Al Valencia CF solo le queda cruzar los dedos para ganar el recurso de nulidad y evitar así el pago de los 24 millones de euros de la sanción impuesta el 3 de julio de 2016 por supuestas ayudas de Estado por parte de la Comisión de Competencia de la Unión Europea. El procedimiento de pago de la multa se ha reabierto después de que el Alto Tribunal de Justicia comunitario negase al club de Mestalla la cautelar, ya tumbada en marzo y que había sido apelada, para retrasar dicho pago. Una medida que deja al Valencia CF expuesto, ya que también diluye la cautelarísima, y se queda sin ningún dique ante el Instituto Valenciano de Finanzas, que, aunque siga ejerciendo de mediador y se posicione a favor del club, será la entidad receptora de los 24 millones.

En el corto plazo, al club presidido por Anil Murthy se le presenta la obligación de garantizar el pago de la multa. El IVF, como ha recordado en reiteradas ocasiones su director Manuel Illueca, solo puede aceptar el pago en metálico y de manera inmediata ya que se expondría al Reino de España a nuevas sanciones comunitarias. La UE es inflexible en la exigencia del pago por lo que quedan descartadas garantías que llegó a sugerir el club, basándose en las leyes de cobro españolas, como los derechos televisivos o del suelo del futuro estadio.

El impacto en la economía del Valencia es importante y afecta de lleno a la planificación deportiva de cara al mercado de invierno de fichajes. El club, no obstante, ha provisionado en el apartado de pérdidas la cuantía de la sanción y dispone de la línea de crédito abierta por el máximo accionista Peter Lim. Una ventana de urgencia de la que el club ya ha usado 26 millones y cuya devolución (con 1'4 millones añadidos de intereses) ya ha sido aplazada indefinidamente por el máximo accionista.

De momento, no hay establecido un calendario de pagos. El IVF tiene previsto reunirse la próxima semana con la Comisión de Competencia para abordar la situación. El organismo lamentaba la decisión de la instancia judicial europea y, en consonancia con la opinión del club, «la demora del recurso de anulación interpuesto por el Valencia CF hace ya más de dos años y que fue coadyuvado por la Generalitat». Además, el IVF profundizará las conversaciones con el Valencia para garantizar la interlocución y su seguridad jurídica. La postura del gobierno valenciano ha sido de colaboración y comprensión con el Valencia CF. Como Illueca recordaba el pasado mes de marzo, «el Valencia CF ha devuelto los 71 millones y el patrimonio de los valencianos no se ha visto afectado». Cada paso del IVF en este asunto ha sido cuidadoso, hasta en su discurso. Por ejemplo, no se cargaron tintas contra la herencia recibida por el anterior gobierno del Partido Popular, ya que podría haberse interpretado como un reconocimiento implícito de la supuesta ayuda de Estado.

El Valencia CF insistió, a través de un comunicado oficial, en que no recibió ayudas públicas ilegales. «la decisión de la Comisión de julio de 2016 es contraria a derecho, pues el Club no recibió ayudas públicas ilegales o incompatibles con las normas de la competencia europea. El Valencia CF lamenta que el procedimiento principal «siga demorado», después de que se interpusiera el recurso el 20 de octubre de 2016 y aún no se conozca «cuándo se dictara sentencia». El club no escondió su malestar al considerar que «si bien el Juez del Alto tribunal de la UE declara que el Valencia CF tiene derecho a interponer el recurso de casación, sorprende que el Juez no haya apreciado la existencia de urgencia de la situación del club si tiene que hacer frente al pago del importe reclamado». Por último, confirmó que se retomarán los «contactos oportunos» con el IVF y se continuará ejerciendo el «derecho de defensa» y se procederá «en consecuencia ante todas las instancias».

El origen de la multa está en el aval concedido en 2009 por el IVF a la Fundación del club para poder acceder al préstamo de Bankia de 75 millones (ampliados a 81) con el que se obtuvo la mayoría accionarial del club.