«Usted, señor Lim, es rico, está en la revista Forbes y puede asumir la multa». Ese el sentido del auto del Tribunal de Luxemburgo que rechaza la cautelar pedida por el Valencia contra la multa de 23.3 millones impuesta por la Comisión Europea por supuestas ayudas de Estado a un préstamo de Bankia a la Fundación del VCF, de 94 millones, avalado en 2009 por la Generalitat.

La sentencia no entra en el tema central: ¿por qué debe pagar el VCF las ventajas de un aval del que salieron beneficiados la Fundación y el propio Lim (que pudo comprar más barato el club)? En uno de sus 58 puntos, la resolución riñe al demandante (el VCF), por omitir, en su argumentación sobre su situación financiera, «las líneas de crédito disponibles [del dueño al club] hasta un máximo de 54 millones». «El demandante disponía de dos líneas de crédito de su principal accionista, la primera de 12 millones y la segunda de 42», añade.

El presidente el Tribunal cuestiona que la sanción de Bruselas ponga en peligro la estabilidad financiera del Valencia CF y recuerda que Lim acordó en su día «proporcionar el apoyo financiero necesario para garantizar a la Sociedad (sic) continuar con sus operaciones bajo el principio de empresa en funcionamiento». La resolución destaca la contradicción del dueño: si en las últimas asambleas de accionistas presumió de haber dotado de estabilidad financiera al club, ahora no puede tratar de demostrar lo contrario.

En esa línea, la sentencia pone en entredicho las dificultades del accionista mayoritario para acceder a líneas de crédito. El auto aventura que el pago de la multa no entrañaría «repercusiones muy graves sobre su capacidad para cerrar traspasos de jugadores y sobre su posición en el mercado de clubes de de referencia». A resultas, el Tribunal decide «desestimar la demanda de medidas provisionales». La multa, impuesta en noviembre de 2016, ya alcanza 23,4 millones y sigue creciendo, por los intereses, mientras se alarga el proceso con recursos.