Libertad VCF, asociación que encadena ocho meses haciendo oposición a la gestión de Meriton, continúa con paso firme en su objetivo de provocar un «cambio beneficioso» en la propiedad del Valencia CF. Testamos el estado del proceso con dos de sus responsables, David Núñez, encargado del área jurídica, y Dionisio Canales, especialista en la parte económica. Mientras la demanda contra tres de los acuerdos del Consejo de administración del club anunciados en la Junta General de accionistas se mantiene a la espera de la defensa que pueda hacer Meriton y de una resolución judicial, Libertad VCF anima a la «unión» del valencianismo con dos caminos por delante: uno hacia el 5% de las acciones, el otro hacia la democratización del club.

«Si queremos sacar al Valencia de donde está, esto es cosa de todos, del valencianismo de base, del mismo que nació Libertad VCF. A los que tienen una acción, dos, 11 o 20, les pedimos que las saquen de un cajón en el que no hacen nada y las pongan a trabajar jurídicamente para que un dueño no pueda hacer lo que quiera», afirma David Núñez. En estos momentos la asociación ha alcanzado el 22% del objetivo, un 1,2% del trayecto hacia el 5%. «Nos faltan tres cuartas partes por recorrer para tener las máximas garantías que permite la ley con tal de fiscalizar a Meriton», añade. Ese porcentaje del 5%, por ejemplo, serviría para plantear «una acción de responsabilidad social». «Podría imputarse la mala gestión y las pérdidas económicas tendrían una carga personal sobre los gestores y, en segundo caso, sobre el propietario, si se demostrase que las decisiones han sido dirigidas por él como ha quedado patente en algunas declaraciones», explica Núñez.

Hasta ahora, la agrupación del 1% de las acciones valió para llevar a los juzgados de València acciones por parte de la dirección del club que Libertad VCF entiende abusivas contra los accionistas, socios o el interés del propio club. En concreto, el paso de nueve a 3.598 acciones para asistir a la Junta, decidido por la aplastante mayoría accionarial de Lim (83%), además de los incrementos salariales en los cargos directivos desde 2014, que «no va en consonancia con los ingresos, y el autropréstamo del inversor asiático. «Lo que dice FIFA avala nuestra demanda, hay un conflicto claro de intereses entre el propietario y el club con un plazo de devolución de un año que ahoga la tesorería del Valencia», argumenta David Núñez, licenciado en Economía, graduado en Derecho y vicepresidente legal de la asociación que recoge acciones en oposición a la gestión de Lim.

Dionisio Canales, asesor fiscal y diplomado en Ciencias Empresariales, indica que en la temporada 2014/15 «los salarios del Consejo de administración suponían al club un gasto de 477.000 euros, y ahora son 2.700.000». «Poder llegar a ese 5% es sustancial para la solicitud de documentación al Valencia y con esa base trabajar en la observación de irregularidades. Con el 1%, no podemos solicitar más documentación financiera». En la misma demanda la asociación refiere unas pérdidas acumuladas de entorno a 100 millones, según Canales, declarándose «únicamente beneficios, de un millón, en la campaña 18/19 gracias a la triquiñuela de la permuta Cillessen-Neto, declarada en ese balance como beneficio».

En consecuencia con los análisis de las cuentas anuales, para lo que Libertad VCF dispone del plazo de un año, los dirigentes del club habrían cometido irregularidades que dejarían al club en una situación delicada al mismo tiempo que obligarían a Peter Lim a la venta. «Estamos estudiando impugnar las cuentas. Se han pensado que esto es un cortijo, han hecho operaciones que no están claras y que desde el punto de vista contable no serían correctas», incide Canales antes de volver a sacar a colación el trueque Neto-Cillessen, que se separó en presupuestos de distintos cursos. «Eso puede afectar al estado de explotación y al patrimonio neto de la sociedad, que año a año se ha ido reduciendo. Este año hay un presupuesto con pérdidas de 26 millones, si no venden jugadores que den beneficios, el Valencia entraría en causa de disolución... Si hay irregularidades en el cómputo de algún ingreso o han activado el crédito fiscal o alguna otra circunstancia, el club quedaría en un estado complicado, Lim se vería obligado a la venta, como va a tener que ser», dice.

Para el especialista económico de Libertad VCF, el periodo de la etapa Meriton es «peor que un desastre». Hoy la deuda de la entidad se sitúa en 414 millones de euros. «Desde la 14/15 el endeudamiento ha aumentado en 99 millones. Tuvo que capitalizar 100 y Bankia le hizo una quita de 61. El Valencia, en total, se ha endeudado en 260 millones de más. Se decía: «menos mal que ha capitalizado...». Si no tenía otra, si no lo hacía entraba en concurso sin poder pagar a sus acreedores ni a los bancos, que es lo más importante... Podría solicitar la causa de disolución», argumenta Canales, que alerta de que el patrimonio neto «ha descendido en 13 millones» desde la aparición de Meriton a finales de 2014