El futuro del Valencia no se juega únicamente en el terreno de juego, sino que ha pasado también a los juzgados. Ayer tuvo lugar el primer asalto entre la asociación Libertad VCF y Meriton Holdings, la empresa que posee la mayoría accionarial del Valencia. A la espera del juicio, el próximo mes de octubre, el colectivo, representante del 1’5% de las acciones de la sociedad, reclamó la intervención judicial de la entidad de Mestalla y presentó su petición de medidas cautelares sobre la demanda que interpusieron el pasado 10 de enero (ampliada el 7 de febrero) contra tres de los acuerdos acuerdos tomados por el Valencia en la última junta de accionistas. Por una parte, el aumento de las retribuciones de Anil Murthy y Joey Lim, por otro el aumento de las acciones (de 11 a 3598) para poder estar representado en una asamblea. Y por último el préstamo de 16,5 millones de Peter Lim y que tiene como garantía los derechos económicos de cuatro jugadores de la primera plantilla.

En el plazo aproximado de cinco días hábiles, el juez Salvador Vilata deberá decidir si aplica las medidas cautelares o espera a la celebración del juicio.

En una vista marcada por momentos de tensión dialéctica, Libertad VCF defendió su petición de medidas cautelares e intervención judicial ante las posibles decisiones que pueda tomar Meriton en la gestión del club y que podrían afectar directamente a algunos de los asuntos denunciados y que podrían supone «un perjuicio para la entidad». Ese supuesto se daría en el caso de que la posible venta de algunos de los futbolistas cuyos derechos están pignorados, fuera destinada a satisfacer la devolución del préstamo. No obstante, el máximo accionista ya ha decidido prorrogar el cobro de la primera cuota de 15 millones del otro préstamos, de 38 millones de euros, sobre el que también pesa la garantía de otros cuatro jugadores de la primera plantilla.

En la vista, que se extendió durante casi dos horas, el abogado del Valencia justificó en la consecución de la Copa del Rey de 2019 la decisión del aumento de sueldo de los directivos con capacidad ejecutiva, Murthy y Joey Lim, en el 1% del presupuesto. Desde el Valencia se comparó con las retribuciones del 1% y del 2% que perciben los consejeros del Sevilla y del Atlético de Madrid. Una apreciación contestada por José Garrido, letrado de Libertad VCF, que recordó que el Sevilla «reparte entre 12 consejeros» y que en el Atlético Miguel Ángel Gil Marín «avala con sus bienes los préstamos de la entidad».

Por otro lado, el Valencia defendió el aumento del número de acciones que dan derecho a asistir a la junta en la adaptación a la transición digital y a las nuevas medidas tecnológicas derivadas de la pandemia. Además, se afirmó que esa postura era beneficiosa «para el interés social del Valencia» y se recordó que clubes como el Málaga y el Granada han optado por medidas similares. Un extremo que causa perplejidad en Libertad VCF, que entienden que si algo garantizan las comparecencias telemáticas es la presencia segura de todos los accionistas.

Por lo que respecta al préstamo de 16,5 millones de Peter Lim, el letrado del Valencia recalcó que las condiciones eran muy ventajosas para el club, y que en los préstamos financieros a la entidad se le han pignorado derechos de televisión, de jugadores o de taquilla.

Desde Libertad VCF lamentaron la «agresividad» del abogado contratado por el club, al que achacaron «las formas de Meriton» y su insistencia reiterada en negar la legitimidad a la asociación para presentar esta demanda. Además, destacaron que el juez, pese a los recursos del abogado del club, admitió las pruebas que presentaron para confirmar que cumplen los requisitos necesarios para haber planteado esta demanda.