento, la figura jurídica para agilizar los grandes proyectos urbanísticos (ATE, Acción Territorial Urbanística) insta al Valencia a acabar el nuevo campo antes de mayo de 2021. Esa misma ATE obliga al club a derribar su viejo estadio como fecha límite dos años después, en 2023. Para cumplir esos plazos, el VCF debe ponerse en marcha de manera inmediata tras fracasar en el intento de tener listo el recinto en el año del centenario (2019).
Alemany debe actuar
Enfrascado en los asuntos deportivos, el ejecutivo número 1 ha estado muy pendiente de reconstruir la plantilla, junto al técnico Marcelino, pero ha dejado de lado todos los asuntos más complejos desde el punto de vista económico. Su pericia en las negociaciones va a ser muy necesaria. En los próximos meses, el club deberá afrontar pagos gravosos e ineludibles.
Reducir la multa de la CE a 10
Después de tres años pagando intereses, el VCF debe abonar en junio un primer plazo de cerca de 20 millones de los préstamos de Bankia. A eso hay que añadir la más que probable confirmación de la multa de 25 millones impuesta por la Comisión Europa (al enteder Bruselas que la entidad de Mestalla vulneró la libre competencia en el préstamo avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas de 72 millones en 2009 para comprar acciones), pendiente ahora de una cautelar solicitada por el club. En este asunto, sin embargo, el VCF confía en el apoyo del presidente de la Generalita, Ximo Puig, para reducir la multa a unos 10 millones de euros.
Porxinos, otro plan abortado
El Valencia parece desentenderse definitivamente del plan de construir una nueva ciudad deportiva en el término de Porxino, en Riba-roja, después de fracasar en sus dos intentos urbanísticos. Sus dos proyectos han sido desechados tanto en los tribunales como en las administraciones autonómicas. Otra idea del expresidente Juan Soler que se va al traste.
El Valencia se ve obligado a desembolsar cerca de 20 millones a los bancos propietarios de los terrenos, mientras sigue su curso la demanda presentada por el club contra el Ayuntamiento de la localidad y contra la Generalitat valenciana, en la que les reclaman 25 millones a cada una de las administraciones por los daños y perjuicios de este proyecto urbanístico abortado frente a los intereses del club. El proceso juridico se alargará varios años.
