La investigación abierta por la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana por el presunto uso de información privilegiada en la compra de las parcelas del Valencia CF en el término municipal de Llíria en 2006, dentro de la operación del PAI de Porxinos, desvelada el pasado domingo por Levante-EMV, ya ha traído sus primeras consecuencias. Según pudo saber este periódico, el ayuntamiento de Riba-roja, localidad en la que iba a ubicarse la ciudad deportiva del club de Mestalla, ha decidido reiniciar la comisión de investigación para esclarecer todos los detalles de la operación, que fue tumbada en 2015 por el Tribunal Supremo.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, comunicó ayer a todos los portavoces de los grupos políticos con representación en el consistorio, que ante las nuevas informaciones aparecidas respecto a las inversiones de Litoral del Este -agente promotor del Valencia CF- en Llíria, que han motivado el caso abierto por Antifraude, el ayuntamiento de la localidad retomará los trabajos para esclarecer todas las actuaciones vinculadas al PAI. Tanto la operación del Valencia CF en el Coto de Izquierdo de Llíria, como las otras declaraciones que quedaron pendientes desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

Antifraude analiza si hubo uso de información privilegiada en la adquisición de los casi 800.000 metros cuadrados de fincas en 2006 por parte de la mercantil Desarrollos Euromediterráneos (que tenía al ciudadano suizo Daniel Steiner como administrador), y que al cabo de dos meses, el 15 de marzo de ese año, se revendieron al Valencia CF, con una elevada plusvalía generada por el proceso reclasificatorio vinculado al PAI de Porxinos. Fue de ese modo como las parcelas del Coto de Izquierdo, de bosque bajo, matorrales y cultivos de secano abandonados, sin expectativa urbanística alguna y con un valor inferior a 1 euro el metro cuadrado, pasaron al Valencia por 8.920.052,64 euros. Esos terrenos, en cumplimiento de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, debían ser donados por el club de Mestalla a la Generalitat a cambio de poder reclasificar Porxinos. Sin embargo, pese a que en Llíria consta que desde 2012 esos terrenos pertenecen a la Generalitat, ésta nunca ha llegado a aceptar su titularidad. Desde el ayuntamiento de Llíria se ha emplazado al Valencia a que clarifique si sigue ostentando la propiedad de ese suelo, a fin de que contribuya a su protección y mantenimiento.

Otro de los puntos por averiguar es por qué los terrenos del Coto de Izquierdo incluyen dos terceras partes de los 1’23 millones de metros cuadrados totales que el Valencia debía donar a la Generalitat. Alejado a más de 10 kilómetros, esa extensión de suelo no cumplía el principio de proximidad geográfica de pertenecer al ámbito del paraje natural del Túria, tal como especificaba el acuerdo entre el Valencia y Riba-roja de 2005 y como contemplaba la propia ‘ley Blasco’.

El PAI de la ciudad deportiva de Porxinos fue ideado en 2005 por el entonces presidente del Valencia, Juan Soler, e incluía la construcción de un total de 3.500 viviendas que finalmente quedaron rebajadas a 2.800. Resultó inviable, después de que desde Salvem Porxinos se denunciase, como confirmaron los tribunales, que el plan atentaba contra el entorno y quedó comprobada la falta de agua para el abastecimiento de la urbanización. A través de Litoral del Este, agente urbanizador creado a tal efecto, el Valencia compró por 60 millones los terrenos de la ciudad deportiva que nunca tendría lugar. A los pocos meses, el club vendió el suelo por 160 millones a Nozar, que con su quiebra pasó a manos de los bancos. El PAI primero quedó paralizado con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y quedó rematado con el fallo definitivo del Tribunal Supremo en 2015. El Valencia reclamó los 25 millones a Riba-roja y otros 20 a la Generalitat Valenciana.